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Frente a más de 700 personas, el Gobierno Nacional y la disidencia a Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) -al mando de Wálter Mendoza- finalizaron este 6 de diciembre el sexto ciclo de diálogos en Barbacoas (Nariño). Comunidades afro, indígenas, campesinas, líderes y lideresas estuvieron presentes en el encuentro.
Entre los acuerdos que anunciaron las delegaciones está el inicio de forma gradual de los planes piloto para las dos Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT), espacios que se establecerán en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). El segundo acuerdo dado a conocer este sábado es sobre garantías para las elecciones.
De acuerdo con los documentos, las Zonas de Ubicación estarán ubicadas en zona rural de Roberto Payán, en Nariño, y en la zona rural del municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, por el término de diez (10) meses. Si se cumple ese cronograma, se estaría comprometiendo al siguiente gobierno a cumplir con esa zona.
“En cada una de las ZUT-ZOCIUT se adoptarán medidas necesarias para que se ubiquen Miembros Representantes ya reconocidos y que participan en la Mesa de Diálogos de Paz, cuyos nombres serán referenciados por el Jefe de la Delegación de la CNEB en los listados a entregar al Gobierno Nacional”, dice el acuerdo.
La primera de las Zonas de Ubicación que se constituirá, según la declaración conjunta, será la del Valle del Guamuez, Putumayo. El documento dice que “una vez expedido el acto administrativo correspondiente, el Gobierno nacional iniciará de inmediato el alistamiento para la pronta ubicación de integrantes de la CNEB”.
Así mismo, se aumentó de 60 a 100 los primeros hombres de esa disidencia que entrarán a las ZUT-ZOCIUT de Putumayo.
🔴#AEstaHora | Frente a más de 700 personas, el Gobierno y la disidencia al mando de Wálter Mendoza, presentan los acuerdos a los que llegaron en el sexto ciclo de diálogos en Barbacoas (Nariño).
— Colombia+20 (@EEColombia2020) December 6, 2025
Así se vive el encuentro donde participan comunidades afro, indígenas, campesinas,… pic.twitter.com/JtzQffUcKl
Los objetivos apuntan a poner en marcha un proceso gradual para el desuso, la entrega y la destrucción de armas. De hecho, en la declaración conjunta se informó además que la estructura de Mendoza asumió el compromiso de entregar voluntariamente otras 5,5 toneladas adicionales de material de guerra, que serán destruidas por la Fuerza Pública entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Otros de los objetivos de la zona de ubicación temporal es promover la reintegración social, política, económica, cultural y comunitaria de los integrantes de la CNEB que avanzan en ese tránsito; y facilitar la implementación de mecanismos de justicia transicional y restaurativa, junto con los procedimientos judiciales necesarios para definir su situación jurídica.
Allí recibirán formación técnica y productiva, y contarán con acompañamiento psicosocial y comunitario.
El documento también menciona el mecanismo de seguimiento a la ZUT-ZOCIUT. La Mesa de Diálogos de Paz evaluará periódicamente su funcionamiento con base en los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) y podrá actualizar los protocolos, siempre que —precisa el texto— esos ajustes se fundamenten en la experiencia recogida en terreno.
En contexto: Gobierno y disidencia de Mendoza se reunirán el viernes para discutir protocolos de Zonas de Ubicación
La disidencia se compromete a respetar las elecciones
De cara a las elecciones de 2026, el otro acuerdo incluyó un compromiso sobre garantías en los comicios. La disidencia de Mendoza ratificó que respetará plenamente la autonomía y el libre ejercicio del voto.
“No obstruirá la distribución del material electoral a los distintos puestos y mesas de votación en los municipios en donde tenga influencia armada”, se lee en el documento.
También se acordó que la CNEB garantizará la seguridad y el trabajo de todos los actores del proceso electoral (funcionarios de la Registraduría, jurados, testigos y comisiones escrutadoras) durante las jornadas de marzo, mayo y junio del prócimo año, y que no participará ni influirá en las disputas o reclamos que surjan alrededor de los escrutinios.
Por su parte, la delegación del Gobierno se comprometió a pedir a la Registraduría Nacional que adelante procesos de cedulación en los territorios, con el fin de garantizar el acceso a este derecho fundamental.
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