El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista con Colombia+20 que antes de diciembre de este año deberán estar operando las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) acordadas con varios grupos armados en regiones como Catatumbo, Nariño y Putumayo.
Estos espacios son clave dentro de la estrategia de Paz Total para el tránsito de combatientes hacia la vida civil y la reducción de la violencia en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
“Todos los territorios de la ZUT deben estar desminados y, seguramente, operando”, afirmó Patiño en entrevista con este diario, quien reconoció que la principal razón del retraso en su puesta en marcha es la presencia de minas antipersona.
“Para generar una Zona de Ubicación Temporal se necesita un proceso de desminado. Sin eso no es posible; corre gran riesgo la gente que allí se ubica”, explicó.
Inicialmente, se pensó que el desminado sería de carácter humanitario, ejecutado por organizaciones internacionales y certificado por la OEA. Sin embargo, el Gobierno definió que la tarea estará en manos de las Fuerzas Militares, con el acompañamiento de comunidades y, en algunos casos, de los propios grupos armados.
En el caso del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las FARC, que operará en el Catatumbo, Patiño estimó que el traslado a la ZUT podría darse en “uno o dos meses” una vez finalicen las labores de limpieza de minas.
En Nariño, donde se pactó una zona con la Coordinadora Nacional Guerrillera —estructura liderada por Walter Mendoza— el desminado ya había comenzado, aunque se detuvo temporalmente. “Ahora va a continuar. En esa zona del sur de Nariño no hay minas, muy pocas minas hay en esa región”, dijo Patiño. En Putumayo, la situación de artefactos explosivos también es limitada, lo que facilita el avance.
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Qué son las ZUT y por qué son estratégicas
Las ZUT son espacios temporales donde grupos armados se concentran con el compromiso de dejar las armas y avanzar hacia su reintegración. Las zonas acordadas en esta etapa de la paz total están ubicadas en el corazón de territorios aún marcados por la violencia y la presencia de múltiples actores armados.
En ellos no solo operan las estructuras con las que se negocia, sino también el ELN, grupos narcoparamilitares y otras disidencias, en un contexto de disputa por economías ilegales y control social y territorial.
El reto de implementar estas zonas va mucho más allá de su delimitación geográfica: supone intervenir escenarios de alta conflictividad donde ni la seguridad, ni la confianza, ni la institucionalidad están garantizadas. Además, no solo se necesita garantías para los disidentes que se ubicarán allí, sino también para las comunidades aledañas.
Hasta ahora la única formalizada es la que se lleva con el Frente 33.
En Nariño y Putumayo, estas zonas también funcionarán como “Zonas de Capacitación Integral”, orientadas a sustituir cultivos ilícitos, recibir proyectos productivos y garantizar seguridad comunitaria.
En paralelo, el Gobierno acordó con el grupo Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, la creación de una ZUT en Mallama (Nariño), dentro de un territorio ancestral indígena. Allí, el 30 % de sus integrantes iniciarán el tránsito hacia la vida civil y la zona funcionará por un año, con aval de las autoridades indígenas.
Aunque la Ley 2272 de Paz Total autoriza la creación de estas zonas, todavía falta el decreto reglamentario que defina su operación. Expertos advierten que, sin esa reglamentación, la implementación podría verse frenada.
Aun así, Patiño mantiene la meta: que antes de diciembre todas las ZUT estén funcionando. “Todos los territorios de la ZUT deben estar desminados y, seguramente, operando”, insistió.
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