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9 Nov 2022 - 10:44 p. m.

“Sí a legalizar y gravar la cocaína”: Juan Manuel Santos

Miembros de la Comisión Global de Política de Drogas, a la que pertenece el expresidente, se reunieron en Bogotá para hablar de la necesidad de regular las drogas y frenar una guerra que, en su intento por acabar el narcotráfico, quitó miles de vidas inocentes en Colombia y el mundo.
De izquierda a derecha: Ernesto Zedillo, Ruth Dreifuss, Juan Manuel Santos y Diego García.
De izquierda a derecha: Ernesto Zedillo, Ruth Dreifuss, Juan Manuel Santos y Diego García.
Camilo Pardo Quintero
De izquierda a derecha: Ernesto Zedillo, Ruth Dreifuss, Juan Manuel Santos y Diego García.
De izquierda a derecha: Ernesto Zedillo, Ruth Dreifuss, Juan Manuel Santos y Diego García.
Foto: Camilo Pardo Quintero

Esta es la primera vez que la Comisión Global de Política de Drogas centra un informe en un país en particular. Dedicaron un documento completo a Colombia y a la necesidad que tiene el país para cambiar su paradigma frente al problema socioeconómico que existe con los narcóticos y este suceso no es un dato menor.

Esta comisión está compuesta por líderes globales de alto nivel que trabajan en función del fin de la guerra contra las drogas, de erradicar el carácter punitivo a los consumidores e impulsar la experimentación de regulaciones legales. Usualmente, sus recomendaciones llegan a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para hablar y difundir su más reciente informe sobre la política de drogas en Colombia, tres de sus miembros se reunieron en Bogotá.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y exministro de Defensa es uno de los comisionados de este organismo. Antes de lanzar el informe dio unas reflexiones sobre su vida en la política, que sirvieron como antesala. Dijo que el intento por “dejar de narcotizar” a Colombia por la vía militar fue un error. “Como ministro ese fue uno de mis grandes errores. Al final de nada sirvió asperjar y llevar militares a que quitaran matas. Posteriormente, como muestra UNODC, en Colombia se cultivó mucho más y no dejamos de ser los productores número uno en el mundo”, aseguró el también Nobel de Paz.

A Santos lo acompañaron este miércoles los comisionados Ernesto Zedillo, expresidente de México; y Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza; y contaron con la participación especial de Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH), para discutir el más reciente informe de posición de esta comisión, cuyo eje central es abordar el camino para una regulación justa de drogas en el mundo.

El expresidente Zedillo, cuyo mandato coincidió con un auge de poder en los cárteles de Sinaloa; de Joaquín Guzmán Lopera; de Tijuana, al mando de los hermanos Arellano Félix, y otras manifestaciones de crimen organizado y narcotráfico en el oriente y nororiente mexicano, no solo dio lecciones aprendidas de esa lucha contra estos grupos y sus actividades vinculadas con las drogas, sino que miró en prospectiva lo que puede suceder si se sigue tratando a las drogas como cuestiones de defensa o seguridad nacional.

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“Este siempre ha sido un problema de salud pública. La respuesta siempre fue tratarlo o con ministerios de Defensa o con distintos usos de la fuerza para torcerle el brazo a los narcotraficantes. Evidentemente con los narcos no se puede negociar, ni más faltaba, pero se les puede debilitar si cambiamos los rumbos. Es un buen síntoma la forma en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere tratar estos problemas… da cuenta que a nivel regional seguiremos avanzando hacia una descriminalización y perseguimientos que en muchos casos han sido innecesarios”, sostuvo.

Durante décadas, el prohibicionismo y la estigmatización en torno a las políticas de drogas en Colombia dieron rienda suelta a la violencia en los territorios. De hecho, el Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV) recalcó la importancia urgente de ponerle fin a la mal llamada “guerra contra las drogas” para avanzar en un diálogo social y regional (dentro de América Latina) para cesar tantas muertes y quitarle el poder al narcotráfico con vías diferentes a la militar.

Ese camino siempre ha pintado difícil y doloroso para quienes irremediablemente tienen que vivir del cultivo de uso ilícito. Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por sus siglas en inglés) muestran que durante la seguridad democrática -presidencia de Álvaro Uribe Vélez- se llevaron a cabo la mayor cantidad de erradicaciones forzadas y aspersiones con glifosato a cultivos de coca, como estrategia irrenunciable de un gobierno que se negó a abrir nuevos caminos para derrotar al narcotráfico. Muestra del testimonio de Santo y del hilo conductor del informe, que apela a experimentar sobre nuevas formas para regular y legalizar las drogas, sin estigmatizar ni criminalizar como se ha hecho en el pasado.

