Cuando Olivier Dubois llegó a asumir el rol de jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Bogotá en febrero pasado, se encontró con un país que ya no encuentra dónde guardar tanto sufrimiento. Colombia atraviesa la peor crisis humanitaria de la última década, marcada por una reconfiguración del conflicto armado, o de los conflictos armados, como el CICR prefiere llamarlos.
Dubois acumula 28 años de experiencia en la organización. Antes de asumir su cargo en Colombia, sirvió como jefe de la Delegación Regional para México y América Central, donde lideró la respuesta humanitaria del CICR en México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, y tuvo bajo su responsabilidad la estrategia de cooperación con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja en esa región.
Con esas casi tres décadas de experiencia en contextos de guerra en distintos rincones del mundo, el jefe del CICR habla con la cautela de quien ha visto que el dolor se repite bajo distintos nombres, fronteras y actores armados. Por eso evita comparar cifras entre países. Dice que hacerlo puede desviar la mirada de lo esencial, que son las consecuencias de la violencia sobre la población civil.
“Al final, lo que importa es el impacto sobre el niño, la niña, la mamá. Si tu familia está en un lugar en el cual hay presencia militar, hay enfrentamientos o un actor armado ha dejado artefactos explosivos en tu cultivo, el impacto es el mismo para ti que en otros lugares”, afirma.
En entrevista con Colombia+20, Dubois conversa, entre otras cosas, sobre el más reciente informe del CICR sobre Colombia, los límites de la respuesta humanitaria frente a los recortes presupuestales y el aumento de las violaciones al DIH en medio de la reconfiguración de la guerra.
¿Cuáles son esas afectaciones que más le preocupan en los focos de violencia que describe el informe?
Creo que el informe es claro en que no todo el territorio de la República está impactado. Hay una diferencia en la forma en la cual el conflicto impacta a diferentes departamentos. Y en 2025 el informe ha sido bastante claro en que Norte de Santander ha tenido un lugar desproporcionado en términos de números de afectaciones.
Porque sí, el conflicto se intensificó y no hay una resolución, y lo vemos aún ahora en 2026: Norte de Santander, Catatumbo, sigue siendo una zona de conflictividad importante. Entonces hay que ver eso, no son todos los territorios impactados de la misma manera.
Después, cifras e impactos pueden ser relativos. Si hablamos de confinamiento y de su impacto en Norte de Santander, ha sido algo diferente en 2025 frente al Chocó, donde es un hecho un poco más histórico.
Lo que también me llamó la atención del informe fue que en Guaviare casi el 20 % de la población ha sido confinada en 2025. Por supuesto, es un territorio con poca población, ese porcentaje de la población quiere decir que toda una región ha sido, no voy a decir completamente paralizada, pero sí con una afectación mayor en toda la región. Y eso también llama la atención sobre ir un poco más allá de la cifra.
El documento dice que la mayoría de violaciones del DIH no ocurrieron en medio de los combates, sino fuera de ellos. ¿Qué lectura hace el CICR sobre esta forma de operar de los grupos armados?
Eso es probablemente resultado de la complejidad de los conflictos y, a veces, de la fragmentación y refragmentación de diferentes grupos.
Entonces, lo que vemos son realmente comunidades que se encuentran en medio de una disputa. No se trata únicamente de escapar o de protegerse durante los enfrentamientos, sino de tener el miedo de estar a merced del reclutamiento, de posibles atentados a la integridad física y, por supuesto, de tener una gran dificultad para seguir haciendo sus tareas habituales, sus cultivos, por ejemplo.
Estamos convencidos de que no es inevitable. Por eso este informe no es solamente una descripción de hechos, una acumulación de cifras; es un llamado a las partes en conflicto para que respeten el DIH tanto durante los enfrentamientos, como también cuando están en zonas pobladas, cuando tienen bajo su control —o cualquier nombre que podamos usar— a población civil que no participa en las hostilidades.
