Las operaciones de desminado humanitario en Nariño avanzan en el marco de los acuerdos entre el Gobierno nacional y el grupo Comuneros del Sur, el frente que se separó del ELN y que opera en ese departamento.
Estas tareas, lideradas por el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) de la Consejería Comisionada para la Paz, buscan recuperar el control y la seguridad sobre zonas rurales que durante años permanecieron afectadas por artefactos explosivos.
Nariño es el segundo departamento del país con mayor número de víctimas por minas antipersonal. Según cifras oficiales, desde 1990 más de 12.000 personas han sido afectadas por este tipo de artefactos en Colombia, concentradas en regiones con alta incidencia del conflicto armado.
En el caso de Nariño, los municipios de Samaniego, Santa Cruz, La Llanada, Mallama y Cumbal han sido identificados como puntos críticos de contaminación por minas, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
Hasta septiembre de 2025, el AICMA reporta la presencia de nueve equipos acreditados en el departamento, con 23 sectores en proceso de verificación y despeje, y más de 3.100 personas beneficiadas en programas de educación en el riesgo de minas y prevención de accidentes. Estas acciones hacen parte de la estrategia del AICMA, que articula tres componentes: desminado humanitario, educación comunitaria y atención integral a víctimas.
En el terreno participan tanto organizaciones civiles acreditadas como unidades militares. La organización internacional Humanity & Inclusion (HI), de carácter independiente y neutral, opera con cinco equipos conformados por habitantes locales en Samaniego, Santa Cruz y La Llanada. Además de las operaciones de despeje y estudios no técnicos, HI ha realizado más de 100 talleres de educación en el riesgo de minas, que han beneficiado a 1.759 personas de comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas.
En paralelo, la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército Nacional desarrolla operaciones en Mallama y Cumbal, aplicando métodos y normas técnicas nacionales e internacionales.
Según la Oficina del Consejero Comisionado de Paz la Brigada ha ejecutado 55 jornadas pedagógicas y 76 actividades de difusión pública, alcanzando a más de 9.000 personas mediante campañas radiales, perifoneo, redes sociales y espacios comunitarios.
Las condiciones para avanzar en estas labores se establecieron en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los Comuneros del Sur, que incluyen mecanismos de coordinación y garantías de acceso para los equipos humanitarios y estatales. Dicho entendimiento ha permitido retomar presencia institucional en áreas que durante años estuvieron bajo control de actores armados, facilitando la verificación técnica y la apertura de corredores humanitarios.
Si bien las tareas de despeje continúan en curso, los informes técnicos destacan que el proceso ha permitido reducir significativamente el riesgo de accidentes y restablecer la movilidad en zonas rurales que permanecieron cerradas durante más de dos décadas.
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