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Un aliciente: El Acuerdo de Paz

Dentro del informe de la Comisión Global de Política de Drogas hay un capítulo dedicado al legado del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas Farc, en relación con el surgimiento de nuevas ideas para la política de drogas en el país.

En esas páginas se destaca la propuesta del Informe Final de la CEV en el ofrecimiento de vías posibles para tratar políticas de drogas que sean viables y de largo aliento a nivel social. Concretamente, se aplaude el hallazgo de la CEV en recalcar que debe haber una transición hacia la regulación legal estricta de las drogas y poner como eje central a la cooperación internacional dentro de los debates y acciones sobre políticas de drogas.

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Sin embargo, también hubo un llamado de atención sobre la forma en la que está funcionando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) -suscrito en el cuarto punto del Acuerdo de Paz-, en la medida que “el ambicioso programa ha tropezado con enormes dificultades. Las cuales han afectado directamente la vida y la seguridad de los campesinos que han decidido participar en el programa voluntario de sustitución de cultivos”, como se lee en el documento.

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Principalmente se detectó que en la práctica hay muy pocas tierras disponibles para quienes las necesiten (déficit en los Planes Sectoriales de la Reforma Rural Integral).

Santos, en defensa férrea de lo pactado en La Habana, manifestó que al igual que el informe de la comisión de la que hace parte, la firma de la paz es un paso grande para pensar el problema de las drogas “como algo que debe basarse en los derechos humanos”. De acuerdo con Santos, también “recomendamos en el informe que lanzamos hoy el transformar relaciones institucionales mediante la despenalización de las actividades, incluyendo el consumo, para todas las drogas”.

Además, el exmandatario añadió que regular y pensar la política de drogas de una vía diferente a la militar no es promover su uso: “Sí a legalizar y gravar la cocaína y todas las drogas. Legalizar no es estimular el consumo. Lo que se quiere es minimizar los daños monumentales colaterales que hace la política de prohibición. Toca quitarles a las mafias ese dinero maldito”.

“El consumidor es un enfermo, no un criminal”

Esta fue una de las conclusiones en conjunto que dieron los comisionados. Siguiendo el testimonio del expresidente de la CrIDH, Diego García, el ojo debe estar en ver “cuánta tierra se ha depredado por estas actividades, cuántas tierras se les han quitado a las poblaciones indígenas y recoger experiencias aprendidas sobre el aumento exponencial de violencia de crimen organizado que ocasionó el prohibicionismo”.

El abogado peruano invitó a que Colombia no se quede sólo en lo indicado por el Acuerdo de Paz, sino que vea desde sus políticas del día a día salidas para que una guerra tan cruda, como la que se vivió (y vive) en los territorios como consecuencia del narcotráfico no tenga más lugar en la vida de quienes nada tienen que ver con la violencia.

“El Ministerio de Salud debe ser el encargado de dirigir políticas de salud pública que atiendan, prevengan o regulen el consumo de drogas. La cárcel no debe ser una opción para ellos, por favor, es salud pública, es una enfermedad, una adicción y se debe tratar como tal”, sentenció.

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Mientras que el expresidente Santos utilizó un ejemplo de “policy transfer” al que le pidió pista para seguirlo: “Colombia ha sido la víctima de las víctimas en las políticas de prohibición. Debemos ahora mirar contextos como el estadounidense que es una manifestación esperanzadora a nivel mundial de que la política punitiva del prohibicionismo es un fracaso: liberó a presos que estaban condenados por delitos no violentos relacionados con la marihuana. Esta es una causa difícil de vender, pero debemos minimizar los daños”, sugirió.

Dentro de las conclusiones en el diálogo, la expresidenta suiza Ruth Dreifuss insistió en que la agenda de drogas debe ser independiente a la agenda de seguridad y que una persecución política a consumidores solo es el llamado a más problemas. “Países Bajos, Luxemburgo, Alemania (en camino) son muestras de que es posible hablar desde la diferencia para alcanzar consensos y tener así políticas de drogas exitosas”, dijo.

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