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“Si las conversaciones en el recreo son sobre lo que me ofrecen los armados, el colegio va mal”. Con esa frase, Carlos Lemoine, director del Centro Nacional de Consultoría, sintetizó el sentido del “Primer piso de la paz”, la estrategia del Gobierno Nacional, que ya cumplió un mes, con la que se busca que la niñez deje de ser el campo de batalla más silencioso del conflicto colombiano.
La idea de Lemoine era reconocer que la educación y la escuela son el primer escenario para hablar de paz y prevenir el reclutamiento de menores de edad. Lemoine no hablaba solo de pedagogía, sino de cómo la escuela puede volver a ser un espacio de protección y esperanza.
El evento, que estuvo encabezado por el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, reunió a representantes de Unicef, Coalico, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, rectores de diferentes colegios del país y niños y niñas de distintos territorios.
Ese anuncio se convirtió en el punto de partida para alinear los esfuerzos territoriales con los compromisos que el Ejecutivo viene pactando en los procesos de diálogo, donde la protección de la niñez se ha vuelto un requisito central para avanzar. El compromiso, aunque se ha puesto sobre las mesas de paz, ha cobrado especial relevancia tras el bombardeo del pasado 10 de noviembre, donde murieron siete menores y que es considerado el peor en la administración de Gustavo Petro.
La operación, dirigida contra el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, al mando de “Iván Mordisco”, dejó 19 muertos -entre ellos los menores de edad cuyas edades oscilaban entre los 13 y 16 años- y reactivó una fractura que el presidente Petro había prometido cerrar: la de los ataques aéreos sobre campamentos donde hay niños, niñas y adolescentes reclutados forzadamente por los grupos armados.
La estrategia se da en medio de un hecho irrefutable, y es que mientras las negociaciones de la paz total avanzan con distintos grupos armados, el reclutamiento y la utilización de menores siguen ocurriendo.
La Defensoría del Pueblo registró que en 2024 hubo 606 víctimas, y que la cifra se mantiene en 2025 con una tendencia alarmante: el 56,9 % de los casos corresponde a niños y adolescentes indígenas, y las niñas reclutadas lo son cada vez más temprano: casi la mitad tenía entre 10 y 14 años. En departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia el reclutamiento ya no ocurre solo con fusiles y amenazas, sino también a través de pantallas, canciones y redes sociales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha advertido públicamente que el reclutamiento y la utilización de menores son incompatibles con la paz total. En varias mesas de diálogo, dijo, se ha reiterado que ningún proceso puede avanzar mientras haya niños en las filas de los grupos armados.
“Los procesos de sometimiento y negociación no han resultado en mejoras de la situación de vida de la gente. … El desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de menores de edad, la violencia sexual y las economías ilícitas vienen aumentando”, dijo Marín en septiembre pasado.
Los avances con los grupos en la paz total
La alerta ha puesto al Ejecutivo en una situación incómoda, porque negocia con estructuras que dicen comprometerse a no reclutar, mientras los reportes en terreno muestran lo contrario.
En la Oficina del Comisionado reconocen el dilema, pero sostienen que los acuerdos ya han permitido abrir rutas de protección y compromisos verificables. “El nombre de la paz, dijo Patiño, es hacer de ese territorio un entorno protector de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El día que eso pase, hay paz”.
De hecho, en paralelo al lanzamiento de esta estrategia, dos mesas de negociación -la del Clan del Golfo y la de la disidencia de “Calarcá”- anunciaron recientemente compromisos explícitos para frenar el reclutamiento infantil.
En el séptimo ciclo con la disidencia de “Calarcá”, que finalizó hace un par de semanas -antes de que estallara el escándalo por la información de los computadores que vinculan a ese grupo con un general del Ejército y un funcionario de inteligencia-, el Gobierno reiteró que ningún proceso avanzará si se mantiene la vinculación de menores, y el grupo aceptó reforzar las garantías de no reclutamiento bajo verificación internacional.
Pese a ello, el lunes nuevas revelaciones de los archivos digitales incautados en un retén en Anorí hace más de un año a miembros de la disidencia de Calarcá Córdoba– evidencian conversaciones donde un lugarteniente de Calarcá, conocido como El Mueco, reporta el ingreso de dos personas, incluida una niña de 14 años de nombre Yurelli.
Más reciente es el compromiso del Clan del Golfo -autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia- con quien el viernes pasado el Gobierno anunció la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba, y cuyo acuerdo incluye como condición central la prohibición absoluta de presencia de menores, así como mecanismos de monitoreo para asegurar que no haya captación, uso o utilización en sus áreas de influencia.
El comisionado explicó hace un mes que en los procesos de negociación política (como con las disidencias de las FARC y con el Clan del Golfo), el momento crítico será la definición de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), donde estará estrictamente prohibida la presencia de menores. “Si las ZUT quieren ser espacios de tránsito hacia la vida civil, deben estar libres de niños. Es un tema central de discusión”, dijo. Allí, además de monitorear el cumplimiento de los compromisos, el Gobierno planea realizar censos verificables, con acompañamiento internacional, sobre el número de menores desvinculados.
Sin embargo, las ZUT aún no han avanzado. Aunque la primera se anunció en mayo pasado, seis meses después no ha ocurrido su ejecución.
Los procesos más avanzados en acuerdos alrededor de este tema son los diálogos con bandas de Medellín y Buenaventura, aunque en el puerto aún no se ha traducido en resultados tangibles.
