A menos de un mes de que termine la legislatura, la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria a la que solo le restan dos debates en las plenarias de Cámara y Senado atraviesa un crítico en el Congreso.
El proyecto, clave para poner en marcha los jueces especializados en conflictos de tierras, sigue enredado varios temas, entre ellos, el debate alrededor del artículo noveno. Ese artículo define cuales serán las competencias de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia.
La discusión se intensificó después de que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre el artículo noveno y sugiriera que los Tribunales Agrarios y Rurales debían ser quienes decidieran sobre la adjudicación de los baldíos, potestad que siempre ha permanecido en cabeza del Estado por medio de la autoridad administrativa agraria, es decir en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Aunque el alto tribunal aclaró después que no busca frenar la reforma agraria ni eliminar facultades de la ANT, el documento agitó el debate en el Congreso y fortaleció las críticas de sectores de oposición que piden modificar de fondo el artículo noveno.
En las sesiones del martes 19 de mayo y la de este miércoles 20 de mayo la Jurisdicción Agraria no avanzó en el Congreso, entre otras por el aumento del ausentismo.
En la Cámara, la sesión de este miércoles se levantó tras la denuncia del representante de Cambio Radical Mauricio Parodi que dijo que el Ministerio de Agricultura y la ANT estaban preparando un lobby para presionar a los congresistas.
En entrevista con Colombia+20, el representante Gabriel Becerra, coordinador ponente de la iniciativa, asegura que el anuncio de la Corte pusieron en riesgo la aprobación de la ley.
Representante queda un mes para que se acabe la legislatura y sigue sin aprobarse el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria. ¿Cómo va ese pulso en el Congreso?
Bueno, vamos. Se hizo un acuerdo político en la plenaria de la Cámara entre las bancadas de oposición y de gobierno para poder, por un lado, avanzar en la aprobación de los impedimentos que faltaban y aprobar, después de la exposición, el informe de ponencia. Eso hicimos la semana pasada.
Frente a un punto en particular, era el artículo noveno, se acordó con una proposición, conformar una comisión técnica para tratar este punto. El jueves nos reunimos con la comisión y quedamos que íbamos a trabajar sobre ese artículo noveno que ha sido el de mayor disputa. El problema, y esta es la verdad, es que la comisión ha querido que no solo se discuta ese punto, sino otros puntos y lo que hemos dichos es que eso no corresponde a lo que se acordó entre las bancadas.
Yo creo que todo esto ha tenido como trasfondo el documento de la Corte Suprema que le ha dado alas a la oposición para meter todo lo que ellos quieren en la discusión, pero eso no se acordó. Lo que quedamos por ahora, le repito, son tres cosas. El primero discutir el artículo noveno para que saber qué procesos van a tener control judicial y cuáles no.
El segundo, que es el tema de los principios y los enfoques, algo que no estaba en la discusión porque ya habíamos avanzado bastante. Pero la Corte creo comete un error, un error muy grave en la manera de ver porque dice que como es una ley procesal no debería tener principios ni enfoques (género y étnicos).
La ley que estamos creando debe concretar bajo qué principios de forma transversal los jueces deben basar sus decisiones, debido a que las normas en materia agraria se encuentran dispersas, la inclusión de los principios y enfoques generaría una seguridad jurídica para la toma de decisiones.
Hay principios que deben, por ejemplo, en el derecho a favorecer a la parte más débil. Eso no es para el el derecho agrario, eso es para todo.
Y el tercer tema son los que tienen que ver como competencias. El Consejo de Estado en ese caso va a tomar decisión. Se supone que se presenta un informe el martes y se debería pasar a decidir.
¿Pasar a decidir dentro del Congreso?
Sí. El informe ya fue presentado con los acuerdos a los que llegó la subcomisión, la idea es que se debata y posteriormente pase a votación.
Me quiero detener en algunos puntos. Usted dijo al principio que hicieron un acuerdo político con la oposición, ¿en qué consistía ese acuerdo?
