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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió al pedido que le hizo el presidente Gustavo Petro el sábado, durante el “plazoletazo” en Medellín, de hacer una visita a la cárcel de Itaguí y explorar cuáles serían los beneficios jurídicos de cara al diálogo que se lleva con las bandas criminales de la ciudad.
El Jefe de Estado dijo que el objetivo sería buscar posibilidades jurídicas a cambio de la “dejación completa y definitiva de las armas”.
“Queremos que la Fiscalía vaya a la cárcel. Yo mismo voy a ir, que me acompañe. Vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios y de la extorsión y la ayuda al ‘traqueteo’”, señaló el mandatario el sábado.
La fiscal Camargo estuvo el martes justamente en Medellín en una de las visitas semanales que hacen a las direcciones seccionales de la entidad.
Aunque la rueda de prensa fue sobre los avances de la investigación en el caso del atentado contra Miguel Uribe, varios periodistas le preguntaron a la fiscal sobre la propuesta de Petro de ir con ella a la cárcel de Itagüí. Sobre ello, la fiscal Camargo afirmó que esa entidad sí está examinando la propuesta del presidente Petro y que sí tiene interés en participar.
“Desde la Fiscalía, estamos examinando esa petición que hace el presidente de que nosotros participemos en esas mesas que se llevan a cabo. Lo estamos haciendo porque estamos hablando de que estas personas que se someten a la justicia lo deben hacer en términos del reconocimiento de las conductas punibles que ellos cometen y de cómo desmantelar las estructuras y eso es un tema que atañe directamente a la Fiscalía", dijo Camargo.
Y agregó: “Por supuesto que sí, nosotros tenemos interés probablemente en participar. El cómo es lo que hay que definir seguramente con el ministro de Justicia, quien ya también me ha manifestado su intención sobre el tema de nuestra participación y con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que es quien dirige estos diálogos”, afirmó.
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Además, dijo que está contemplado en la ley de paz total el componente de sometimiento y que, en principio, ninguna de las personas que están en las cárceles podrían acogerse a ellas porque ya están condenadas.
“El tema es mucho más complejo, por supuesto, porque lo que es una realidad y que nadie puede negar es que estas estructuras muchas veces siguen siendo manejadas desde las personas que están al interior de las cárceles. Y no sería un fenómeno exclusivo de Medellín, sino que es un fenómeno que se hace extensivo al Valle del Cauca, que lo tenemos presente también en Nariño. Es decir, eso es un fenómeno real y también es un fenómeno real que desde los centros carcelarios se delimita”, explicó.
Una de las grandes críticas que ha tenido el espacio de diálogo con las bandas criminales, no solo las de Medellín sino también las de Buenaventura y Quibdó, ha sido la deuda de un marco jurídico que sirva como hoja de ruta para el sometimiento de las estructuras armadas.
La senadora Isabel Zuleta, quien además es la coordinadora del Gobierno en el diálogo con las bandas, dijo que hay una fecha concreta para la vista de la fiscal a la cárcel de Itagüí, pero es un compromiso en el que ya se está trabajando.
“El presidente va a venir a la cárcel de Itagüí con la fiscal para saber hasta donde alcanza el marco jurídico actual y saber qué hace falta (...) Hay que recordar la historia. No vengan a decirnos que este proceso no se puede desarrollar sin marco jurídico. Esas premisas se construyen en el camino”, afirmó.
Tanto la petición a la fiscal, como la presencia en la misma tarima donde estaba Petro de nueve jefes de bandas como condenados por graves delitos y aún bajo investigación judicial— provocó controversia en sectores políticos, organizaciones de víctimas y autoridades locales.
Jorge Mantilla, experto en crimen y seguridad, le dijo a este diario, que tanto ese hecho como la ubicación del evento -en La Alpujarra, centro del poder de la capital antioqueña- sí fue un “desafío” para los mandatarios locales “que han librado una guerra tan fuerte contra estas bandas”.
“Hay dos mensajes. Queda en el aire esa normalización del poder de los cabecillas y de las bandas en Medellín y como una suerte de blanqueamiento de su figura pública que tiende a minimizar el daño que hicieron. El otro es la percepción de impunidad que queda que unos cabecillas condenados puedan asistir a unos eventos de esto que pareciera que se les tuvieran tratamiento preferencial en unas negociaciones informales que aún no tienen avances y que contribuyen a la polarización”, explicó.
El presidente defendió la presencia de los jefes criminales
El presidente se refirió también a la polémica por la presencia de los cabecillas. Lo hizo durante el consejo de ministros que se llevó a cabo el martes en la noche, donde dijo que no había subido a “delincuentes”, sino a personas que están en tránsito a la rehabilitación.
“Yo no subí delincuentes a las tarimas (...), el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación", dijo.
Y agregó que en Medellín se mostró en público “cómo hacer pactos de paz en los barrios”, por lo que tienen “que ver jurídicamente cómo se maneja el asunto, porque ya [han] llegado a un nivel alto”.
También afirmó que lo que hubo en la plaza fue que “personas en condición de presos” afirmaron estar dispuestos a “restaurar” e “indemnizar” a sus víctimas al abandonar “el panorama de la justicia por venganza, que lleva a más muertos”. Apuntó que esto modelo “ha funcionado medio bien en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.
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