Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este viernes 5 de diciembre culminó en Doha, Catar, la segunda ronda de diálogos del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la mayor estructura armada del país con casi 9.000 integrantes-.
A través de un video transmitido por la cadena Al Jazeera se dio a conocer un acuerdo de cuatro puntos, entre los que se destaca la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba
“Crear tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba) para la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de combatientes del EGC en cada una de éstas”.
El documento dice que se expedirá un acto administrativo de constitución de las ZUT, con la definición concreta de los lugares rurales específicos y determinados de ubicación de las ZUT. Al Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño se le entregará el listado inicial de combatientes que ingresarán a las ZUT por el EGC. “Este listado será complementado de manera progresiva e incremental”, dice el documento.
Además, dice el acuerdo, se adoptarán medidas para “brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes” durante el tránsito hacia las ZUT, incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición".
Así mismo se deberán definir los protocolos correspondientes al “funcionamiento; seguridad; logística; ruptura; tránsito; seguimiento, monitoreo y verificación; resolución de controversias; comunicaciones; material de guerra; pedagogía; y otros que se consideren necesarios, antes del 3 de febrero de 2026″, dice el acuerdo.
Ampliación de los lugares para acciones piloto
El acuerdo amplió la zona donde se implementarán las acciones piloto para avanzar en la fase de construcción de confianza. Estas medidas ahora también se aplicarán en Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar), con el objetivo de extender los compromisos pactados y garantizar su implementación con enfoque territorial.
La ampliación complementa el plan piloto definido en el ciclo anterior, cuando se seleccionaron los primeros cinco municipios para iniciar esta fase de confianza: Mutatá (Antioquia), y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó).
El pasado 5 y 6 de noviembre, el Gobierno instaló en Acandí y Riosucio los dos primeros grupos municipales de trabajo por la paz territorial, definidos durante el primer ciclo de diálogos con el Clan del Golfo en Doha. Con estos grupos se busca articular acciones para la transformación del territorio y el desescalaniento de las violencias.
Los grupos están conformados por autoridades locales; organizaciones campesinas y de mujeres; comunidades indígenas y afrodescendientes; población LGBTIQ+; empresarios; medios comunitarios y sectores culturales, que trabajan junto a delegaciones del Gobierno y del EGC.
Mecanismo de Verificación y pedagogía
El otro punto del acuerdo es que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) será parte de un mecanismo tripartito y “tendrá el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos y también “impulsará las gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios” para ello.
Ese Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación se instalará el próximo 18 de diciembre de 2025.
Los Grupos de Trabajo Municipal (GTM) definidos en la Declaración de Doha del 18 de septiembre de 2025 también tendrán que “preparar las condiciones logísticas y administrativas de las ZUT” e incluso pueden conversar sobre la posibilidad de crear nuevas Zonas de Ubicación “atendiendo a principios de gradualidad y progresividad”.
Así mismo, deberán definir las condiciones progresivas para contribuir tempranamente “a la satisfacción de los derechos de las víctimas a partir del ingreso a las ZUT”.
En los acuerdos se reitera la invitación a la Fiscalía para informar sobre los avances del mecanismo especial de priorización de denuncias por infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “solicitado por los grupos de trabajo de este proceso sociojurídico en la Declaración de Doha del 18 de septiembre de 2025”.
El documento establece que el Clan del Golfo deberá adelantar labores pedagógicas dentro del grupo armado sobre los compromisos del proceso de paz y definir –antes del 3 de febrero de 2026–, así como los protocolos operativos: seguridad, logística, seguimiento, verificación, resolución de controversias, comunicaciones y manejo de material de guerra.
Acciones humanitarias para los presos
Él último punto del acuerdo es que tanto el Gobierno de Colombia, como la MAPP/OEA y los representantes del EGC se comprometieron a adelantar “las acciones humanitarias necesarias para conocer las condiciones de salud y dignidad de las personas” que pertenecen al Clan del Golfo y que están “recluidas en centros penitenciarios y carcelarios del país y del exterior”, al hacer parte integral del proceso de conversación sociojurídico.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.