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Aunque la delegación de Gobierno en el diálogo la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) trabaja a toda máquina en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Catatumbo, persisten las dificultades logísticas para su reglamentación.
La demora radica, entre otras cosas, en que aún no se ha decido nada sobre la prórroga del decreto presidencial para que la disidencia haga el tránsito hacia la ZUT y para que se amplíe la suspensión de operaciones ofensivas.
Aunque en el terreno parte de la delegación del Gobierno avanza a contrarreloj en la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, y ya se le entregó al presidente Gustavo Petro la hoja de ruta completa sobre cómo operará ese lugar; en Bogotá el trámite político y jurídico para consolidar esta fase del diálogo se encuentra estancado.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron a Colombia+20 que el presidente Gustavo Petro no debe firmar un solo decreto —como inicialmente se creía— sino tres: el que reglamenta la creación y funcionamiento de la ZUT; otro que extiende la suspensión de operaciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública; y un tercero que sería una novedad pues establecería una Región de Paz en Catatumbo. Sin embargo, ninguno de estos documentos ha sido expedido.
Las Regiones de Paz fueron creadas en la Ley 2272, o Ley de Paz Total, que busca crear marcos jurídicos y administrativos especiales en territorios fuertemente afectados por el conflicto armado. La idea es facilitar la implementación de acuerdos, garantizar la presencia integral del Estado, y generar condiciones de seguridad y bienestar para las comunidades. Según esa ley, “no es lo mismo que las zonas de ubicación temporal ni tampoco de despeje de la fuerza pública”.
Fuentes del alto Gobierno confirmaron que la creación de la Región de Paz también ha generado preocupación dentro de sectores militares, que temen que implique una restricción en su capacidad operativa y una eventual “desmilitarización de facto” de áreas estratégicas. Estas tensiones explican, en parte, el estancamiento en la firma de los decretos.
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Dos consejos de seguridad sin decisión
El retraso en la expedición de esos decretos tiene, además, un trasfondo complejo. Esta semana se convocaron dos consejos de seguridad en la Casa de Nariño para destrabar el tema. El primero, realizado el miércoles, no dio luz verde a las medidas. Según fuentes enteradas, hay un fuerte forcejeo entre parte “civil” y la parte militar.
Por un lado, el comisionado de Paz, Otty Patiño, y parte de la delegación negociadora abogan por extender la suspensión de operaciones ofensivas para proteger el avance del diálogo y dar garantías a los miembros del Frente 33, que hace presencia en Catatumbo en tránsito hacia la ZUT. Por otro, el ala militar del Gobierno insiste en que, ante la falta de claridad sobre los detalles operativos de la zona de ubicación y el recrudecimiento del conflicto en la zona, no es conveniente prolongar el cese.
El segundo consejo de seguridad y paz, previsto para el jueves pasado, fue aplazado, según fuentes enteradas, porque no había suficientes avances para superar el resultado del día anterior.
Durante las reuniones, altos mandos de la Fuerza Pública plantearon dudas clave: ¿Dónde se ubicará exactamente la ZUT? ¿Cómo se manejarán las armas? ¿Qué entidad verificará y monitoreará el cumplimiento de los compromisos? ¿Qué tipo de presencia estatal se garantizará en la zona? ¿Qué rol jugarán las autoridades civiles y militares?
Aunque la delegación ha avanzado en algunos detalles, no tiene respuestas concretas aún a varias de esas preguntas. Además, para los militares es preocupante el aumento de los combates entre el ELN y el Frente 33 de esa disidencia -y ello genera más dudas sobre la pertinencia de seguir con las actividades militares suspendidas.
Mientras tanto, la falta de decisiones en la Casa de Nariño mantiene en vilo el futuro inmediato del proceso con el EMBF.
Drones: la nueva cara de la guerra en el Catatumbo
Mientras el debate se atasca en la Casa de Nariño, en el Catatumbo la guerra no da tregua. Una de las señales más alarmantes del recrudecimiento del conflicto ha sido el uso creciente de drones armados con explosivos por parte del ELN y el Frente 33, los dos principales actores armados en la región.
Este tipo de ataques —cada vez más frecuentes y letales— han modificado el equilibrio militar y plantean desafíos inéditos para la seguridad. La tecnología, que inicialmente parecía limitada a zonas como Arauca, se ha extendido con rapidez al Catatumbo, donde la topografía favorece su uso para atacar puestos de control, patrullas militares o incluso a civiles.
El caso más reciente ocurrió el pasado viernes entre los municipios de El Tarra y Tibú: un dron cargado con explosivos mató a Luis Antonio Aragón Vaca, un niño de 12 años, y dejó a cinco menores y dos adultos heridos. El ataque, atribuido por fuentes locales al Frente 33, ha encendido las alarmas sobre los riesgos de mantener suspendidas las operaciones militares sin condiciones claras de desescalamiento por parte de los grupos armados.
Delegación refuta informe de CERAC
El escenario es crítico si se tiene en cuenta que Catatumbo sufrió en enero uno los ataques más cruentos del ELN que derivó en enfrentamientos con el Frente 33 y provocó la peor crisis humanitaria en el país de los últimos 20 años.
Varias organizaciones sociales, entre ellas las Madres de Catatumbo, han enviado esta semana peticiones al Gobierno para detener la guerra y el reclutamiento forzado.
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En medio de este panorama, el miércoles se dio a conocer un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) afirma que la violencia aumentó durante los nueve meses de cese bilateral -se cuenta tras la separación del Estado Mayor Central de Iván Mordisco-. Sin embargo, un documento enviada por la delegación de Gobierno en ese proceso, basado en datos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MVMV) asegura que los niveles de violencia cayeron significativamente.
Según el análisis publicado por CERAC el 20 de mayo de 2025, durante el cese al fuego bilateral —vigente entre el 16 de julio de 2024 y el 15 de abril de 2025— murieron 35 personas en eventos violentos con participación del EMBF, lo que representa un aumento del 21% frente al periodo anterior. También se reportó un incremento en los combates (de 9 a 22) y una intensificación de los enfrentamientos entre el Frente 33 del EMBF y el ELN, especialmente en el Catatumbo.
No obstante, un informe comparativo publicado por el MVMV, órgano encargado de la verificación directa del cese al fuego, ofrece cifras completamente opuestas. El mecanismo registró una disminución del 67% en las muertes relacionadas con el EMBF entre los dos periodos de cese, pasando de 165 muertes en el primer período (octubre 2023 – julio 2024) a 55 en el segundo (julio 2024 – abril 2025). Las muertes de civiles habrían disminuido en un 73%, y las de integrantes de la Fuerza Pública en un 92 %.
La disparidad en las cifras podría explicarse por los diferentes enfoques metodológicos. CERAC se centra en eventos violentos con participación del EMBF, independientemente de si el grupo fue autor o víctima, y sin distinguir necesariamente entre acciones ofensivas y enfrentamientos con terceros. En contraste, el MVMV basa su análisis en información verificada directamente en campo y diferencian con claridad los actores armados implicados y la naturaleza de los hechos.
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