Hay que realmente asegurarse del respeto del derecho internacional humanitario y del respeto a la integridad y la dignidad de las personas.
El informe describe 2025 como el año más grave de la última década. ¿Qué fue lo que más lo impactó al llegar a Colombia y encontrarse con la realidad de las comunidades más golpeadas por la guerra?
Al llegar acá, vi primero cifras de nuestras operaciones del día a día y noticias de enfrentamientos o de afectaciones, pero lo que me faltaba era realmente darme cuenta de la realidad.
Entonces tuve la oportunidad de acompañar a parte de mis equipos a algunas de las zonas afectadas; quizás no las más afectadas a nivel de cifras como las que señala el informe, que es Norte de Santander, pero tuve la oportunidad de ir a Caquetá, de acompañar a mis equipos, encontrar comunidades que están en medio de una disputa entre dos grupos armados y de ver también la realidad del trabajo que mis equipos pueden hacer acá en Colombia, tanto como ayuda directa a la comunidad, como este diálogo tan importante de recordar a las partes en conflicto la importancia de respetar a la población, de respetar el Derecho Internacional Humanitario y de tomar una forma de responsabilidad sobre sus actos. Después tuve la oportunidad de ir a Quibdó, otra realidad colombiana.
También me encontré con comunidades recién afectadas por enfrentamientos, comunidades que han sufrido diferentes episodios de confinamiento y tuve la oportunidad de hablar y discutir sobre lo que significa concretamente el confinamiento para su capacidad de vivir, de crecer, de educar a los niños. Tuve la oportunidad también de encontrar el personal de salud allá y ver el impacto del confinamiento que a veces no respeta el acceso a la salud, la posibilidad de sacar un herido a tiempo para que llegue a un centro de salud.
Entonces eso me impactó bastante porque informes y cifras son una cosa, pero hablar con la gente afectada y ver el territorio es indispensable para poder intentar incidir y también en mi rol apoyar a mis equipos.
Usted señala en el informe que llegó a Colombia con la claridad de que este “contexto requiere respuestas prontas, consistentes y adaptadas a las múltiples realidades locales”. En el tiempo que lleva en el país –y con una guerra hoy reconfigurada–, ¿siente que el CICR está logrando eso, o la magnitud del conflicto supera su capacidad de respuesta?
Es una pregunta difícil. Por un lado, tengo la impresión de que sí, el CICR, por su proximidad con las comunidades y su escucha, ha logrado adaptar su respuesta y responder de manera rápida cuando ocurre un cambio para las comunidades. Ha tenido también la posibilidad de coordinarse con otros actores, incluyendo los actores de gobierno, para que el esfuerzo sea coordinado cuando se pueda.
Después, la otra parte de la respuesta es más compleja. A nivel puramente humanitario, la capacidad de respuesta humanitaria –que generalmente es una respuesta temporal y limitada en algunos aspectos, pero necesaria–, lo que hemos visto es una reducción importante de la capacidad y de la presencia de actores humanitarios en el país por razones de reducción presupuestaria, una tendencia mundial que impacta también a Colombia. Nosotros también tuvimos que adaptarnos.
Entonces no va a ser suficiente. Hay un riesgo y un dolor para mis equipos de no poder alcanzar a estar presentes, dar respuesta a lo largo de la necesidad de todas las comunidades y las personas afectadas.
¿Qué prioriza ahora el CICR tras la redución de un 30 % de su prespuesto en el país?
La fuerza y la especificidad del CICR en Colombia es la capacidad de llegar a zonas en las cuales otros actores no van a tener las garantías suficientes para acceder y entonces favorecer esta proximidad territorial. Por eso nos quedamos con 10 estructuras en Colombia, lo que, en comparación con otros países afectados por conflictos armados, es importante. Primero sí, enfocar esta prioridad porque hay una especificidad, hay esta presencia, este diálogo que hemos mantenido con muchos actores; favorecer eso.
