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Los últimos días en la región de Catatumbo confirman un recrudecimiento de la guerra entre el ELN y el frente 33 de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), al mando de “Calarcá Córdoba”, en una escalada de violencia que durante abril ha combinado ataques con drones, secuestros de menores, bombardeos del Ejército y homicidios.
Además, la masacre ocurrida este domingo en la que fueron asesinadas cuatro personas en el barrio El Zulia también muestra que las confrontaciones entre ambos grupos armados se han empezado a extender a la zona urbana.
El consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, dice que estos hechos podrían evidenciar un cambio en la estrategia de los grupos armados. “En la zona urbana hay “outsourcing” de ellos, es decir, hay 17 bandas criminales que comienzan a disputarse el narcotráfico y la presencia y el control territorial”, explicó a Colombia+20.
Incluso, aseguró que ya hay movimientos concretos en barrios de la ciudad. “La inteligencia del ELN está en Cúcuta, ellos están moviendo los barrios, están sacando a la gente”, señaló.
El comandante de la Policía de Cúcuta, Fabio Ojeda, afirmó a Caracol Radio que hay informes que señalan que los enfrentamientos se están desplazando a la zona urbana y que se han registrado “muertos tanto del frente 33 como del ELN”.
El modus operandi de las últimas muertes, incluida la masacre del fin semana, ha sido el mismo y responde a una lógica de control territorial y confrontación directa. “Los grupos están revisando los celulares de todas las personas, hacen preguntas y, en el caso de la masacre, como no dejaron ver los teléfonos, los asesinaron ahí en el lugar”, explicó.
Esa versión coincide con la del comandante Ojeda. “Se bajan, les solicitan los celulares a unas personas que estaban en un billar, dos se negaron y los ultimaron con pistola”, afirmó, y agregó que luego fueron a otro punto del municipio en donde repitieron la estrategia.
La secuencia de hechos en abril muestra una intensificación sostenida del conflicto.
La primera semana de este mes, en zona rural de Tibú, el ELN secuestró en un retén ilegal a Yormai Contreras, un menor de 16 años. La Defensoría se pronunció sobre ese caso y exigió la liberación inmediata, que hasta ahora no se ha dado.
A mediados de la semana pasada el alcalde de Tibú, Richar Claro, volvió a encender las alarmas, cuando denunció el secuestro de otros seis menores. Claro también se refirió al tema de desplazamiento, un delito que sigue ocurriendo en el territorio.
El pasado 2 de abril el ataque de un dron -una práctica que se ha hecho sistemática en esa región- a una vivienda en la vereda La Paz, en el municipio de El Tarra, provocó el desplazamiento de una familia donde había dos menores de edad y una mujer embarazada.
Un ataque similar ocurrió el 7 de abril, en el mismo municipio, pero en el caserío Cuatro Esquinas. En ese hecho fueron incendiadas las casas. Al menos cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, a causa de los explosivos lanzados desde los drones.
De acuerdo con los últimos datos del Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el inicio de la crisis humanitaria, en enero de 2025, 22.570 personas han sido desplazadas de Catatumbo y permanecen en tres albergues.
Asimismo, 5.522 personas permanecen confinadas, la mayoría en Teorama (5.000) y otras 522 en San Calixto, así como se han dado 435 evacuaciones.
A los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 se suman los operativos que viene adelantando el Ejército en esa zona. El domingo pasado se registró el segundo bombardeo contra el ELN en Catatumbo -el primero fue el pasado 4 de febrero-.
Según el consejero Niño, esos bombardeos llevaron a otro desplazamiento masivo. “Unos 40 o 50 núcleos familiares que agrupan unas 300 personas, entre niños, jóvenes y adultos, empezaron a llegar a Tibú y a El Tarra de veredas como Pacheli, Caño Indio, La selva y Campo Dos”.
Piden diálogo regional
En medio de la escalada, las autoridades locales han insistido en la necesidad de abrir un canal mínimo de diálogo con los grupos armados, enfocado exclusivamente en aliviar la crisis humanitaria.
“Nosotros le solicitamos a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz que nos autorizaran un diálogo regional con el grupo armado, Iglesia, autoridades y sociedad civil para hacer unos mínimos humanitarios”, explicó Niño.
La propuesta no busca negociaciones de fondo, sino medidas urgentes para la población civil. “Queremos que a esos niños que se llevaron nos los entreguen, que podamos sacar a los heridos y pedir el no uso de drones en las casas de los civiles”, dijo Niño.
Aunque la propuesta se realizó desde hace varios meses, hace 20 días las autoridades de Norte de Santander le insistieron al Gobierno Nacional, pero hasta ahora no hay una respuesta concreta. “Nos dicen que eso está avanzando en la oficina del consejero comisionado, esperemos que no lo saquen el 7 de agosto cuando ya sea tarde”, afirmó.
Tras 15 meses del inicio de la crisis en Catatumbo, la violencia no solo no ha cedido, sino que muestra nuevas formas de expansión y mayor impacto sobre la población civil. Mientras los enfrentamientos se intensifican, las autoridades locales siguen sin una respuesta efectiva que permita, al menos, contener la emergencia humanitaria.
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