La mesa de paz entre el Gobierno y la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y al mando de Walter Mendoza no pasa por un buen momento.
El séptimo ciclo de diálogos se suspendió el lunes por segunda vez, en medio de un desacuerdo de fondo sobre quién debe erradicar la coca en Nariño, cómo hacerlo y con qué recursos.
Las tensiones venían incluso del inicio de la ronda el domingo en la tarde. Ambas delegaciones tuvieron una reunión en la Laguna de Chimbuza, municipio de Roberto Payán, y también un encuentro en el que estuvieron países garantes, ONU, MAP OEA y Conferencia Episcopal y medio de comunicación -entre ellos Colombia+20- para ver los proyectos de sustitución que se han adelantado en ese territorio.
En Roberto Payán también se prevé la construcción de una de las Zonas de Ubicación Temporal que el Gobierno ha acordado con ese grupo armaod.
Según pudo constatar este diario, aunque hay avances en algunos proyectos, también persisten las preocupaciones tanto de las comunidades como de autoridades locales sobre cómo se iba a financiar esos proyectos de erradicación y sustitución de coca.
“Ha habido dificultades que se han presentado, pero hemos ido resolviendo. Aquí lo importante es que hay una decisión del Gobierno Nacional de apoyar la sustitución de 5.000 hectáreas. La complejidad que tenemos es que los tiempos del Gobierno ya están casi llegando al límite, pero nosotros, como Gobierno Departamental, siempre seremos el broche de esos procesos. Nuestro compromiso no está en la sustitución, pero sí en la construcción de las vías. En este caso, la más importante, que es la vía de Roberto Payán a La Guayacana”, dijo a Colombia+20 el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.
A eso se suma las fricciones entre el Gobierno y la Coordinadora sobre el papel que debe jugar -incluido el uso de recursos económicos- el grupo armado en la salida de las economías ilegales.
De acuerdo con lo planteado por la delegación del Gobierno, la disidencia debe asumir un rol más activo en la erradicación de cultivos, incluso financiando y ejecutando directamente esas acciones en los territorios donde tiene influencia. La propuesta es que esa contribución sea complementaria a los programas estatales y no haga parte de las metas oficiales ya financiadas.
Así lo expresó Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno, a Colombia+20:
“Así como ellos siembran coca, que ellos mismos la arranquen. Así como ellos han contribuido a llenar de coca el país, que contribuyan a limpiar a esas regiones de coca. Para eso no le han pedido permiso a nadie. Lo han hecho motu proprio. Ahora nosotros les pedimos que sabiendo que estamos en una situación compleja, difícil para el país, que entonces, en ese orden de ideas puedan motu proprio, por su propia cuenta e iniciativa, contribuir a que esos territorios se separen de las economías ilícitas.”
Sobre qué significa “a motu proprio” y si eso incluiría que el grupo armado contribuya con recursos económicos a esa erradicación, Novoa contestó:
“Claro. Es una propuesta que quiere acabar con la hipocresía que hay en Colombia sobre ese tema. Ajá. Ellos son los responsables, en buena medida, de que haya tantos cultivos de coca. ¿Por qué no lo puede hacer de erradicar coca con sus propios recursos en esos territorios? ¿Cuál es la razón jurídica, legal, constitucional, política para que no lo puedan hacer si deciden hacerlo para contribuir a superar las economías ilegales en esos territorios? Es que ellos ya lo están haciendo”, indicó el jefe negociador.
En el comunicado oficial, la delegación afirmó que contrario a lo sucedido en la Laguna de Chimbuza y en el departamento de Putumayo- hay estructuras de esa disidencia “que hacen presencia en otras regiones de Nariño no han asumido, ni asumieron durante la sesión, ningún compromiso encaminado a la erradicación de la coca”, indica el comunicado.
También aseguró que no es cierto que el programa Renhacemos -liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)- “no cuente con los recursos necesarios para avanzar en los compromisos adquiridos con la comunidad”. Y reafirmó que así como la Coordinadora “ha contribuido en la proliferación de cultivos ilegales, la delegación del gobierno demanda que asuman un compromiso similar para abandonarlos”.
Fuentes cercanas a ese proceso de paz han afirmado a Colombia+20 que en las reuniones del fin de semana en Nariño el Gobierno sí ha afirmado que no se tiene el presupuesto para avanzar en la erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito y que el grupo armado se ha negado a contribuir con sus recursos por falta de un marco legal para hacer ello.
Según esas fuentes el delegado Armando Novoa le ha pedido en reiteradas ocasiones a la Coordinadora “que le dieran un cariñito respecto de las hectáreas para arrancar”. La propuesta sería, dicen las mismas fuentes, que el grupo armado “adelante un plan piloto o complementario a el programa Renhacemos y que ese plan piloto lo financiaran la estructura armada”.