Segundo, favorecer justamente las acciones que tienen un impacto que llamamos de protección y que favorecen no solamente la respuesta en alimentos, sino que pueden reducir la ocurrencia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Entonces, enfatizar sobre los efectos directos de las hostilidades y los efectos que impiden realmente a la población ser protegida. Enfocamos esos dos aspectos y coordinamos, cuando se puede —y hay muchas oportunidades, es un deber—, con otros actores para que la ayuda llegue.
Un ejemplo bastante claro para ilustrar eso es el desplazamiento. Muchas veces comunidades o individuos se desplazan de un lugar que es arriesgado y van a un lugar en el cual esperan tener más seguridad, pero también recibir ayuda de la alcaldía, de otros actores, etcétera.
Entonces, no nos enfocamos tanto en las personas que han logrado llegar, pero tenemos, desde nuestra perspectiva, una preocupación aún mayor por las personas que están obligadas a permanecer confinadas en sus lugares, con la presencia, si no constante, por lo menos intermitente, de personal armado.
El CICR documentó 845 presuntas violaciones al DIH y, aunque las cifras son alarmantes —como el aumento del desplazamiento y el confinamiento—, usted ha insistido en que el impacto va mucho más allá de los números. Desde lo que han visto en terreno, ¿cómo están afectando estas violencias el tejido social y la vida comunitaria?
Creo que sí, el tejido social está bastante afectado, especialmente por lo que yo vi y lo que escuché de mis colegas. Cuando la dinámica de los conflictos hace que una misma comunidad deba enfrentarse o convivir con diferentes actores y grupos armados, la presión social que eso genera es bastante impactante.
Eso afecta la capacidad de la comunidad de convivir y de seguir afrontando la realidad, una vida que ya no es fácil en muchos lugares, y además tener que afrontar esta realidad adicional de violencia como comunidad.
Hablemos un momento de Catatumbo. Hace poco más de un año se desató en esa región la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años. ¿Ha visto cambios para bien o para mal en Catatumbo? ¿Qué le preocupa?
Lo que es preocupante en Catatumbo, por ser una región en la cual no fue únicamente un evento sino una continuación, es finalmente el acumulado y la multiplicación de afectaciones: desplazamiento; dificultades para acceder a la salud o recibir atención; dificultades para tener enseguida acceso a la educación por la presencia continua, en zonas pobladas, de actores armados.
Entonces, es eso lo que preocupa cuando vemos que la misma zona sigue en el foco. Hay un efecto acumulativo sobre comunidades que cada vez van a tener menos oportunidades de resiliencia, de sobrevivir frente a las afectaciones.
Hay otro tema que aborda el informe y es el uso de drones explosivos, especialmente preocupante en zonas como Catatumbo. Además del riesgo físico, estas prácticas están impactos en la salud mental de las comunidades. ¿Qué tan preparados están los equipos del CICR para documentar y responder a este tipo de violencia?
Es una realidad reciente y una realidad que se está desarrollando rápidamente. Pienso que sí, que esta realidad va a acompañarnos y traer más complejidad en los meses y años que vienen.
Creo que todavía no estamos totalmente preparados, tanto para entender el riesgo sobre la población como el riesgo para actores humanitarios. Entonces, sí creo que hay que apurarnos en entender bien el fenómeno. Hay que reiterar que el Derecho Internacional Humanitario es aplicable a este tipo de tecnología y que las precauciones para que no afecte a la población civil son esenciales.
Y creo que hay un tema importante en un país como Colombia, que ha desarrollado muchas herramientas para abordar situaciones difíciles con comunidades, como el tema de minas antipersonales. Hay que adaptar eso a esta nueva realidad y a este nuevo riesgo.
Y tú lo mencionaste al inicio, no son únicamente cifras de personas heridas o fallecidas por artefactos lanzados, incluyendo drones. Más bien, los drones están generando un nuevo miedo y una incertidumbre en comunidades y territorios de una manera novedosa.
