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Tres meses cumplió este lunes la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas sin que el Gobierno oficialice a el o la directora en propiedad. La situación prolonga la interinidad en una de las entidades más sensibles del Estado, en un momento atravesado por cuestionamientos internos y tensiones políticas.
Desde el pasado 27 de enero, el Ejecutivo nombró como directora encargada a Alix Dunieka Aguilar tras la salida de Adith Romero.
Aguilar es psicóloga y especialista en Salud Ocupacional, con más de una década de experiencia en el sector público y social, especialmente en la Dirección Territorial del Magdalena Medio de la Unidad para las Víctimas. Desde julio de 2025, Aguilar se venía desempeñando como directora de la Dirección de Asuntos Étnicos de esa entidad.
Su cargo anterior, durante 2023 y 2034, fue en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde realizó en labores de acompañamiento psicosocial a víctimas.
Su nombramiento en encargo no ha estado exento de polémica por los supuestos vínculos que unen a Aguilar con Romero.
“Fue su mentor político. Y ella también hizo parte de la alcaldía de Barrancabermeja cuando estuvo Alfonso Eljach”, le dijo a este diario en enero pasado una fuente que pidió reserva.
La hoja de vida de Aguilar evidencia que la mayor parte de su experiencia ha sido en Barrancabermeja, de donde son Romero y Eljach -quien fue alcalde de ese municipio-. Allí estuvo en la Unidad de Víctimas, la Fundación Tejiendo Futuro y la Corporación Paso a Paso.
De acuerdo con las reglas de la Función Pública Colombia, cuando un cargo de libre nombramiento y remoción queda vacante puede ser provisto mediante encargo por un periodo de hasta tres meses, con la posibilidad de una prórroga por un término similar, pero bajo el entendido de que se debe avanzar en la provisión definitiva.
En ese marco, la situación de la Unidad de Víctimas entra en una zona de presión institucional. El encargo a Aguilar alcanza su primer límite temporal sin que exista claridad pública sobre el cronograma para una designación en propiedad, lo que alimenta interrogantes sobre la demora.
La interinidad ocurre, además, en medio de una serie de controversias que han afectado la estabilidad interna de la entidad.
Desde julio se ha denunciado que el poder de la Unidad, que dirigía Romero, está en manos del exalcalde Eljach y de los congresistas Jairo Castellanos y Gustavo Moreno. En enero pasado, Colombia+20 mostró las denuncias contra ambos congresistas por presuntas presiones políticas que coinciden con un aumento inusual de contratos que se estarían financiando con recursos de la reparación a las víctimas.
La interinidad de la entidad no es menor si se tiene en cuenta el papel de la Unidad de Víctimas dentro del andamiaje estatal. La entidad no solo administra recursos significativos, sino que articula la política pública de atención, asistencia y reparación para millones de personas afectadas por el conflicto armado.
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