Es jueves y una señora pelea contra el viento en la calle principal de Toluviejo en Sincelejo. Pasa dos o tres veces la escoba tratando de recoger las hojas rebeldes que se le meten a la casa. Aunque el sol no da tregua, la brisa le impide acabar la tarea. Insiste en repasar la escoba mientras mira para todo lado y pregunta en voz alta qué es lo que está pasando en su calle, qué es esa bulla y ese “poco e’ carros” que se están estacionando sobre la vía.
Otra vecina le grita desde la ventana si sabe si pasó algo. El alboroto contrasta con la vida pausada del pueblo. Del hombre que vende helados de coco, del que grita que sí hay suero y queso y del viejo que pasa en bicicleta cantando algo que parece un porro sabanero.
No era muy distinto hace casi 20 años, dicen los habitantes de este pueblo. La misma calle, el mismo calor, la misma brisa que levanta el polvo. Solo que el ruido de 2007 anunciaba una ausencia. Fue en ese año y en ese lugar donde hace casi dos décadas desaparecieron a 11 jóvenes —uno de ellos justo en esa calle—, que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” y presentados como guerrilleros por parte de militares que operaban en la zona.
El bullicio que hoy rompe la cotidianidad viene de una casa blanca esquinera donde antes se vendía arena, zahorra, cemento y balastro y que desde ese día será la Casa de la Memoria para honrar a los 11 muchachos: Carlos Valeta, Luis Fernando Mejía, Cristian Vergara, Evin Paternina, Julio Olivero, Juan Patrón, Miguel Jiménez, John Jairo Colón, Frank Alei Padilla, Deiner Hoyos y Luis Alberto Pérez.
“Necesitábamos que se conociera lo que realmente había pasado, pero también que sus nombres fueran reconocidos como víctimas del Estado”, dice María Margarita Flórez, representante legal de la Asociación de Víctimas Hijos de la Verdad y víctima directa del hecho. Era la pareja de Carlos Valeta, asesinado tras ser engañado por dos vecinos con un trabajo en una finca. Ella tenía cuatro meses de embarazo.
“Soy la única testigo directa del caso. Los dos muchachos del barrio entraron a mi casa y le propusieron eso a Carlos. Como estábamos embarazados, él se entusiasmó con esa idea y dijo que sí. Le dijeron que fuera a una entrevista, que ese día no se quedaba y que mirara que podía ser una buena opción”, cuenta María Margarita.
Robinson Barbosa y Andrés Pacheco, los “reclutadores”, eran amigos de infancia de los jóvenes asesinados, lo que hizo el caso aún más estremecedor para este pequeño pueblo de apenas 23.000 habitantes y que solo está a 25 minutos de la capital Sincelejo.
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El paso a paso de la casa y del perdón
La Casa O11ce, como se bautizó a ese espacio, no solo es un lugar de memoria. También es una panadería y un café-restaurante pensado para sostener a las familias que perdieron a sus hijos, a sus hermanos y a sus parejas, que durante años buscaron verdad y reconocimiento.
Aunque la edificación ya estaba hecha, los pisos, la pintura, el cambio del techo, la cocina, el parque e incluso la adecuación de las fotos de los 11 jóvenes fue un trabajo de al menos una veintena de exmilitares que están investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por casos de falsos positivos.
En el caso de la desaparición de los chicos de Toluviejo —perpetrada por la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre— solo está involucrado uno de los que participaron en la construcción de la casa. Se trata del soldado Carmelo Pereira, directo responsable de los hechos violentos en contra de Evin Paternina Parra, el único de los 11 que era menor de edad —tenía 16 años, con el agravante de tener un retraso cognitivo— y el único que sigue desaparecido.
El proceso incluyó sentar en el mismo espacio a víctimas y victimarios y se dio en medio del proceso que llevan ante la JEP los comparecientes que estuvieron involucrados en ese delito.
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Para el magistrado Roberto Vidal, lo que ocurrió ese jueves es la materialización de algo que normalmente ocurre en abstracto. “Esto es ver un resultado concreto de la justicia restaurativa. Cosas que para todos son procesos, audiencias, cosas en abstracto. Aquí está todo el trabajo de víctimas, comparecientes e instituciones. Toda la complejidad de armar un caso, investigar, reparar, se materializa en este proyecto”, dice.
Pero llegar aquí no fue fácil. Fue, en palabras de todos, un camino largo, doloroso, retador, pero al final una mirada honesta sobre el más humano de los sentimientos y, al mismo tiempo, el más difícil: el perdón.
El proceso se fue tejiendo con los años. Desde 2020 comenzaron los primeros encuentros entre víctimas y comparecientes ante la JEP en el marco del macrocaso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales. A eso también ayudó el Encuentro por la Verdad que promovió la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en 2022 donde las víctimas pudieron hablar de su dolor.