Usted habla de la sensibilización como uno de los objetivos del informe. ¿Cómo hacer para que violencias que se dan en el conflicto y que muchas veces son invisibilizadas, como la violencia sexual, no queden reducidas a cifras? ¿Cómo se sensibiliza también a las partes de conflicto más allá de la publicación de este informe?
Es cierto, la violencia sexual tiene un subregistro importante que sigue siendo un desafío, incluso para nuestros equipos, que cuentan con colegas bastante capacitados para abordar este tema. Pero es bastante difícil saber exactamente lo que está pasando, especialmente cuando aumenta la presencia de actores armados en una zona por un tiempo. Entonces, creo que es una dificultad importante.
Hay que visibilizarlo porque es bastante fácil pensar que no existe cuando no es visible. Entonces, creo que tenemos un deber de mencionarlo. Es una realidad en diferentes conflictos, una realidad que muchas veces no se reconoce.
Para nosotros es una preocupación que mencionamos de manera diaria en nuestro diálogo con las partes en conflicto. Lo mencionamos y no aceptamos una respuesta de que eso no existe, porque sabemos que existe. ¿Qué hacer? ¿Cómo asegurarse de que eso se pueda minimizar? Eso es algo que probablemente es mucho más fácil de organizar con fuerzas estatales, pero también se debe hacer con actores armados no estatales.
El informe tiene una cifra que a mí me importa mucho: durante 2025, colegas del CICR tuvieron más de 500 diálogos directos con las partes en conflicto. Es decir, este acceso al territorio y esta presencia hacen posible que podamos hablar de esas cosas con los actores armados.
¿Qué respuestas se han encontrado por parte de los grupos armados ilegales en esos encuentros? ¿Cree que esos espacios sí tiene algún efecto?
El hecho de que continuamos es porque sabemos que es útil. Después, por la forma en la que trabajamos y por la importancia que tiene para nosotros no estigmatizar a un grupo particular frente a otro, o decir “ese lo hizo bien, pero el otro mal”, no puedo realmente entrar en detalles sobre este tipo de discusiones.
Lo que me parece interesante al llegar a Colombia es que tenemos un diálogo que puede estar basado en el DIH. Y eso no existe en todas las partes del mundo. Aquí, con la mayoría de los grupos y con las fuerzas públicas, por lo menos podemos tener una base común de diálogo. Eso me parece importante. No es suficiente y las cifras lo demuestran, pero esta base es fundamental.
Y también esperamos que eso pueda seguir, porque creo que es parte del camino para tener en los próximos años un informe menos preocupante.
Todas esas afectaciones humanitarias, señala el informe, son el resultado de un proceso progresivo que el CICR ha advertido desde 2018. ¿No se escucharon esas advertencias a tiempo? ¿Qué está fallando?
Es una pregunta bastante difícil. Es difícil de decir cuál sería la receta ideal, pero lo que sabemos de experiencia tanto acá como en otros lugares es que mientras tanto haya conflicto, si se respeta el Derecho Internacional Humanitario, las afectaciones a la población civil se van disminuyendo. Y eso creo que es un paso, como lo mencioné, importante para seguir avanzando en en Colombia.
Los ataques contra el personal de salud tienen una cifra especialmente alarmante en territorios donde el acceso al sistema de salud ya es muy limitado. ¿Cómo impactan estas agresiones no solo a las comunidades, sino también a la labor humanitaria que ejerce el CICR en esas zonas?
Creo que es una preocupación importante. Hay que recordar que una persona que está fuera de combate por estar herida —quizás alguien que hizo parte del combate, pero que resultó herido— tiene una protección especial en el DIH y debe ser atendida, cualquiera sea su afiliación.
Ese es un primer punto importante: reconocer que los actores de salud son personas neutrales, que atienden a quienes realmente necesitan una atención inmediata.
