El presidente Gustavo Petro frenó la extradición de Geovani Rojas, conocido como Araña, jefe de Comandos de la Frontera, una de las estructuras disidentes de las antiguas Farc.
A través de la resolución 421 del pasado 18 de noviembre, y que dio a conocer Blu Radio, el presidente suspendió la entrega a Estados Unidos de Araña.
El documento dice que el freno de su envío a Estados Unidos se da “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como Miembro Representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.
Rojas fue capturado el pasado 12 de febrero en el hotel Courtyard en Bogotá, justo cuando terminaba el tercer ciclo de negociaciones entre ese grupo armado y el Gobierno de Gustavo Petro.
Ese mismo día, de hecho, ambas delegaciones habían acabado de anunciar varios acuerdos, entre ellos avances en el marco jurídico de la Paz total. Sin embargo, una decena de agentes del CTI ingresaron al hotel y se llevaron a “Araña”, pese a los reclamos de sus abogados y algunos miembros de la delegación del Gobierno.
En ese momento, se supo que Rojas era requerido por una corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de drogas. La Fiscalía decía, sin dar más detalles, que la solicitud sería por un posible “envío reciente de cocaína” hacia ese país.
Su captura despertó una polémica que dejó al descubierto la desconexión entre el Gobierno y la Fiscalía. Además, abrió más interrogantes sobre la política de paz total y su falta de reglamentación. Mientras el Ejecutivo defiende que las resoluciones en el marco de la Ley 2272 o Ley de Paz Total cobijan todas las órdenes de captura, incluso las de extradición, el Ministerio de Justicia y Fiscalía señalan que los compromisos internacionales se deben respetar.
El pasado 23 de octubre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su concepto favorable a la extradición de Rojas. El alto tribunal concluyó que “se acreditaron todas las exigencias constitucionales y legales que permiten emitir concepto favorable a la solicitud de extradición que formuló el Gobierno de los Estados Unidos de América contra el ciudadano colombiano Geovany Andrés Rojas”.
Rojas es uno de los principales mandos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, facción que se separó de la Segunda Marquetalia, organización liderada por alias “Iván Márquez”. Esta estructura mantiene presencia armada en el sur del país, especialmente en zonas fronterizas entre Putumayo y Nariño, donde ejerce control sobre rutas del narcotráfico y actividades de contrabando.
La CNEB firmó recientemente un acuerdo con el Gobierno para una Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo.
Esta es la tercera vez que el presidente Gustavo Petro deja un precedente sobre la extradición en el marco de la paz total. El pasado 20 de mayo el mandatario firmó la resolución en la que se suspendió la extradición de otro cabecilla. Se trata de Gabriel Yepes Mejía, conocido como H.H. y comandante de Comuneros del Sur, frente que se separó del ELN y adelanta un proceso de paz con el Gobierno.
También lo hizo el pasado 1 de julio con Willington Henao, conocido como Mocho Olmedo, del Frente 33 de otra disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente.
El presidente Petro se ha referido al tema de la extradición en varios momentos. “Las normas de Colombia dicen que las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia. El avance se mide en el desmantelamiento de la economía ilícita y en el respeto a los derechos de la población”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Esta decisión podría subir la tensión entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Petro ha cuestionado públicamente el uso de la extradición como eje de la política antidrogas, ha condicionado su aplicación a avances en verdad y reparación, y ha señalado que no debe operar de manera automática en procesos de paz o sometimiento.
Esa postura ha generado incomodidad en círculos políticos cercanos a Trump que ven la extradición como una herramienta central contra el narcotráfico.
El choque no es solo jurídico, sino político pues el presidente Petro insiste en una redefinición del enfoque de seguridad y justicia transicional, mientras que en EE. UU. persiste la expectativa de resultados rápidos y cooperación sin matices, lo que ha tensado el vínculo bilateral en un momento ya marcado por el ciclo electoral en ambos países.
Aquí puede ver la resolución completa
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.