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El Gobierno Nacional y Comuneros del Sur —el frente que se separó del ELN en 2024— cerraron este 31 de enero en Pasto (Nariño) la octava sesión de la Mesa para la Co-construcción de Paz, como se le denominó a ese proceso de paz. El encuentro dejó acuerdos sobre el respeto al proceso electoral, la transformación territorial en los diez municipios priorizados por la mesa y avances para definir la ubicación de los integrantes de esa estructura armada en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Mallama.
A casi un mes de las elecciones legislativas, cobra especial relevancia el Acuerdo 12 sobre elecciones firmado por las partes. En ese punto, Comuneros del Sur —que opera desde hace más de tres décadas en Nariño— se comprometió a garantizar condiciones para el ejercicio libre de los derechos políticos en los territorios priorizados.
Según el comunicado conjunto, las delegaciones reafirmaron su voluntad de “generar un clima de paz, seguridad, confianza y participación democrática” y el grupo armado acordó “no interferir en actividades de proselitismo político ni promover o inducir el voto por ninguna candidatura”.
El Ejecutivo, por su parte, asumió compromisos orientados a fortalecer las garantías electorales. De acuerdo con el documento, el Gobierno acordó garantizar la seguridad en los territorios, “promover la participación electoral, apoyar iniciativas de cedulación en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y adoptar medidas preventivas frente a la estigmatización de comunidades, liderazgos sociales y actores políticos”, dice el documento.
Otro de los puntos centrales abordados en la sesión fue el avance en las zonas de concentración para el tránsito de los integrantes del grupo hacia la vida civil. El pasado 19 de noviembre, el Resguardo Indígena Gran Mallama cerró formalmente la consulta previa para la instalación de la ZUT en ese territorio, donde se concentrarán miembros de Comuneros del Sur.
📄#Comunicado | Sobre la Octava sesión de la Mesa para la Co- Construcción de Paz Territorial en Nariño, en la cual se consolidaron avances sustantivos para la paz territorial, la transición de Comuneros del Sur hacia la ciudadanía plena, el fortalecimiento de la democracia y la… pic.twitter.com/8FW8rsXkcz
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) February 1, 2026
Según el comunicado, a ese avance se sumó la firma de nuevos instrumentos: “las delegaciones firmaron los protocolos VI y VII, correspondientes al funcionamiento de la ZUT y al desplazamiento de Comuneros del Sur hacia esta”, pasos que –señala el texto– permiten seguir avanzando en la construcción de paz en la región.
Apuestas territoriales
El proceso con Comuneros del Sur se ha caracterizado por su enfoque local porque no busca una negociación nacional ni una transformación estructural del conflicto armado, sino una salida específica para un actor con arraigo territorial delimitado.
En ese sentido, el documento también menciona compromisos en sustitución voluntaria de economías ilícitas para la transformación territorial. “La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) seguirá avanzando en los municipios de Samaniego, Ricaurte y Santa Cruz, con la meta de lograr la sustitución de más de 900 hectáreas en el primer semestre del 2026”, dice el comunicado. Además, esa entidad iniciará acciones de sustitución voluntaria en Cumbal, en zona de frontera con Ecuador, como parte de una estrategia integral de alternativas económicas legales y sostenibles.
En el encuentro también hubo espacio para que el Ministerio de Minas y Energía presentara la hoja de ruta para la puesta en marcha de tres Distritos Mineros en Nariño, una apuesta que busca la reconversión productiva y el tránsito hacia economías legales. “La hoja de ruta acordada con la Gobernación de Nariño contempla desde un enfoque participativo, el ordenamiento de la actividad minera, la formalización y acciones para la generación de riqueza para el territorio”, dice el comunicado.
Por su parte, la delegación del Gobierno expuso su visión del modelo de Justicia Restaurativa Relacional que se implementa en el marco del proceso, con miras a alcanzar acuerdos de corto plazo que fortalezcan la reparación de las víctimas y la reconstrucción del tejido social.
Aunque el impacto del proceso con Comuneros del Sur es limitado, se perfila como uno de los que sí podría dejar resultados concretos antes de que termine el mandato de Gustavo Petro.
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