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Raúl Ávila, es dirigente de la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios Ambientales de los Llanos del Yarí, Corpoayarí, de San Vicente del Caguán. Lleva tres décadas de liderazgo entre el campesinado de esta zona del país reclamando al Estado reivindicaciones sobre el ordenamiento del territorio, la propiedad de la tierra para los colonos que históricamente han ocupado estas sabanas, los derechos de los campesinos y los proyectos productivos sostenibles.
Durante los últimos meses ha encabezado la representación de las organizaciones sociales ante la delegación del gobierno en la negociación con las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC para tramitar la creación de nuevas zonas de reserva campesina, la titulación de baldíos a los campesinos y otras obras que hacen parte de las transformaciones territoriales. En diálogo con Colombia+20 de El Espectador explica sus reclamos al Estado y pide que continúe el cese al fuego con este grupo guerrillero.
¿De qué se trata la solicitud de los dirigentes campesinos de crear nuevas Zonas de Reserva Campesina en San Vicente del Caguán?
Es un tema que se viene impulsando desde la mesa de diálogo. Hay dos bloques que se están trabajando. Uno llamado Yarí - Losada y el otro llamado Yarí -Caguán para la conformación de dos Zonas de Reserva Campesina.
¿Por qué insisten las organizaciones campesinas de San Vicente del Caguán en la creación de Zonas de Reserva Campesina?
Lo que se está buscando con la creación de estas Zonas de Reserva Campesina es poderle brindar alguna alternativa a ese campesinado que está ahí para minimizar la problemática que hay en temas ambientales y en temas de derechos sobre la tierra, ya que nos encontramos ubicados en el área de manejo especial de la Macarena. Queremos que este sea un distrito para la producción, pero necesitamos que nos titulen las tierras y poder adelantar todos estos procesos con la Agencia Nacional de Tierras. La creación de la Zona de Reserva Campesina nos daría reconocimiento y más derechos sobre la tierra, sobre la economía y sobre lo que se está planteando en términos de desarrollo sostenible.
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Estas son apuestas históricas del campesinado. Han sido propuestas que se han venido presentando al gobierno y una parte de esas peticiones está en los acuerdos del paro del 2021 de Altamira. El gobierno tiene la obligación de atender esas rutas. Es decir, que la creación de esa Zona de Reserva Campesina que llamamos Losada - Yari es una reivindicación pendiente de cumplir por parte del Estado desde 2021. Y se ratificó en el acuerdo que hicimos en Los Pozos. También está pendiente el tema de parques, que fue una ruta de trabajo que se acordó para ir avanzando en una solución a las familias que se encuentran en territorio de parques. En eso no se ha avanzado tampoco.
¿Cuáles eran los compromisos en ese punto de parques?
El gobierno debe generar asambleas internas para entrar en diálogo con las familias, los procesos sociales, las comunidades, para entre todos buscar un acuerdo de cómo vivir en el parque, cómo cuidar el territorio y crear una política que le dé garantías al campesinado para poder subsistir ahí.
¿Es decir, esos proyectos de transformación territorial, como los ha llamado el gobierno, en torno a la mesa de diálogo, en realidad son el cumplimiento de promesas atrasadas?
Una parte sí, porque nosotros hemos tenido muchos acuerdos con distintos gobiernos que nunca se han materializado. Por ejemplo, el tema de la formalización de la tierra, las garantías de la tierra del campesinado, pues esa ha sido una de las discusiones que siempre se han abordado en los acuerdos. Lo que se planteó ahora en esas transformaciones territoriales es el diseño de unos polígonos para hacer planes piloto y avanzar con proyectos que realmente brinden garantías y den desarrollo para los territorios. Son dos: uno hacia la margen izquierda del río Caguán y el otro territorio hacia el lado de Puerto Rico, Meta.
¿Qué tipo de proyectos se necesitarían en las ZRC?