El acuerdo consistía básicamente en aprobar el informe de ponencia, para luego crear una subcomisión en la que se discutiera el tema del artículo noveno. Era una proposición que ya existía -donde estaba lo de la mesa técnica-, se tachó el segundo párrafo y se agregó que se discutirá todo lo que hay en relación con proposiciones no avaladas o que tengan relación con el artículo noveno. ¿Qué se cumplió de eso? Pues se votó el informe de ponencia y se instaló la mesa técnica.
El problema ahora es que la oposición quiere reabrir toda la discusión, no solo lo referente al artículo noveno sino a los demás artículos que ya habían sido construidos en conjunto, y ese no fue el acuerdo.
Sin embargo, pese a que la oposición incumplió el compromiso de circunscribir el debate a esos puntos específicos, desde la coordinación de la ponencia decidimos escuchar las observaciones presentadas por la subcomisión e incorporarlas mediante proposiciones llevadas a la plenaria. No obstante, y a pesar de haber acogido dichas modificaciones, la oposición optó por retirarse de la sesión y abstenerse de participar en la votación.
¿Pero entonces falló el acuerdo político?
Por supuesto. Y nos parece que es preocupante porque ya habíamos avanzado en acuerdos previos tanto en las comisiones conjuntas como en la discusión para presentar la ponencia que fue firmada por todos, a excepción de Cadavid que presentó una ponencia negativa y volver a abrir el debate de todo me parece complicado.
¿Qué tan cerca está la ley de Jurisdicción Agraria de aprobarse? ¿Solamente le falta la discusión en ambas plenarias?
Estamos muy cerca. Si nosotros -la Cámara- lo aprobáramos -trabajemos en un escenario hipotético la próxima semana-, la otra podría aprobarse en Senado y quedaría todo listo para para la conciliación. Tendríamos todo julio para eso.
Se inició este miércoles una movilización campesina justamente por el tema de la Jurisdicción Agraria. En redes vi que la apoya la Agencia Nacional de Tierras (ANT). ¿Ustedes saben algo de esta movilización?
Sí, sabemos. Se están movilizando para decirle al Congreso que la jurisdicción es ya.
¿Cómo recibieron desde su bancada y desde el mismo Gobierno el anuncio de la Corte sobre el rol de la ANT en ciertas decisiones?
Lo que a mí me parece sorpresivo es que de quienes en contra de la jurisdicción después de haber avanzado tanto, lo que está haciendo es políticamente agitar mucho el escenario alrededor de este tema. Porque es que lo que hizo la Corte Suprema me parece que fue muy imprudente, entiendo que el tribunal sacó un comunicado aclarando sus puntos, pero el primer documento fue larguísimo donde prácticamente puso en discusión temas sustanciales y eso me resulta extraño porque nosotros nos hemos reunido muchas veces con la Corte. Es más, en la última reunión la tuvimos tuve que ellos nos habían hecho unas observaciones, pero no nos habían hecho ninguna observación sobre estos temas precisamente. Seguramente algunos magistrados tienen esa observación.
¿El concepto de la Corte Suprema puso en riesgo el proyecto o cree que es posible hacer esos ajustes sin desmontar todo el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción?
Sí, creo que lo puso en riesgo. Cuando usted le dice que le va a quitar a la Agencia Nacional de Tierras una función que como autoridad administrativa tiene desde hace décadas, pues es algo que no ha caído bien en los especialistas y en el movimiento campesino porque es ir en contra de la misma jurisprudencia de la Corte.
¿Y no hay forma de hacer esos ajustes sin desmontar todo lo que se ha avanzado en el proyecto?
Yo creo que la misma Corte ha reflexionado y sacó un comunicado aclarando que no buscaba desmontar la reforma agraria, pero lo que pasa es que una cosa es lo que dice el comunicado de la Corte y otra cosa es lo que dice el documento que estaba negro sobre blanco entregado a los congresistas. El problema es que el documento inicial decía de manera explícita que los jueces serían quienes deberían realizar la adjudicación de los baldíos.
