Lo que sabe de la publicación del informe de ONU sobre cultivos de uso ilícito en Colombia

Las organizaciones sociales aseguran que el Gobierno de Gustavo Petro no atendió oportunamente la crisis cocalera.

Foto: Laura Zuleta

Las tensiones alrededor de la cifra de cultivos de uso ilícito y de producción de cocaína en el país en 2024 que se conocerán cuando se publique el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) han generado dudas sobre si el documenta verá o no la luz este año.

La UNODC anotó que las mesas técnicas entre el Gobierno colombiano y ese organismo continúan trabajando en la elaboración del informe y que el documento aún no tiene una fecha definida de publicación por lo que no se puede hablar de retrasos, sino que esto obedece a procesos de desarrollos metodológicos que son propios del reporte.

La ausencia de un cronograma oficial no es inusual en este tipo de documentos de UNODC. En años anteriores, la publicación se ha dado en distintos momentos del año. Sin embargo, sí se había hablado de que el informe se daría a conocer antes de que acabara el 2025.

Por ahora, según lo que pudo establecer este diario, no existiría una directiva del Gobierno para no sacar el informe y el documento sigue en revisión técnica y metodológica, en un proceso que se mantiene abierto entre las partes.

Colombia+20 intentó comunicarse con el Ministerio de Justicia para conocer su postura sobre el informe y su eventual publicación, pero hasta el momento esa cartera no respondió.

Los choques con el Gobierno

El contexto del informe está marcado por una creciente tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y las cifras que tradicionalmente presenta la ONU. A finales de octubre, el presidente se adelantó a la publicación oficial del reporte y reveló estimaciones preliminares según las cuales los cultivos de hoja de coca habrían crecido alrededor de un 3 %, alcanzando cerca de 262.000 hectáreas.

Petro insistió en que esas cifras deben leerse con cautela y diferenciar entre áreas efectivamente productivas, zonas abandonadas y territorios en proceso de sustitución. Además, puso en duda la metodología usada por la ONU durante los últimos 20 años. Ese adelantamiento, sin que exista aún un informe final publicado, dejó en evidencia el malestar del Gobierno con la forma en que se presentan y se interpretan los datos sobre cultivos ilícitos.

Su mensaje tuvo varias respuestas, entre ellas la del investigador Daniel Mejía Londoño, especializado en temas de seguridad y política antidrogas, quien le dijo: “Presidente: Naciones Unidas no contabiliza en su medición de hectáreas cultivadas los territorios donde el cultivo de coca ha sido abandonado. No es cierto entonces que dentro de las 262 mil hectáreas que usted revela que había en 2024, estén contabilizando las 80 mil abandonadas”.

La controversia se ha profundizado con la discusión sobre la producción potencial de cocaína, particularmente con la cifra cercana a 3.000 toneladas, que publicó El País de España el pasado 17 de noviembre. De confirmarse, el dato supondría un aumento del 12,6% respecto al año anterior.

Las cifras sobre cultivos de uso ilícito no solo permiten dimensionar —y calificar— la política antidrogas del Gobierno colombiano, sino que ya tienen efectos directos en el plano internacional.

Tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, los datos que arroje el informe de la ONU podrían profundizar el frente abierto entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, que mantienen posturas abiertamente distintas sobre la estrategia de lucha contra las drogas y el alcance de las mediciones sobre cultivos y producción de cocaína.

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