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El Gobierno y la disidencia de las antiguas FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), firmaron el Acuerdo No. 12, mediante el cual se comprometen a la entrega, verificación y destrucción progresiva del material de guerra que esa organización aún mantiene en su poder.
El acuerdo, que ya se había anunciado el pasado 25 de mayo cuando se dio a conocer que el grupo se trasladará a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), contempla un procedimiento técnico, verificable y progresivo para eliminar 13,5 toneladas de material de guerra entre explosivos, municiones, artefactos improvisados y demás componentes bélicos considerados un riesgo para las comunidades y el entorno.
“La CNEB presentó un inventario preliminar que contempla aproximadamente 13.5 toneladas de material de guerra, 9 toneladas ubicadas en Nariño y 4.5 en Putumayo”, se dijo en el comunicado de prensa.
La ejecución técnica estará exclusivamente a cargo de la Fuerza Pública, bajo estándares internacionales de seguridad y con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA).
“Como medida de construcción de confianza se firma el presente acuerdo, mediante el cual se establecen unas reglas generales para la entrega y destrucción de material de guerra que se realicen en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz, cuyo desarrollo operativo se rige bajo el “Protocolo sobre el proceso de destrucción del material de guerra”. Este acuerdo será aplicable en todas las ocasiones que se requiera realizar una entrega y destrucción de material de guerra, cada una de las cuales contará con una hoja de ruta operativa específica”, dice el documento dado a conocer este sábado.
Un proceso de cinco etapas
El acuerdo establece cinco fases: activación operativa, entrega y verificación del material, custodia y transferencia técnica, destrucción técnica, y evaluación. Cada una de ellas será registrada mediante actas técnicas firmadas por las partes y observadores internacionales.
Además, el proceso se regirá por principios como la dignidad humana, buena fe, transparencia, seguridad integral y rigurosidad técnica, con posibilidad de ajustes menores, según las lecciones aprendidas.
Se prevé también que, una vez destruido el material, la Fuerza Pública realice inspecciones técnicas para mitigar posibles riesgos de remanentes explosivos, protegiendo tanto a los habitantes como al medio ambiente.
Entre los compromisos generales acordados se encuentra la coordinación interinstitucional, la entrega de un inventario detallado del material de guerra, y la concertación de las zonas de recolección y destrucción.
La CNEB se compromete a no interferir en las labores operativas, a garantizar que sus representantes estén plenamente identificados y desarmados, y a suspender cualquier acción ofensiva durante el desarrollo del proceso.
Por su parte, el Gobierno deberá garantizar la seguridad física y jurídica de los representantes de la CNEB involucrados, así como llevar a cabo campañas de socialización con las comunidades en los territorios afectados.
El acto de entrega contará con un evento protocolario al que será invitado el presidente Gustavo Petro.
“Las delegaciones acuerdan realizar un evento protocolario del proceso de entrega, verificación y destrucción de material de guerra, con invitación al Presidente de la República”, dice el documento.
La Mapp-OEA, aunque no participará directamente en la manipulación ni traslado del armamento, será responsable de acompañar y elaborar un informe reservado sobre el proceso, que deberá ser presentado a la Mesa de Diálogos y citado en sus informes semestrales.
1/3 #AvanzaLaPaz | En el marco de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional-EB, se firmó el Acuerdo #12 denominado “Entrega, Verificación y Destrucción Progresiva de Material de Guerra” y el “Protocolo sobre el Proceso de Destrucción del Material… pic.twitter.com/U7H41j1Uhy
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) July 19, 2025
Según lo pactado, cada entrega será planeada de acuerdo con las condiciones territoriales, climáticas, sociales y logísticas, y se espera que sirva como antesala al tránsito definitivo de los combatientes hacia la vida civil.
En el contexto de un proceso de paz aún frágil y fragmentado, este acuerdo busca fortalecer la confianza entre las partes, prevenir nuevos ciclos de violencia y avanzar en la construcción de condiciones reales para la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado.
El documento no se refiere al acuerdo anunciado el pasado 25 de mayo sobre la creación de Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo.
“Las delegaciones coinciden en la necesidad de avanzar en la construcción gradual de la transformación de los territorios (...) Para tal efecto, se pondrá en marcha una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal que iniciará en el área rural del municipio de Roberto Payán, Nariño, y en áreas por definir en el departamento de Putumayo, y gradualmente en otras áreas de presencia de la CNEB", dice uno de los acuerdos.
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