La creación y ampliación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Colombia tendrá desde ahora nuevas reglas. Colombia+20 conoció el documento expedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el que el Gobierno redefinirá esta figura nacida en 1994 para promover la pequeña propiedad rural y garantizar la permanencia campesina en el campo.
En Colombia, actualmente existen apenas 21 reservas constituidas, 11 de ellas durante el Gobierno de Gustavo Petro —en territorios como el Catatumbo, Guaviare, Caquetá, Cundinamarca y Norte de Santander entre otros— que en conjunto suman cerca de un millón de hectáreas de tierra. Pero detrás de esa cifra hay un rezago de al menos 40 solicitudes pendientes, evidencia de una demanda histórica por el reconocimiento territorial que durante años ha chocado con trabas políticas, desconfianza institucional y la huella persistente del conflicto armado.
¿Qué dice el documento?
El nuevo acuerdo establece un procedimiento más detallado y participativo. Las solicitudes deberán surgir de organizaciones campesinas representativas, con respaldo comunitario en asambleas veredales o juntas de acción comunal.
La ANT verificará el cumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos, adelantará visitas de campo, activará la consulta previa si hay traslape con territorios indígenas o afrodescendientes, y construirá junto con las comunidades un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), que será discutido en audiencia pública. Solo después de ese recorrido, el Consejo directivo de la ANT adoptará la decisión definitiva, con publicación en el Diario Oficial.
El trasfondo de la medida se enmarca en las tensiones que se han creado con sectores políticos y empresariales, que las han calificado como un riesgo para la seguridad y la inversión rural. De hecho, durante años, el discurso de que eran “santuarios de guerrilla” estigmatizó a los campesinos organizados en torno a esta figura, frenando su expansión.
Al mismo tiempo, organizaciones agrarias defendieron las reservas como un instrumento de protección frente al despojo de tierras, la expansión de economías extractivas y el avance de actores armados sobre territorios campesinos. Esa tensión marcó la diferencia entre lo que las comunidades reclamaban como una garantía para producir alimentos y permanecer en el campo, y lo que los sectores más conservadores leían como un intento de institucionalizar “territorios guerrilleros”.
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Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las ZRC adquirieron un nuevo protagonismo: fueron incluidas como parte de la reforma rural integral y reconocidas como figuras de ordenamiento que combinan lo social, lo económico y lo ambiental. Sin embargo, la implementación fue mínima en los años siguientes, y la deuda con las comunidades persistió. El Acuerdo 488 de la ANT busca saldar en parte ese vacío, dotando de reglas claras a un proceso que, hasta ahora, se movía con lentitud, discrecionalidad e inseguridad jurídica.
El vínculo entre las ZRC y la negociación política volvió a hacerse evidente en algunas mesas de negociación como con la disidencia conocida como el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Allí, uno de los primeros entendimientos fue avanzar en la creación y ampliación de reservas campesinas. Para ese grupo armado, como para organizaciones rurales, se trata de un reconocimiento político al campesinado como sujeto de derechos y de una garantía de que la reincorporación de excombatientes se hará en un marco territorial estable. El Gobierno, al adoptar este nuevo marco normativo, envía una señal de que está dispuesto a atender ese tipo de demandas en el marco de la paz total.
Pero las ZRC no son solo un instrumento de paz. También son una apuesta por el desarrollo rural con rostro campesino. El Acuerdo 488 establece que los Planes de Desarrollo Sostenible deben incluir proyectos de infraestructura, vías terciarias, conectividad digital, asistencia técnica, programas de comercialización y mecanismos de conservación ambiental. La idea es que estas zonas se conviertan en territorios donde confluyan la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. No obstante, el reto es monumental: sin inversión pública sostenida, las promesas de desarrollo corren el riesgo de quedarse en el papel.
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A la par de estas promesas, emergen los riesgos. El aumento poblacional dentro de las ZRC puede generar presión sobre ecosistemas frágiles, particularmente en zonas de colonización donde la frontera agrícola avanza sobre bosques y reservas hídricas.
La experiencia en territorios como el Guaviare o el Putumayo muestra que, en ausencia de alternativas viables, las comunidades recurren a la tala y a la ampliación de la ganadería como forma de subsistencia. Aunque el acuerdo exige incorporar criterios de sostenibilidad y ordenamiento ambiental, especialistas advierten que se necesitará más que normas: se requiere acompañamiento técnico, créditos blandos y alternativas de mercado que hagan posible vivir del campo sin destruirlo.
A esto se suma el riesgo de seguridad. Muchas de las ZRC en trámite se encuentran en territorios donde persisten los cultivos de coca, lo que las convierte en espacios de disputa entre comunidades campesinas y grupos armados que controlan las economías ilegales. De ahí la insistencia de las comunidades en que el Estado no limite su acción a lo administrativo, sino que garantice seguridad integral, inversión social y presencia institucional en los territorios.
Para algunos sectores, las reservas campesinas son una de las apuestas más concretas de reforma rural: territorios donde se pueden articular proyectos productivos, planes de ordenamiento social de la propiedad, programas de acceso y formalización de tierras, inversión en vías terciarias y servicios básicos. Para otros, en cambio, son un riesgo de reproducción de economías ilegales y de presión sobre ecosistemas estratégicos. Entre ambos extremos se ubica el reto del Gobierno: hacer de las ZRC verdaderos laboratorios de paz y sostenibilidad rural, en vez de escenarios de nuevas confrontaciones.
¿Qué son las Zonas de Reserva Campesina?
Las Zonas de Reserva Campesina son áreas geográficas que se crean para fomentar la economía de esas poblaciones y se superen las causas de los conflictos por la tierra que afecten a esas comunidades. Su principal objetivo es crear condiciones de justicia social en las áreas donde se delimiten y además evitar la concentración de la tierra, aprovechar tierras baldías, facilitar la política de desarrollo rural, entre otras.
Actualmente hay 21 Zonas de Reserva Campesina en Guaviare, Bolívar, Cundinamarca, Putumayo, Antioquia, Santander, Magdalena, Meta, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá, Tolima, Cauca, Córdoba y Norte de Santander.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han constituido la mayoría de las ZRC. En total se han integrado 11 zonas materializando así el compromiso de proteger las territorialidades del campesinado para el cuidado de la naturaleza y la producción alimentaria.
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