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La solicitud de la Fiscalía frente a la disidencia de las FARC conocida como Estad Mayor de los Bloque y Frente (EMBF) no se limitará solo reactivar la orden de captura contra Calarcá Córdoba. El ente acusador también le pidió al Gobierno a través de un documento oficial hacer lo mismo contra otros tres jefes del Frente 33: Andrey Avendaño, Richard y Jhon Mechas, además de revocar su vocería en el proceso de paz.
La decisión se sustenta en que, pese a su rol como delegados en procesos de paz, estos comandantes habrían seguido dirigiendo estructuras armadas y ordenando acciones violentas en regiones como el Catatumbo.
Los tres ya fueron imputados por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en una oleada de violencia que dejó homicidios, reclutamiento de menores y desplazamientos masivos en esa región del país.
Fuentes cercanas a la mesa le confirmaron a a Colombia+20 que fiscal se ha reunido en tres ocasiones las últimas dos semanas con la jefa de la delegación de Gobierno en esa mesa, Gloria Quiceno y representantes de la Oficina del Consejero Comisionado de paz para evaluar la petición de la Fiscalía. La última de esas reuniones se dio este lunes 6 de abril.
El Gobierno habría pedido un plazo de 10 días para hacer consultas sobre la situación jurídica de estos jefes disidentes.
Según el ente acusador, los jefes del Frente 33 habrían ordenado a sus estructuras “tomar el control territorial absoluto” mediante el uso de armas y economías ilícitas, en medio de la confrontación con el ELN.
Aunque actualmente no han sido capturados debido a la suspensión de órdenes vigente en el marco de los diálogos de paz, la Fiscalía ya había advertido que evalúa levantar ese beneficio ante la gravedad de los hechos investigados.
La movida se suma al caso de Calarcá Córdoba, también señalado de mantener control criminal y de articular acciones armadas en varias regiones del país mientras participaba como vocero.
En entrevista este martes con Caracol Radio, la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró Calarcá habría cometido delitos de lesa humanidad cometidos siendo delegado en la mesa de paz. “En este caso de ‘Calarcá’ estábamos diciendo que debería suspenderse ya la orden de captura y encontramos cierta razonabilidad en ese argumento. La situación es muy parecida y creo que la Fiscalía debe tener una línea de conducta similar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es muy rápidamente buscar esa fecha de audiencia para hacer esta imputación”, dijo la fiscal.
De hecho, organismos como la Defensoría del Pueblo ya habían advertido sobre la necesidad de revisar la suspensión de órdenes de captura contra estos mismos jefes —incluidos Mechas, Andrey y Richard— por el incumplimiento de compromisos y el impacto directo sobre la población civil.
El eventual levantamiento de estos beneficios marcaría un punto de quiebre en la política de negociación con las disidencias, en un contexto en el que crecen las evidencias de que varios de sus voceros han mantenido —o incluso intensificado— su accionar armado.
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