La delegación de Gobierno en el proceso con las bandas de Medellín y el Valle de Aburrá aseguró en un comunicado que el diálogo con estructuras criminales en la capital antioqueña continuará y que “la paz urbana no se suspende”.
“Avanzamos paso a paso a pesar de los intentos de sabotaje”, señala el documento, en el que también sostienen que el proceso ha permitido avances en reducción de homicidios, eliminación de fronteras invisibles y disminución de otros indicadores de violencia en Medellín y el Valle de Aburrá.
Varios informes apuntan a que la disminución de esos hechos de violencia no necesariamente están ligados al diálogo.
El pronunciamiento se conoce luego de que el Consejo de Estado suspendiera la medida que frenaba las órdenes de captura contra varios voceros de las estructuras vinculadas a la mesa de paz urbana.
En el comunicado, la delegación aseguró que el proceso enfrenta “acciones políticas, judiciales y penitenciarias” en contra de la paz urbana.
La delegación cuestionó directamente actuaciones de distintas instituciones. “Entre las acciones hostiles se suman las de una Fiscalía que en vez de apoyar se sumó a la obstrucción a la Paz Urbana”, señala el documento, que también menciona “la persecución judicial en contra de voceros de las estructuras y sus familias”, la suspensión por parte del Consejo de Estado de la resolución relacionada con órdenes de captura, así como “dificultades constantes” desde algunas instancias del Inpec que, según afirman, buscan obstaculizar el funcionamiento de las conversaciones.
El proceso ha enfrentado varias polémicas, la más reciente es justamente una que enreda a varios miembros del Inpec tras la realización de una fiesta en la cárcel de Itagüí en la que también participaron delegados de las bandas en el diálogo con el Gobierno.
La delegación también advirtió que otro de los principales obstáculos para consolidar el proceso ha sido la falta de avance en el Congreso de un proyecto de ley de sometimiento que cree herramientas jurídicas y mecanismos de justicia para el tránsito de las estructuras armadas hacia la legalidad. Sin embargo, insistieron en que el proceso seguirá adelante.
“A pesar de las anteriores adversidades, reiteramos el compromiso de los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto y de la Delegación del Gobierno Nacional de persistir e insistir, porque por medio está la paz como una obligación pública y un derecho popular”, dice el texto.
La delegación también reiteró que mantiene la voluntad de avanzar hacia un acuerdo de paz urbana para el Valle de Aburrá que incluya verdad, reparación a víctimas, transformación de economías ilícitas y tránsito de las estructuras hacia la legalidad.
El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente el proceso y aseguró que los diálogos con bandas en Medellín han contribuido a la reducción de homicidios en la ciudad.
“Es el proceso de paz de bandas de Medellín lo que ha permitido bajar la tasa de homicidios de la ciudad a nivel mejor que el de Bogotá y la mayoría de las capitales de Colombia”, escribió el mandatario.
Petro agregó que “el intento de quitarle la competencia del presidente como rector constitucional del orden público para sabotear procesos de paz en curso solo traería como consecuencia elevar la violencia en Medellín”.
Y concluyó: “En la violencia solo crece el narcotráfico y la sociedad pierde. El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio”.
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