El segundo punto es que una forma de control territorial, por uno u otro actor, no debería impedir el acceso a servicios de salud en esos territorios. Y eso me parece importante porque lo que hemos visto son amenazas al personal de salud, prohibiciones de acceder a un territorio o a otro. Y lo lamento porque es realmente la base no solamente del DIH, sino también del respeto a la dignidad humana cuando se trata de personas enfermas o heridas.
Entonces, sí podemos ayudar, especialmente en zonas donde no hay necesariamente un acceso posible o factible a servicios de salud estatales. Pero preferimos, por supuesto, primero facilitar el acceso de los servicios de salud existentes del Estado, porque creo que es una tarea de desarrollo bastante importante en todo el territorio.
Queremos facilitar eso y no reemplazar ese servicio; no es la vocación de un organismo humanitario. Pero a veces sí debemos actuar, especialmente para evacuar heridos de zonas de gran tensión. Y en ese sentido el contacto con todas las partes es esencial. Creo que sí lo podemos lograr, pero no debería ser una lucha, debería ser algo bastante simple.
Otra afectación humanitaria que se menciona en el informe y es la desaparición. El informe advierte que el aumento de las hostilidades en 2025 hizo que, en muchos casos, no se garantizaran la recuperación e identificación de personas fallecidas en medio de la guerra. ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad del Estado y de los actores armados para cumplir incluso obligaciones humanitarias mínimas?
Lo que indica el informe es que, por parte del CICR, hemos registrado más de 300 nuevas desapariciones. Eso no quiere decir que sea el universo total de nuevas desapariciones en el territorio. Quiere decir que todavía hay desapariciones.
Lo que nos preocupa justamente es que, a pesar de la existencia de mecanismos más amplios, más robustos y más capacitados para ayudar en la identificación de cuerpos; estoy hablando, por ejemplo, tanto de Medicina Legal como de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que nació del Acuerdo de Paz de 2016 y tiene una presencia territorial importante.
Seguimos observando que, a veces, por periodos de confinamiento y de enfrentamientos continuos en algunas zonas, los cuerpos pueden quedarse en un lugar sin que se tomen las medidas mínimas para asegurar, primero, un trato digno del cuerpo y, segundo, la posibilidad de que esos cuerpos entren en lo que llamamos en el informe “la ruta estatal”, porque es la mejor ruta para responder a la ansiedad, la angustia y la incertidumbre de una familia.
Entonces, también es parte del diálogo que tenemos con los actores armados. Esperamos que no impidan eso, que compartan información con nosotros y que acepten el acceso de esos actores para justamente facilitar esta labor, que tiene un componente humanitario muy fuerte: dar respuesta a una mamá, a una familia.
¿Qué enfrentamientos le preocupan más y en qué zonas del país?
Lo que a mí me preocupa es que los enfrentamientos, más allá de mencionar uno en particular, se estén localizando también en zonas pobladas, porque es ahí donde las afectaciones son mayores.
Y por eso creo que es importante recordarles a las partes la necesidad de no poner en riesgo a la población civil. Eso debe estar presente no solamente durante los enfrentamientos, sino también antes.
A mí me impactó, en algunas de mis visitas y en informes que he leído, ver que las escuelas siguen ocupadas por personas armadas o que están ubicadas justo al lado de actores armados. No hablamos necesariamente de enfrentamientos, pero sí de comportamientos que ponen en riesgo a la población civil, en este caso a los menores de edad.
Usted afirma que Colombia no está condenada a sufrir indefinidamente las consecuencias del conflicto armado. Con base en los hallazgos de este informe, ¿cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno en materia humanitaria para que los próximos informes muestren mejoras reales?
Creo que el mensaje va no solamente al próximo gobierno, sino también a los congresistas recién elegidos y a todas las partes en conflicto que siguen presentes en el territorio: por favor, no olviden que hay un marco jurídico, que es el Derechos Internacional Humanitario, que debe respetarse.
Eso puede ser la base, primero, para una disminución de las afectaciones a la población civil y, segundo, quizás para construir una ruta de salida de los conflictos.
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