Queremos focalizarnos en términos ambientales, pues nos encontramos ubicados dentro de un corredor biológico que conecta el Parque Tinigüa con el Parque Chiribiquete. Hay una apuesta de trabajar sobre ganadería sostenible y para eso hay que hacer un ordenamiento del territorio. En términos sociales, lo que tiene que ver con lo comunitario pues tener garantizada la educación, atención en salud y mejorar la infraestructura. También se está trabajando sobre el turismo, miel de abejas. Hay varias iniciativas para un plan de desarrollo, un plan de vida para unas 3.000 familias campesinas, aunque también hay indígenas; en total son unas 50 veredas.
¿Y ustedes creen que la conformación de la ZRC se alcanza a hacer antes de que termine este gobierno?
Si hay voluntad política del gobierno, se alcanza. Es que nunca ha habido voluntad, porque estas zonas han sido estigmatizadas. Ya se están haciendo los trámites ante la Agencia Nacional de Tierras para que se emita la resolución de inicio. La mesa ha ayudado a impulsar, pero no depende de la mesa ni del grupo armado, por eso estamos ahí los procesos sociales. La guerra se ha generado por falta de atención. Las Farc han dicho que si se dan las soluciones, no hay necesidad de que ellos estén en armas. Por eso insistimos en que avancemos con la entrega de tierras.
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El otro acuerdo que salió de Los Pozos y en el que también vemos incumplimiento de parte del gobierno es la pavimentación de la vía de San Vicente a Los Pozos (42 km). En el acuerdo quedó muy claro que arrancaban pavimentando los primeros 10 kilómetros y paralelamente terminaban con los estudios y diseños para periódicamente ir pavimentando de a 10 kilómetros por año hasta llegar a Las Delicias. Eso es lo que está establecido el acuerdo. En los seguimientos que hicimos nos informaron que el gobierno destinó unos recursos con un contratista para avanzar con eso. Son alrededor de 18.000 millones de pesos, pero hoy lo que nos dicen es que los recursos se acabaron y no se hizo nada.
¿Ni siquiera han empezado las obras?
Primero nos hablaron de 10 kilómetros; después nos hablaron de que ya no eran 10, sino 5; y en la última reunión en San Vicente, hablaron de que lo que iban a pavimentar eran 2.8 km. Arrancaron haciendo algunas obras ahí el año pasado, pero ahorita lo que nos informan es que el contratista se levantó y se fue porque ya los recursos se acabaron. Y de la pavimentación no hay nada. Está pendiente una reunión con el ministerio del Interior que es el encargado de ese acuerdo. Está establecido hacer un seguimiento. En la última reunión en Bogotá el gobierno dijo que iban a priorizar lo que realmente alcancen a cumplir en este gobierno.
¿Cuántas hectáreas aspiran que tenga la ZRC en el Caguán Yarí?
Con los dos procesos que hemos llevado de socialización, eso está alrededor de unas 180.000 hectáreas.
¿Por qué es importante para ustedes tener una zona de reserva campesina?
Es la figura que tenemos el campesinado en Colombia reglamentada por la ley 160 de 1994 para garantizar la permanencia en el territorio. Eso le debe dar garantía al campesinado en temas de formalización de la tenencia de la tierra. Además, la ZRC tiene la posibilidad de crear su propio plan de desarrollo. Y tercero, porque sería un ente territorial que tendría muchas posibilidades de obtener proyectos y recursos para el avance de proyectos de desarrollo, de producción y economía. Y todo lo que tiene que ver con lo social y cultural.
Para conformar la ZRC se tiene que trabajar alrededor de varios pasos que nos lleva a ordenar el territorio en términos productivos y ambientales. Además, tenemos la posibilidad de construir nuestra propia unidad agrícola familiar. Y lo que quede aprobado dentro del plan de desarrollo sería de obligatorio cumplimiento para el gobierno.
¿Por qué el grupo armado incluyó estas peticiones en la mesa?