La idea de que los recursos de la erradicación vengan del mismo grupo armado rompe con la lógica tradicional de erradicación en Colombia, donde el Estado ha liderado y financiado la transición hacia economías legales a través de acuerdos con las comunidades.
Desde la perspectiva oficial, la exigencia responde a una “corresponsabilidad”. Si los grupos armados han tenido un papel en la expansión de los cultivos, también deben asumir costos en su eliminación. Además, el Gobierno considera que limitarse a permitir la entrada de programas como Renhacemos resulta insuficiente en el contexto actual de la negociación.
“Su apoyo se limita a permitir el ingreso del programa Renhacemos a sus zonas de influencia”, dice el comunicado del Gobierno.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), dice que nunca antes en una negociación se había dado una propuesta así y que lo único que se ha hecho es recoger bienes de las FARC en el proceso con esa extinta guerrilla para canalizar para reparación.
“No se ha hecho así antes y, guardando mucho las proporciones podrían pensar en el dinero y bienes que entregaron las FARC, pero eso tuvo que pasar por unos procesos para que fuera el Gobierno el que monetizara y distribuyera, incluso se creó un fondo para ello”, indica.
La investigadora ve, en todo caso, problemática la propuesta en la medida porque es “un reconocimiento de que el grupo armado es más Estado que el Estado”.
Y agrega: “En estos temas territoriales, ese tipo de iniciativas en las transformaciones son muy problemáticas. Los proyectos deberían ocurrir y tener los recursos agenciados por el Estado. De otra manera es un caramelo que no se le puede dar a los a los armados y una inseguridad para las mismas comunidades”.
La delegación oficial destacó, no obstante, las experiencias de sustitución impulsadas en Chimbuza, con erradicación de cultivos y reemplazo por economías como la caña o el cacao. Para el Gobierno, estos casos muestran que es posible un mayor compromiso del grupo armado. Pero también evidencian que ese tipo de iniciativas no ha sido homogéneo en todas las estructuras.
De hecho, uno de los puntos que llevó a la suspensión del ciclo fue que, en otras regiones, frentes de la organización no asumieron compromisos concretos de erradicación y se limitaron a permitir la entrada de la oferta institucional.
El Gobierno, además, rechazó versiones según las cuales el programa Renhacemos carece de recursos y reiteró que lo que falta no es financiación estatal, sino voluntad del grupo armado para separarse de las economías ilegales.
“Los diálogos de paz que se adelantan en la mesa con la CN-EB entran en su etapa decisoria. Se requiere concretar los compromisos para alcanzar unos resultados tangibles y significativos y lograr la superación de la violencia en los territorios”, dice el comunicado de la delegación de Gobierno.
La respuesta del grupo armado
Colombia+20 conoció que la delegación envió una carta al comisionado de paz, Otty Patiño, a la delegación y a los países garantes y acompañantes donde exponían su sorpresa por la suspensión del ciclo y también se referían a la propuesta de financiar la erradicación.
La carta dice que es un giro inexplicado del Gobierno que le pide que adopte por su cuenta la erradicación “de una cifra aún desconocida de hectáreas de matas de hoja coca en los territorios” y que se asuma su costo. Además, se afirma que ese tipo de “transformaciones del territorio se deben dar en el marco de las obligaciones del Estado” y que debería ser un tema integral.
Segunda suspensión del ciclo
El pasado 16 de marzo, la disidencia había anunciado una pausa en las negociaciones. En el comunicado señalaban que decisión respondía a la muerte de Alexander Rondón, uno de los integrantes de esa estructura, en medio de un operativo del Ejército.
En su momento, este diario conoció que esa no era la única razón. Fuentes cercanas a ese proceso señalaron que el grupo armado también había reclamado al Gobierno por presuntos incumplimientos en la construcción de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT), un espacio previsto para el tránsito a la vida civil de los integrantes del grupo.
Según señalaron, el Ejecutivo se había comprometido a trasladar a Araña, una vez arrancara la ZUT, pero en los últimos días habría afirmado que no se está en condiciones de cumplir con ese acuerdo. Ese cambio -indicaron- condujo a la disidencia a dejar en pausa la mesa.
Por ahora, la mesa queda en pausa y a la espera de una respuesta de la disidencia. El pulso abierto en este ciclo deja claro que el proceso entra en una etapa de definiciones, donde no solo se negocian compromisos, sino el tipo de transición que el Gobierno espera de los grupos armados en el terreno.
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