Una grave preocupación por la expansión de grupos armados ilegales y, en contraste, avances importantes en la búsqueda de soluciones al conflicto y la violencia tanto en ciudades como en zonas rurales. Esos fueron dos de los panoramas que se registraron durante el primer semestre de 2023, y que fueron recogidos por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que lanzó este miércoles desde Washington su trigésimo quinto informe periódico del secretario general al Consejo Permanente.
En el documento se hace un análisis de enero a junio en materia de Paz Total, dinámicas de grupos armados, avances en la construcción de paz en el país, y hallazgos y recomendaciones para que el Estado colombiano cumpla la defensa de derechos humanos frente a sus pobladores que más han vivido una violencia armada que parece incesante.
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“En el periodo informado los grupos armados afianzaron su presencia y expandieron su control en diversos territorios del país”, aseguró Roberto Menéndez, jefe de la MAPP OEA en Colombia. No obstante, esta misión, próxima a cumplir dos décadas en el país y con extensión de su mandato hasta 2025, nuevamente le dio un espaldarazo a la Paz Total y sus estrategias de diálogo para desmantelar o negociar con los grupos ilegales.
Asimismo, frente a condiciones de seguridad en las periferias del país, este organismo destacó la formulación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. La referencia a esto es clave, pues esa política además de impulsar los esfuerzos de la Paz Total es un avance en la implementación del Acuerdo de La Habana.
Las alertas del informe
Sin embargo, además de la expansión de los grupos, hubo varias otras sombras señaladas por la MAPP-OEA, objeto de evaluación para ver cómo va la paz en el país. Como se lee en el informe, en zonas donde los grupos armados ilegales consolidaron su poder “sin que existan disputas entre ellos”, se mantuvieron las afectaciones a civiles y, agregan, a “la limitación al ejercicio de la misionalidad de algunas instituciones locales, como ocurrió en regiones de Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander”.
También esta misión aseguró que los grupos armados “afianzaron su presencia y, en algunos casos, expandieron su control territorial, generando desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, homicidios, masacres, secuestros y extorsiones a la población civil en Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo”.
En ese periodo, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023, los crímenes mayormente perpetrados por parte de estos actores armados fueron los homicidios, el reclutamiento forzado de menores de edad, las amenazas, los secuestros, las extorsiones, el uso de artefactos explosivos y el desplazamiento forzado, aunque este último, como citan, presentó una disminución del 58 % frente a los mismos meses de 2022.
En Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle se concentraron la gran mayoría de disputas entre grupos armados ilegales.
Lea aquí el informe semestral:
Por otro lado, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander encabezaron las afectaciones a civiles con imposición de paros armados y otras restricciones a su movilidad. Mientras que Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Meta agruparon, según MAPP-OEA, la utilización de publicidad y formas varias de coacción para “obtener apoyo a favor de los distintos acercamientos con el Gobierno Nacional”.
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Este panorama habla de una urgencia de llegar al fin del conflicto con los grupos armados para pacificar territorios. El accionar de estas formas de violencia sólo se pueden mitigar con gestos reales de buena voluntad y cumplimiento de pactos de no agresión, especialmente frente a temas de cese al fuego.
Sobre este punto, desde la capital estadounidense, el jefe de la MAPP-OEA en el país, Roberto Menéndez, invitó a pensar y reaccionar de cara a los flagelos que viven los civiles que encaran la violencia armada. Según él, un mejoramiento a sus condiciones de vida es algo impostergable y donde “se destaca la necesidad del respeto a las formas autónomas de organización de las comunidades, la incorporación en los ceses al fuego de definiciones concretas y puntuales de los actos prohibidos contra civiles”.
La Paz Total está tan presente en este informe que no es fortuito que siete de sus 16 recomendaciones estén dirigidas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), instancia que maneja los hilos para las negociaciones y diálogos sociojurídicos con estructuras armadas no estatales.
Los llamados están en clave de que esta estrategia del Gobierno Petro funcione, pero con garantías, participación y diálogo social.
Paz urbana y secuestros, entre las novedades
Los procesos de diálogos sociojurídicos para desmontar a las bandas criminales en Buenaventura, Medellín y Quibdó son la bandera de una paz urbana que quiere alcanzar el Gobierno Nacional.