Los incumplimientos de los gobiernos es lo que ha generado que haya gente en armas. Entonces ellos dicen: en el momento que el gobierno vaya dando soluciones al conflicto social pues se va acabando también el argumento de que haya hombres empuñando armas. Entonces, lo que han planteado al gobierno es: vayamos avanzando. Vamos entregándole la tierra al campesino, que realmente se vea la atención del Estado dentro de los territorios. Si por alguna razón la mesa se rompe, nosotros continuaremos el proceso que llevamos con el gobierno nacional. Por eso hoy estamos organizados y esto no es por capricho. Nosotros hoy nos estamos articulando con distintas organizaciones de distintos departamentos. Porque el campesinado ya nos hemos dado cuenta de que para que el Estado atienda lo que le compete, tenemos que estar mucho más unidos y mucho más organizados para poder dar las discusiones.
Por eso es que nos encontramos muchas organizaciones haciendo parte de la Coordinadora Coscoopaz y desde ahí haciendo encuentros y proyectando rutas para el tema de tierras, por ejemplo, o resolver el tema de las familias que se encuentran en áreas protegidas de parques. La propuesta ha sido buscar una solución para las familias del Tinigua, las de Picachos las de Chiribiquete y así sucesivamente hasta donde tengamos el alcance o la cobertura organizativa.
A Coscoopaz se le señala de ser muy cercana o incluso de ser instrumentalizada por las disidencias, ¿qué diría usted al respecto?
Esta conversación la tuve una vez con una funcionaria del Ministerio de Ambiente que fue más radical. Nosotros sabemos que cada vez que los procesos campesinos y sociales toman una iniciativa de organizarse, de plantear temas, pues de una vez nos van a relacionar con el actor armado que se encuentra en el territorio. Y para nadie es un secreto que, por ejemplo, en las zonas de Guaviare, Meta, Caquetá, hay un actor armado que en este caso es las FARC y que ellos hacen control social dentro del territorio. Por lo mismo, una junta de acción comunal o cualquier asociación que hay en el territorio, debe atender llamados del grupo. Y sí, hay que coordinar cosas porque de lo contrario no podría existir. Porque todo se hace por medio del diálogo.
Si soy un dirigente social y tengo que sentarme a discutir un tema con un comandante de la FARC, eso no me hace miembro de las FARC. Nosotros nos hemos sentado a discutir los temas ambientales porque se busca mitigar la deforestación. Eso es lo que hace que muchas veces haya el estigma y que juzguen de que las FARC instrumentalizan a la población.
Sobre eso tiene que haber una conversación porque yo aquí en este momento sería un mentiroso si dijera que uno no se encuentra un guerrillero o que no habla con un guerrillero. Ya eso lo hace cualquier campesino, porque es necesario hacerlo, si no se hace no se podría trabajar.
¿Qué evaluación hace usted de que la mesa sesione en su territorio?
Se han abierto unos espacios para el diálogo. El gobierno no ha sido muy responsable con eso. Nosotros hemos planteado que el cese al fuego bilateral se mantenga, porque eso nos da un alivio a la población campesina. Para nosotros es mucho más crítico una confrontación armada que una mesa y un diálogo.
¿Qué beneficios les ha traído la mesa?
Los ceses al fuego han sido un alivio inmenso dentro de los territorios. Las Farc son un actor ilegal que está en el territorio, pero yo me pongo en los zapatos de las madres, porque los guerrilleros son hijos de muchas mujeres del territorio. Y en un conflicto, en una confrontación son muchos los jóvenes que van cayendo y es mucho el dolor de esas madres. Entonces, un cese bilateral es un alivio para las mamás y las familias que habitan el territorio. Se necesita que el gobierno vaya mostrando más garantías, más voluntad. Por qué entregan los títulos cuando hay una mesa, cuando los pudieron entregar antes. Y uno va viendo que eso ya se va estancando y no avanza. Yo espero que el proceso se mantenga y que concreten cosas más efectivas y llamado a representantes de las Farc para que avancen porque eso nos da garantías.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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