La idea de la casa surgió en 2023, cuando las familias decidieron organizarse, junto al coronel (r) Luis Fernando Borja —quien también participó en el encuentro con la CEV—, máximo responsable por desaparición forzada y asesinato en la región de Montes de María y responsable directo de las jóvenes víctimas de estas familias, para dignificar a los 11 muchachos y construir una forma de reparación colectiva en el territorio.
A través de la asociación no solo impulsaron un espacio de memoria, sino también un proyecto con vocación productiva. La iniciativa se consolidó con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiación de la embajada de Noruega en Colombia, que aportó más de 160.000 dólares para el proceso restaurativo (unos 600 millones de pesos), el fortalecimiento de la asociación y la adecuación del espacio.
“Lo primero que hicimos fue ayudar a constituir a la asociación, darle estructura y hacer todo un fortalecimiento administrativo, ir definiendo cuál era la vocación del territorio, cómo integrarse, qué capacidades de la asociación podían conectarse con la demanda del espacio”, explica Jairo Matallana, gerente de paz, justicia y respuesta a crisis del PNUD.
Además, afirma que este paso es un avance, pero reconoce que aún faltan varias cosas. “Este es un hito, pero hace falta todavía verdad plena. En este caso muchos ya han recibido información contundente y comprensiva de lo que pasó con sus seres queridos, pero todavía hace falta encontrar a las personas desaparecidas”, señala.
La Confraternidad Carcelaria adquirió inicialmente la casa y la entregó en comodato a la asociación por 10 años, pero se espera que al final pueda comprarse.
En la actualidad, el coronel Borja ha sido identificado como máximo responsable de 51 falsos positivos ante la JEP. Sin embargo, ya no está vinculado directamente a esta iniciativa por diferencias con la Asociación.
Esas discrepancias causaron heridas en las familias de las víctimas. La desconfianza en los comparecientes creció y por eso el trabajo también tardó.
Los primeros encuentros fueron tensos. Hubo al menos un año de preparación. Talleres, encuentros y lo que llaman “convites”: jornadas de trabajo compartido al sazón de la comida que cada uno traía y en las que, a veces, ni siquiera se hablaba del pasado. “No necesariamente hablan del tema, íbamos buscando esa reconstrucción de confianza”, explica Jorge Ganchoso, director nacional del programa comunidades restaurativas de la Confraternidad carcelaria de Colombia y quien fue uno de los guías de todo el proceso.
“Uno cuando entra a esos espacios va con miedo porque no sabe qué reacción se pueda dar”, cuenta una de las víctimas del proceso.
Del lado de los comparecientes, el reto era distinto: reconocer públicamente lo ocurrido, incluso frente a quienes no eran sus víctimas directas. “Uno entiende que hizo daño y que cometió delitos que no debieron de ocurrir. No hay forma ni siquiera de subir la mirada”, dice Hernán Aguinaga, sargento retirado del Ejército y quien, de alguna manera, ha liderado a los demás comparecientes en este proceso en Toluviejo.
El sargento cuenta sin rodeos que dio órdenes que terminaron en asesinatos. También que hubo momentos en los que pudo decir que no, y no lo hizo. Cierra los ojos cada vez que intenta volver a decir lo que dijo en la JEP: cómo operaban las órdenes, cómo se normalizaba la violencia, cómo el encubrimiento hacía parte del engranaje militar.
“La gente de arriba nuestro sabía. Yo llegué primero al Batallón Guajiros y luego al de Infantería 33 de Junín que queda en Montería. Mi comandante desde el día uno dijo: ‘Esto se tiene que hacer así. Aquí se va a hacer lo que yo diga, se va a trabajar así, de esta forma, y el que no quiera trabajar así o el que ponga a hablar mucho, se muere’”, cuenta el sargento.
El comandante del Batallón Junín de Córdoba era el coronel Álvaro Zambrano Gómez, sobre el que hay investigaciones de sus relaciones con los paramilitares llamados los “Zeta”. Zambrano alertaba a los grupos de operativos en su contra y a cambios ellos le llevaban “muchachos” para hacerlos pasar por guerrilleros.
“Mire, hubo un caso, el del señor Dionisio de los Reyes Wilches, que el comandante nos mandó a matarlo, así se lo digo. Ese día que lo citamos, que era un jueves, lo mandamos traer con engaños y no llegó. Creo que se varó el carro por una lluvia. Yo hoy veo que Dios me estaba mandando señales y no las vi. Debí parar, pensar. Decir, ‘no, yo no hago eso y que pase lo que tenga que pasar’. El coronel dijo, ‘bueno, que no pase de mañana’. Y ese viernes asesinamos a ese señor. Yo ese día dije: ‘No acabo de cometer el peor error de mi vida, sino la peor brutalidad. Cometí un delito. Maté a una persona sin razón’”, dice Aguinaga.
