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Un entramado de vínculos parece mostrar una red en la que estarían altos funcionarios del Estado, entre ellos un general del Ejército y un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, con jefes de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba y con el que el Gobierno de Gustavo Petro tiene una negociación de paz.
Entre los elementos más sensibles encontrados aparece una propuesta del general (r) Juan Miguel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal –un área que nombra, retira y ordena traslados de cualquier integrante del Ejército, entre otras funciones-, a los disidentes para crear una empresa de seguridad aparentemente legal que permitiría a ese grupo armado movilizarse en vehículos blindados, portar armas con permisos y estructurar una fachada que les diera margen de maniobra dentro de la legalidad.
“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque ha llegado el momento en que todos estos procesos fallen y quedamos con hombres legales", dice una de las cartas reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y fechada el pasado 8 de febrero de 2024.
Y agrega: “El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que el primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles. También me presentó los hombres que le ayudarán con los permisos para montar la empresa de seguridad”.
Los documentos revelados por el noticiero -que incluyen chats, cartas, fotos, correos y documentos internos y confidenciales de la fuerza pública-, fueron encontrados en las inflitraciones a computadores que les fueron incautados a Calarcá y a sus hombres el pasado 23 de julio cuando se dio la captura del jefe disidente y otros miembros del EMBF en operativo en Anorí, Antioquia.
En contexto: Polémica por uso de camionetas de UNP por disidentes de FARC con orden de captura
Esa captura no estuvo exenta de polémica porque en virtud del proceso de paz, algunos miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frente sí podían movilizarse en esos vehículos. Sin embargo, había personas dentro de los carros, que además eran de la Unidad Nacional de Protección que tenían órdenes de captura vigente y, por tanto, no podían estar dentro de esos vehículos.
Los documentos incautados, según el noticiero, llevan más de un año en manos de la Fiscalía sin avances judiciales.
Consultado por Noticias Caracol, Huertas negó cualquier vínculo con las disidencias y aseguró que nunca se ha reunido con sus integrantes ni ha intervenido en procesos para crear empresas de seguridad.
Funcionario del DNI también es mencionado en los documentos
El otro hombre que aparece mencionado en los archivos encontrados en el computador de las disidencias es Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con Noticias Caracol, varios testimonios apuntan a que es el verdadero poder en la sombra en esa dirección.
Mejía aparece mencionado junto al general Huertas en la propuesta sobre cómo montar una empresa de seguridad fachada en Colombia.
Noticias Caracol entrevistó a uno de los disidentes de las FARC, quien habló desde el anonimato, dijo que a través de ambos hombres había obtenido información clasificada sobre operaciones y movimientos de la Fuerza Pública en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar.
La filtración habría servido para que los insurgentes esquivaran controles y emboscadas, y garantizaran su movilidad sin sobresaltos.
En una de las comunicaciones, los hombres de Calarcá cuentan que oficiales del Ejército, supuestamente coordinados por Huertas y Mejía, entregaron códigos de frecuencias radiales a las disidencias, un nivel de vulneración que no tiene precedentes recientes en la seguridad estatal.
En los chats incautados aparecen menciones también a Iván Mordisco, jefe de otra disidencia, el Estado Mayor Central, que justamente se separó de la de Calarcá.
En los chats, Mordisco habla de presuntas pruebas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.
Según el chat donde aparecen conversaciones entre Mordisco y Yeison Ojeda, conocido como Danilo Alvizú al que el Gobierno nombró representante de la mesa en una resolución del pasado 21 de noviembre.
En los chats afirman: “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tienen para que analicen sin fatigarse, con cabeza fría, mano”.
En otro chat, Mordisco indica: “Yo tengo ganas de tumbar a Petro... Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayimbú lo tumbamos. Esas pruebas están”.
Ante estos señalamientos, la vicepresidenta Márquez respondió al noticiero que su campaña fue genuina y transparente y que nunca se ha reunido con criminales.
Noticias Caracol aclara que no tuvo acceso a tales pruebas, solo a las conversaciones donde se mencionan.
El empresario chino
A este entramado se suma la presencia de un empresario de origen chino, identificado como Jixing Xhang, que aparece fotografiado en campamentos insurgentes en Catatumbo, Caquetá y sur de Bolívar.
Según las conversaciones reveladas por Noticias Caracol, este ciudadano ofrecía inversiones en proyectos agrícolas y acompañaba montajes de talleres de armas. También habría facilitado la adquisición de equipos industriales de origen chino y servido como contacto en la compra de armamento. Habitantes de la zona, consultados por el noticiero, confirmaron que el hombre se presentó como inversionista interesado en proyectos locales.
No es la primera vez que la DNI se ve envuelta en una polémica con la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). En mayo pasado, se conoció que Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, quien ocupa un rol clave en el Frente 33, fue capturado por la Fiscalía con fines de extradición, pero en lugar de ser recluido en la cárcel La Picota, permaneció 55 días en un apartamento en Bogotá, custodiado por la DNI, que no tiene competencia formal de policía judicial.
En contexto: Disidente capturado y pedido en extradición estuvo 55 días en un apartamento, no en prisión
El proceso de paz con la disidencia de Calarcá se reactivó el pasado viernes cuando se terminó el séptimo ciclo de negociaciones. Las partes acordaron seis puntos que apuntan a un eventual desescalamiento.
Entre los compromisos están la no incorporación de menores a filas, el acceso a tierra y un pacto para garantizar condiciones electorales de cara a 2026.
En ese mismo ciclo participó John Mechas, comandante del Frente 33 y también objeto de una orden de extradición por parte de Estados Unidos, que suscribió los acuerdos territoriales y de participación política.
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