Aquí no se negocia un proceso de paz como fue el de las FARC o el que cursa con el ELN, sino que se han armado estrategias para encontrar desde el diálogo y la búsqueda de oportunidades sociales futuras las formas para que estas estructuras no operen, se sometan a la justicia y no cometan más los crímenes barriales y comunales que han aterrado a sus municipios por años.
La MAPP-OEA mostró por primera vez en uno de sus informes semestrales un apartado dedicado a la paz urbana. Y entre sus hallazgos resaltan que en Buenaventura, por ejemplo, los acercamientos del Gobierno con las bandas en el puerto generaron una disminución del 24% de los homicidios; tendencia que se revirtió en los meses siguientes, pero que ahora con el anuncio de una extensión a la tregua entre Shottas y Espartanos hasta febrero de 2024 calmó los ánimos.
Contexto del año 2020: El informe semestral de la MAPP-OEA
En Medellín, a su turno, se determinó que este “proceso enfrenta retos como el tratamiento jurídico de crímenes internacionales, la injerencia y accionar de otros grupos armados ilegales en algunos de los barrios”.
La práctica del secuestro también es novedad dentro del informe. Este flagelo respondió de acuerdo a MAPP-OEA a señalamientos concretos hacia cierta población estigmatizada y usada como represalia contra liderazgos sociales que visibilizaron la ocurrencia de extorsiones “y la imposición de normas de comportamiento a las comunidades en las regiones del sur del Cesar, la cordillera de Nariño y el departamento de Arauca”.
Llamó la atención que frente a estos crímenes las gestiones para la liberación no fueran atendidas por las instituciones, sino que se realizaran a través de la mediación comunitaria con los actores armados responsables.
Colombia negocia varias paces en simultáneo frente a conductas criminales que no se han ido. El país no resiste más muertos ni poblaciones al filo del peligro, por lo que el gran llamado es a consolidar pasos de la Paz Total, incluir diálogos sociales y, como invita MAPP-OEA, articular a los nuevos mandatarios regionales a que entre su plan de gobierno esté el servicio hacia la reconciliación como apuesta.
Recomendaciones para la paz
El informe semestral de MAPP-OEA ahonda, además, en temas como la paz ambiental, paz carcelaria, afectaciones a pueblos étnicos, imposiciones de justicia de facto y sus afectaciones, reclutamiento forzado – principalmente de niños y niñas- y actividades conexas con el narcotráfico.
Sobre estos ejes parten una serie de recomendaciones en las que preponderan necesidades como: identificar zonas con minas o artefactos antipersonales, la desvinculación de niñez y adolescencia en lógicas de la guerra y en instar al Estado a actuar conforme a sus intenciones de detener la guerra que tiene con varios frentes armados ilegales.
Por ejemplo, MAPP-OEA sugiere que debe haber una “estrategia específica que permita la inclusión y respeto de las formas naturales y autónomas de organización de las comunidades, así como de sectores que podrían no estar representados en los procesos de participación derivados de la Paz Total”.
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En línea con esto, se plantea que debe ser menester la elaboración de agendas temáticas en clave de no repetición, que busquen seguridad jurídica para las víctimas y victimarios, “contemplen acciones concretas de carácter humanitario, generen escenarios de transición y logren superar los ciclos de violencia en los barrios y las comunas”, como se lee en el documento.
Esto no es sólo Paz Total. La seguridad también está atada, entre varias cosas más, al transcurso e implementación del Acuerdo de Paz con las FARC -que este mes cumple siete años de haber sido firmado-. Es por eso que otro pedido y recomendación desde esa misión es la de establecer una “instancia institucional con capacidad para liderar e integrar la política de Paz Total y los procesos de participación ciudadana y concertación derivados de la Reforma Rural Integral (punto 1 del Acuerdo de Paz), que logre direccionar los esfuerzos institucionales y la inversión para el desarrollo rural inclusivo”.
Hay luces y sombras aún. En el horizonte, el Estado colombiano en cabeza del presidente y su gobierno tienen a sus espaldas la responsabilidad de avanzar en lo que no va tan bien, en no olvidar la paz que ya se tiene, las que se quiere construir y no permitir que más colombianos sean más desplazados, amenazados, asesinados, despojados o perseguidos, al tiempo que la justicia transicional siga operando y que a los territorios retorne la esperanza.