Ahora, a mí me parece correcto que si se va a hacer un proyecto que tiene que ver con los temas de la justicia que se consulte a la Corte Suprema. Lo que pasa es que me parece que la Corte se le fue la mano porque ya llevamos tres años discutiendo con ellos esto y nunca habían dicho cosas que aparecieran en ese documento.
¿Por qué cree que ha habido tanta reticencia que está ley pase? Si ya se aprobó el acto legislativo, ya pasó la ley estatutaria que sancionó el presidente hace dos meses
Hay sectores que no le parece correcto que se pueda avanzar en medidas nítidas para poder garantizar una justicia especializada en áreas y les parece que todo esto al final atenta contra sus intereses, que no que no son los intereses mayoritarios. Realmente la facultad que tiene la ANT es la facultad que ha permitido entregar los resultados que hoy tenemos en términos de recuperación de tierras de los baldíos de la Nación y de entrega al campesinado. Y eso se ha hecho en el marco del Estado de Derecho, de la Constitución, de la ley y eso es una medida creo favorable para la sociedad.
Pero siempre habrá sectores en la medida en que son afectados por esa recuperación de tierras o por esta labor diligente de este Gobierno -porque esto es una facultad que he estado ahí desde todos los gobierno-. pues parece que no quieren que se den. Ahora, sino pasa la ley ¿qué es lo que pasa? Pues que no tiene el status quo. La Corte dijo que deberían entrar en enero en los juicios agrarios, los jueces especializados y lo que yo pienso es que si se hunde la ley, pues habrá que presentarla de nuevo, pero el Congreso desaprovecha -sobre todo este Congreso que termina, y que aprobó, como dices, el acto legislativo y la ley estatutaria- desaprovecha su oportunidad para cerrar el círculo y dejar este tema de la Jurisdicción Agraria listo.
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¿Y no entra en juego también el tema electoral? ¿Pasar en el Congreso esta ley a 15 días de las elecciones puede ser un triunfo que la oposición no querrá darle al Gobierno?
Creo que lamentablemente la jurisdicción quedo en medio de la disputa política electoral, pero la jurisdicción, la reforma constitucional, la ley estatutaria, incluso en la ponencia que presentamos esto no es solamente del Gobierno y de su bancada, es producto de un esfuerzo colectivo donde en mi condición por ejemplo de coordinador ponente yo no tengo ningún problema en reconocer que en esto también aportó la oposición. El tema es que efectivamente tal vez para algunos puede ser un trofeo muy grande para el Gobierno, para el gobierno campesino, para para la deuda histórica que se tienen con la reforma agraria y debería pesar esa grandeza creo yo que dejar meter este tema en la campaña electoral.
Hablemos del artículo noveno que es uno de los que más ha generado debate, de hecho, la misma proposición viene por eso. ¿Qué están dispuestos a hacer de parte del gobierno sobre ese artículo en particular para que la ley ordinaria pase? ¿Cuál es el límite?
El Gobierno llegó con una postura y era que los procesos de ese artículo, que son varios procesos especiales -es un tema bastante técnico sobre baldíos, extinción de dominio, etc- la mayoría fueron resueltos por la autoridad administrativa por la Agencia Nacional de Tierras. Esa fue la postura. Pero cuando tú vas mirando, el recorrido, la trayectoria, el Gobierno ha venido cediendo. Cuando digo gobierno es la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
Inicialmente se planteaba que varios procedimientos especiales fueran resueltos exclusivamente por la ANT, pero se ha avanzado hacia esquemas donde exista control judicial.
Siempre hemos propuesto que en procesos donde el control judicial no es obligatorio, cualquiera de las partes puede acudir a un juez si no está de acuerdo, lo que se llama “control rogado”.