Evin, el menor de los 11 que aún sigue desaparecido
En una de las paredes de la casa se dispuso un corredor donde están las fotos de los 11 jóvenes. Son imágenes producidas con Inteligencia Artificial que muestran cómo estarían los jóvenes hoy en día. Hay unos vestidos de corbata como Miguel Jiménez y John Jairo Colón, y otros como Christian Vergara usando un uniforme de boxeador, que había sido su sueño.
Solo dos espacios no tienen foto. Uno es el del Luis Pérez, cuya familia no autorizó el uso de su imagen. El otro, en cambio, está vacío porque no hay cuerpo, ni certeza, ni cierre. Es el Evin Paternina Parra, el único de todos que sigue desaparecido.
Su hermano Jesús lo busca desde entonces y no se da tregua a sí mismo por una pelea que tuvieron el último día que lo vio y que marcó la despedida entre ambos. “Se fue bravo conmigo porque peleamos por unos anzuelos que me había perdido. Era una cosa de niños. Trato de no pensar en ello, pero lo hago. Quisiera tenerlo al frente y decirle que lo quiero”, dice.
Evin era el tercero de siete hermanos. Le ayudaba a su mamá a vender empanadas y, dice Jesús, tenía una forma de estar en el mundo que hacía que todos lo quisieran. “Si yo pudiera describirlo en una sola palabra sería ‘alegre’”, dice Jesús. “Quiero que lo recuerden así, quiero limpiar su nombre. Él no era ni fue un guerrillero”, añade.
Evin también se fue engañado por Andrés Pacheco, uno de sus vecinos. Tenía ganas de ganar dinero porque tenía el sueño de darle una casa a la mamá, y al escuchar de un supuesto trabajo para ello, decidió irse. “Después de lo que pasó siguió yendo a la casa. Se quedaba con nosotros, siempre le dábamos un plato de comida. Creo que a él sí no lo puedo perdonar”, admite Jesús.
Andrés se lo entregó a Carmelo Pereira, uno de los comparecientes que estaba el jueves en la entrega de la casa y que participó de todo este proceso de verdad y reparación.
“Me acuerdo de ese día porque lo recogí en Sincelejo y me lo llevé en un carro hasta donde estaba la tropa. No le hice mucha charla porque no quería generar algún vínculo. Solo me acuerdo que dijo que estaba cansado de vender fritos y que quería ganar plata. Ahí se lo entregué al batallón y no lo vi más”, dijo.
El testimonio del soldado Pereira, quien estuvo 20 años en el Ejército, ha sido clave para una última línea de búsqueda del cuerpo de Evin. Por él se supo que la tropa a la que le entregó a Evin lo trasladó al cementerio de Sucre-Sucre.
“Yo he sido la única persona que ha aceptado responsabilidad sobre esos hechos. Porque los responsables ninguno se ha acercado a la familia a decirles ‘sí, yo reconozco mi responsabilidad, yo participé en estos hechos’. Yo sí”, dijo Pereira quien tiene dos hijos, uno de ellos de la misma edad que tenía Evin cuando desapareció.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha hecho tres exhumaciones en ese lugar, pero hasta ahora no se ha podido encontrar. Sin embargo, sus familiares confirmaron que en la última diligencia se hallaron restos de personas que corresponderían a jóvenes de su edad y eso les abrió la esperanza.
“La búsqueda de Evin les ha dado consuelo a otras familias. Por él se han encontrado otros desaparecidos en ese cementerio. Yo sé que esa paz y tranquilidad también nos va a tocar a nosotros”, afirma Yesleidis Monterroso, guía de la casa y cuñada de Evin Paternina.
El cementerio de Sucre-Sucre tiene, como casi todos esos lugares en zonas rurales, varias dificultades logísticas como cuerpos enterrados unos sobre otros sin ninguna trazabilidad, falta de señalización y la problemática constante de las inundaciones. Por eso su familia pide que no cese la búsqueda.
Tanto Jesús como Carmelo protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la reunión del jueves cuando hablaron de lo difícil del proceso, se abrazaron y convocaron al resto de víctimas y comparecientes a sembrar unas semillas alrededor de una maceta.
“Esto ayuda”, dice Jesús. Hace una pausa. “Pero mientras no aparezca él, esto queda a medias”, finaliza.
Al final del día, la calle vuelva a la calma. Los carros se van, el bullicio se apaga y Toluviejo recupera su ritmo lento. La casa queda y adentro están los once nombres, aunque todavía falta uno,
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