En Buenaventura, los grupos conocidos como los Shottas, los Espartanos y los Chiquillos firmaron con el Gobierno un acuerdo que prohíbe la vinculación de menores a sus actividades y obliga a respetar escuelas, centros de salud y espacios recreativos. Sin embargo, la debilidad de ese espacio sociojurídico, la ruptura de la tregua y la irrupción de otros grupos armados en el territorio han impedido que se cumpla lo pactado. De hecho, varios casos de violencia contra jóvenes se han dado en los últimos meses.
En Medellín, por su parte, se pactó eliminar las fronteras invisibles que impedían a los niños ir al colegio o jugar en el parque. A la vez, el Estado activó el Grupo de Acción Inmediata y abrió las primeras Casas Atrapasueños, espacios comunitarios donde psicólogos, docentes y líderes locales trabajan con niños en riesgo de reclutamiento.
En Nariño, el grupo Comuneros del Sur refrendó en julio de 2025 el Acuerdo 11, que incluye la desvinculación de menores y programas de educación en riesgo de minas, además de operaciones de descontaminación humanitaria en escuelas rurales.
El comisionado Patiño aseguró que estas experiencias son el punto de partida de una política nacional de largo aliento. “Estamos pasando de la confianza a la verificación. No basta con que los grupos digan que no reclutan; tenemos que saber cuántos niños hay realmente en esas estructuras, cuántos adolescentes y cómo garantizar su salida prioritaria. La paz se mide también en la cantidad de niños que regresan al colegio”, indicó.
Durante el lanzamiento del programa, la senadora Isabel Zuleta -delegada del Gobierno en la mesa con las bandas del Valle de Aburrá- fue una de las voces más insistentes en abordar los matices del fenómeno.
Explicó que el país suele concentrarse solo en el reclutamiento armado, sin reparar en la utilización cotidiana de menores para labores ilegales. “Una cosa es el reclutamiento y otra la utilización”, señaló. “A veces el niño no pertenece a la estructura, pero hace mandados, pasa mensajes, vigila una esquina o cuida una moto. Eso también es utilización, y lo más grave es que lo hemos normalizado.” Para Zuleta, la clave está en mirar los primeros síntomas: “Cuando un niño deja de ir a clase, esa es la primera alarma. La maestra debe avisar, la institución debe actuar, el Estado debe responder. Si esa cadena se rompe, el niño desaparece sin que nadie lo busque”.
La senadora advirtió que esa vigilancia temprana solo será posible si la institucionalidad actúa de manera articulada. “Tenemos al ICBF, pero a veces no están la Alcaldía ni la Gobernación. Necesitamos unirnos más. Este proceso no se trata de política, sino de cuidar a los niños”.
La estrategia de “Primer piso de la paz” busca tejer esa articulación. El documento de trabajo elaborado por la Oficina del Comisionado Paz define cuatro ejes: reconocimiento de derechos, protagonismo de la niñez en la construcción de paz, protección frente a las violencias y educación para la paz desde la primera infancia. Cada territorio deberá adaptar su plan a su realidad, con participación de universidades, empresas y comunidades. El plan prevé, además, una estrategia comunicativa nacional para desmontar los imaginarios que justifican o banalizan el reclutamiento.
La amenaza de TikTok
La propuesta también incorpora una dimensión contemporánea: el reclutamiento digital. En los informes recientes del Centro Nacional de Consultoría y de Indepaz, los investigadores documentaron cómo las redes sociales -en especial TikTok, Instagram y algunos videojuegos- se han convertido en canales de captación. Los grupos armados difunden videos con música y símbolos de poder, ofreciendo dinero y pertenencia a cambio de obediencia. “El TikTok también recluta”, resume Zuleta. “Por eso hay que enseñar a los niños a leer lo que hay detrás de esos videos. Lo que parece entretenimiento es una invitación al crimen.”
El Gobierno planea responder con programas de alfabetización mediática, patrullaje cibernético y campañas de contranarrativa digital que promuevan ejemplos de liderazgo juvenil y cultura de paz. “Tenemos que disputar el espacio simbólico, afirmó Patiño. Si los armados están usando los algoritmos para atraer a los niños, nosotros debemos usarlos para protegerlos”.
Los datos oficiales respaldan la necesidad de esa estrategia. La Fiscalía y Naciones Unidas han documentado que muchos menores son primero utilizados en tareas de vigilancia, extorsión o microtráfico, antes de ser formalmente incorporados a los grupos. En algunos casos, las niñas son reclutadas a edades más tempranas y, además de participar en actividades ilegales, sufren violencia sexual y maternidad forzada.
El “Primer piso de la paz” intenta precisamente romper esa indiferencia. El documento enfatiza que niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos como constructores de paz, no como víctimas pasivas. La idea es que las comunidades, los docentes y las familias se conviertan en una red protectora.
En cada escuela las señales de alarma -ausencias prolongadas, cambios de comportamiento, rumores de ofrecimientos o amenazas- deberán activar rutas de atención inmediata. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría harán seguimiento a los acuerdos, y los organismos internacionales que acompañan la paz total, entre ellos Naciones Unidas y la OEA, monitorearán los resultados.
Pese al optimismo del lanzamiento, las dudas persisten. Funcionarios locales y organizaciones de derechos humanos reconocen que no todos los grupos en negociación están cumpliendo los compromisos. En regiones como el norte del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar se mantienen reportes de menores reclutados o utilizados por estructuras que participan en las conversaciones.
El comisionado sabe que esas advertencias son válidas. “Estamos en un proceso de transición, pero tenemos que ser muy rigurosos. Si los mandos no se comprometen, si los niños no se protegen, la paz se disuelve. No puede haber paz sin la niñez como prioridad”, aseguró.
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