¿Cuál es la tragedia de esto? Que hay miles de miles de procesos que están represados y estancados, que están de embudo porque la justicia ordinaria no lo ha resuelto y eso es una negación de la justicia para todos los que viven los conflictos y eso es muy grave para la para la ciudadanía.
La propuesta de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha sido revisar proceso por proceso para determinar cuáles requieren ajustes y cuáles pueden mantenerse, y con base en eso, se han construido acuerdos en torno a las competencias de la jurisdicción agraria.
Pero pues yo creo que ahí salta el tema político. Hay algunos que dicen que no, que debe dar claro que todos tienen que tener el control judicial. Y lo que explica el gobierno y la ministra es que eso puede ser tan gravoso que al final lo que haga es inoperante a la jurisdicción
El hecho de que la ANT tenga las competencias que tiene ahora, ¿también se mantendría o ahí podría cederse?
Lo que te decía es que en la revisión que propone el Gobierno, pues lógicamente habría cambio o modificaciones.
¿Cómo cuáles?
Como, por ejemplo, que en algunos procesos donde solamente quien tenía la facultad era la ANT entra a hacer otro tipo de control judicial.
Esta jurisdicción es clave también para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, ¿por qué a pesar de los dos mensajes de urgencia al Congreso no ha pasado? Justo el tema de la tierra es el origen del conflicto en el país…
No es un secreto para nadie que en la disputa del poder en Colombia, los temas relacionados con la violencia de la tierra han sido temas vitales y después de que el Acuerdo de Paz aprobó una reforma rural agraria y reforma una jurisdicción que va a garantizar que este pueda procesar los conflictos con unos jueces especializados, pues hay sectores que le huyen al tema. Y esos sectores, que son sectores económicos, tienen poder político y hacen la tarea para que su agenda económica prevalezca en el Congreso de la República.
¿Cuál es la fecha límite, representante para que no se hunda la Jurisdicción Agraria?
Nosotros estaremos en sesiones hasta el 20 de junio, sino el proyecto de ley se archiva por tiempos, teniendo en cuenta que está radicado desde el 2024. El Gobierno podría convocar sesiones extraordinarias, pero esperamos no llegar a ese escenario.
¿Y si se hunde qué pasaría? ¿Lo presentarían de nuevo y de cero?
Es una ley ordinaria, o sea que hay que volverle a dar los cuatro debates.
¿Y si fue tan difícil en este Congreso, no será más duro con el nuevo que se posesiona el 20 de julio?
Eso depende de los resultados de las elecciones. Ley va a haber. Ahorita o después, pero va a haber. Estamos en el pulso político. El Acto Legislativo 03 de 2023 y la Sentencia C-099 de 2026 son claros en que el Congreso tiene la obligación de expedir la norma que regule los procedimientos agrarios.
Ahora, desde el punto de vista del presidente Petro pues “a papaya partida, papaya comida”. El presidente ha dicho que hay un Congreso que no quiere las reformas y justo ese Congreso no le aprueba las reformas, ¿qué quiere que diga el presidente?
¿Usted quiere decir que podría intensificar aún más la idea del presidente Petro de una constituyente?
Yo creo que objetivamente sí le da argumentos. Es que si usted es una ciudadana de a pie y veo que el Congreso no aprueba esto, pues creo que se preguntaría yo por qué tengo que esperar a que el Congreso debate, trabaje. La gente habla de defender la Constitución del 91 y a mi me da un poco de risa porque en el fondo lo que dice es: “Me gusta la Constitución del 91, toda la Constitución del 91, menos el artículo 376 que dice que el pueblo puede aprobar una Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cuál es el acto subversivo que se está cometiendo?
Ahora, ¿hay condiciones? Pues a mí me parece que todavía no hay condiciones para eso, pero en la medida en que entre las clases políticas y esos sectores tradicionales bloqueen, yo creo que están cometiendo un error político. Que es el mismo error político que cometieron con el salario mínimo.
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