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¿Los proyectos que el Estado considera estratégicos para la Nación deben primar por encima de los derechos de las víctimas? Sobre esta pregunta y otros interrogantes más, la alianza periodística entre la Agencia de Prensa IPC, Periferia Prensa y Enfoque de Oriente desarrolló cuatro entregas en las que ahondaron sobre casos puntuales en Granada, San Carlos y San Rafael, donde la resistencia comunitaria parece ser el único frente ante el trabajo de multinacionales que amparados en licencias ambientales han pasado por alto decisiones de restitución de tierras o modos propios de vivir de estos pueblos.
El sector minero-energético en el oriente de Antioquia es extenso. Entre las grandes, medianas y pequeñas hidroeléctricas en esta zona del país hay 15 proyectos en operación, dos más en fase de construcción y 19 autorizadas por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare), como escribieron en una de las entregas de la alianza multimedios. De hecho, el río Nare es uno de los afluentes a nivel mundial con mayor producción hidroenergética; algo que es fructífero para los intereses de las compañías, pero con efectos colaterales para las poblaciones vecinas.
Los periodistas que produjeron los contenidos en este trabajo mancomunado tuvieron en cuenta el contexto regional para seguirle el rastro a las coordenadas de los proyectos minero-energéticos en el Oriente antioqueño y al entender que varias de estas actividades interfieren en tantas vidas y tantos pactos hechos para personas que sufrieron desproporcionalmente la guerra, le dieron un análisis con varias voces y desde distintas orillas para evidenciar el costo de desarrollar licencias y permisos, en algunos casos, como instrumento para revictimizar.
Las hidroeléctricas en tierras de restitución
La alianza periodística entre la Agencia de Prensa IPC, Periferia Prensa y Enfoque de Oriente documentó que existen 85 sentencias de restitución cuyos predios están en el área de influencia de tres proyectos que están en operación: tres en la PCH El Popal, 80 en la PCH San Matías y dos en la PCH Alejandría.
A su turno encontraron que 600 solicitudes de restitución de tierras en veredas que hacen parte del área de influencia de estos proyectos: 256 en zonas donde ya están operando y 344 en lugares donde serían construidas las que tienen licencia ambiental. Es decir, hay arbitrariedad sobre el derecho de las víctimas.
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De hecho, como citan en su primera entrega con una entrevista al investigador Carlos Zapata, “Cuando estamos hablando de las víctimas, les están restituyendo un territorio privado. Hay que ver si una empresa se deja quitar tierras, así como así. Hágale eso a EPM, a ISAGEN, a ver qué reacción tendrían —plantea Carlos Zapata—. Pero porque son pobres y víctimas se tienen que aguantar entonces que les manoseen sus posesiones y su capital privado… la tierra es de ellos, entonces trátelos como propietarios, como tratarían a un industrial. Pero no le impongan sus criterios a la gente”.
La desazón prevalece. En la parte oriental de Antioquia tienen la sensación de que jamás pidieron hidroeléctricas y el hecho de su existencia ha opacado los ánimos de las víctimas por ser reparadas. Dicen que mientras vean pasar desarrollo en cables de energía, les arrancan las pocas raíces que los siguen atando a su territorio.
La lenta reparación en Granada
A lo largo de la vereda Malpaso, zona rural del municipio de Granada, los habitantes que son víctimas de la guerra creen que prevaleció el deseo de hacer crecer la hidroeléctrica que instaló la Sociedad Energía Nacional que pensar en sus derechos colectivos.
Víctimas del municipio exigieron medidas de reparación ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el 2013, y desde el 2014 la entidad empezó a fallar a su favor. La entidad otorgó y reconoció la titularidad de la tierra, y del 2019 en adelante financió proyectos productivos de ganadería, gallinas, café, pancoger y árboles frutales. Sin embargo, hubo temas que quedaron a medias y que hasta la fecha no terminan de saldar.
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Contrario ha sucedido con el desarrollo de la hidroeléctrica que acapara la cotidianidad de la gente que quiere cambios reales y de fondo para sus vidas. Allí la gente se acostumbró a escuchar que el proyecto hidroeléctrico, por más de que trastoque tierras para ser restituidas, siempre responda que su actividad empresarial “se hace porque se hace”.
Si bien la URT ha restituido o formalizado predios en casi la mitad de las veredas de Granada, la calidad de vida en los hogares de las familias en Granada sigue estando en vilo. El agua no les ha faltado jamás; ni en medio de la adversidad por la violencia. El deseo ahora es que no se vaya por un proyecto que según ellos no les trae desarrollo sino dudas.
Las familias sancarlitanas que quieren salvar el río Samaná
A San Carlos, la violencia paramilitar de los años noventa le siguió la llegada de multinacionales minero-energéticas que vieron en esta zona geográficamente privilegiada una lotería ganada para producir dinero.
Con el deseo de controlar el destino del río Samaná (último afluente libre de hidroeléctricas en esta zona del país), comenzó una lucha de las empresas con comunidades pesqueras y mineras locales que en esas aguas no querían saber nada del proyecto Provenir II, que en idas y vueltas con el otorgamiento de licencias ambientales y posteriores denegaciones por parte del Consejo de Estado, le quitó la tranquilidad al pueblo.
En contexto: Las 33 familias que están salvando a Samaná, último río “libre” de hidroeléctricas
Vecinos como Blanca Arias, Javier Gallo y otros voceros más de víctimas han jugado su integridad para que los derechos de quienes perdieron casi todo en la guerra sean respetados. Poco a poco lo han conseguido y por eso el Samaná sigue libre de represas; sin embargo, siguen en la lucha porque saben que un proyecto de esta magnitud desplazaría a al menos una treintena de familias que en el conflicto fueron sacadas de sus hogares, vulnerados e irrespetados de muchas formas. El Consejo de Estado tendrá la última palabra sobre este caso, pero la dignidad y la fuerza la ponen ellos, las familias de San Carlos.
PCH Churimo vs. Restitución en San Rafael
Las hidroeléctricas llegaron primero que los mecanismos de reparación a San Rafael. A pesar de existir sentencias de restitución de tierras en esta zona de Antioquia, ha prevalecido el interés de compañías como Clear Water S.A.S., la cual ha trabajado el proyecto PCH Churimo y enviado el mensaje de que el desarrollo de su actividad puede estar por encima del deseo de las víctimas del conflicto.
Como documentan en la alianza periodística, “primero llegaron los proyectos hidroeléctricos que la restitución de tierras. Lo mismo sucedió en San Luis, en donde en 2016 inició el desminado solo en la vereda La Cumbre y el corregimiento El Prodigio, porque estaban en el área de influencia del proyecto Porvenir II, que pretende represar el río Samaná Norte”. Hay solicitudes y sentencias de restitución activas y nada de eso ha importado para poner a las víctimas en el centro.
Sobre el caso: Primero llegaron las hidroeléctricas que la restitución de tierras a San Rafael
La fe no se va de las familias que viven cerca de Churimo. Su anhelo está en verse plenamente restituidos, sin hidroeléctricas cerca de sus hogares y con hijos que quieran regresar al territorio para nunca más irse.