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“Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Seguimos esperando que el Eln venga y nos explique por qué pasaron las cosas. Al Estado le pedimos que no se olviden de nosotros”. Son palabras de Maribel Agualimpia Perea, habitante de Machuca, en el municipio de Segovia (Antioquia), al recordar que el 18 de octubre de 1998 su pueblo fue arrasado por el fuego, durante un incendio que se desató luego de que guerrilleros del Eln dinamitaran un tramo del oleoducto Central de Colombia.
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Han pasado 19 años de ese doloroso hecho que causó la muerte de 84 personas y redujo a cenizas más de 100 casas de Machuca. Su gente se niega a olvidar lo que sucedió aquella madrugada, minutos después de que la compañía Cimarrones, del frente José Antonio Galán del Eln, explotara el oleoducto. El petróleo corrió por las aguas del río Pocuné y provocó la conflagración. Con una eucaristía en el cementerio local, autoridades del pueblo y familiares de las víctimas recordaron lo sucedido, sin dejar de exigir reparación y verdad.
Paradójicamente, como hoy que el Eln sostiene un pacto de cese al fuego, en aquella época este grupo guerrillero intentaba abrir camino a un proceso de paz, que en el gobierno Samper había dejado los acuerdos de Viana (España) y Maguncia (Alemania), y trataba de afianzarse, un mes después de la posesión de Andrés Pastrana. Como era obvio, después de la tragedia de Machuca, los diálogos entre el Eln y el Gobierno se agrietaron, y aunque hubo promesas de ayuda a la población, con el paso del tiempo fueron olvidadas.
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“Después de 19 años, este pueblo sigue olvidado. Aquí todavía hay víctimas que no han sido reparadas. Ahora que renace la esperanza de una negociación entre el Eln y el gobierno Santos, debería dársele prioridad a esta comunidad y que los machuqueños podamos superar nuestro dolor”, resaltó Carmen Ramírez, inspectora de Policía de Machuca, también llamada Fraguas, un pueblo ubicado a unos 250 kilómetros de Medellín, a poca distancia de Segovia, en el nordeste antioqueño, donde la violencia dejó secuelas imborrables.
En esa misma región, desde finales de los años 80, grupos guerrilleros y paramilitares, más la activa presencia de las fuerzas estatales, protagonizaron una dura confrontación con terribles efectos para la población civil. Basta recordar la masacre de Segovia, el 11 de noviembre de 1988, cuando un comando de la casa Castaño masacró a medio centenar de pobladores. Diez años después, en octubre de 1998, el nombre de Segovia volvió a ocupar los titulares de los diarios con malas noticias, esta vez por la tragedia de Machuca causada por el Eln.
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Los sobrevivientes del incendio insisten en que quieren hablar con el Eln para que les expliquen lo que la organización guerrillera ha llamado un error. “Queremos desahogarnos. Su perdón nos tranquilizaría un poco, porque quedaron muchos hijos huérfanos y perdimos muchos amigos y familiares”, insiste Maribel Agualimpia. La inspectora Carmen Ramírez la secunda, y manifiesta que Machuca debe ser tenida en cuenta en todas las decisiones y acuerdos a los que se lleguen con el Eln, como una forma de reparar y hacer memoria.
El pasado 3 de octubre en Quito (Ecuador), en el marco del lanzamiento del libro Machuca, del periodista y escritor irlandés Gearóid Ó. Loingsigh, el máximo comandante del Eln, Pablo Beltrán, abordó tangencialmente el tema. “Nosotros hemos hecho contacto con las víctimas, queremos hablar con ellas, escucharlas y que nos escuchen, queremos asumir responsabilidades, aunque tenemos una tesis contraria a la del Gobierno”, expresó el jefe insurgente, con un comentario que conserva las dudas históricas que dejó el caso Machuca.
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En ese sentido se contextualiza el libro del periodista irlandés, quien vivió varios años en Antioquia y fue testigo de la violencia. En su criterio, “hoy Machuca es un pueblo olvidado, en medio de la nada, donde uno de los grandes cambios fue que los paramilitares reemplazaron a la insurgencia, la pobreza y el abandono siguieron igual y poco o nada de lo prometido apareció”. Ó. Loingsigh sostiene que la autoría material del Eln está fuera de duda, pero las responsabilidades del Estado y la empresa Ocensa nunca se han aclarado del todo.
Cierto o no, la polémica histórica sobre las responsabilidades en Machuca sigue abierta, mientras su gente, la mayoría dedicada a la explotación aurífera artesanal, sigue esperando la mano del Estado y las explicaciones de la insurgencia. Entre tanto, como todos los 18 de octubre, hubo una marcha desde el colegio hasta el cementerio, ofrendas florales y más de 500 personas cantando, orando o exteriorizando reclamos y peticiones, para recordar a sus amigos y familiares ausentes por un incendio absurdo.