La ruta de búsqueda de las madres de desaparecidos en el Guaviare

Hay 3.169 personas registradas como desaparecidas en el Guaviare y 441 solicitudes de búsqueda, según la UBPD. / ASOVIG

Foto: Asociación de Personas Víctimas de Desaparición Forzada del Guaviare (Asovig)

Yaneth Zamudio es una mujer de sonrisa tranquila, grácil en sus maneras y de voz suave, aunque contundente. En su mirada y en su corazón carga el peso de la incertidumbre desde hace 15 años. En su memoria está congelado el día en el que se quedó esperando, con el almuerzo recién hecho, a que su familia volviera a casa. Pasaron las horas, los días, los años y hasta ahora no han regresado.

Esa mañana del 28 de septiembre de 2006, su hijo David Fernando Aguirre (19 años), su esposo Luis Fernando Aguirre (47 años) y su sobrino Danilo Iván Aguirre (27 años) salieron de San José del Guaviare y tomaron el río Guayabero en dirección a La Tigra, una vereda del departamento del Meta; iban a hacer una diligencia que no tomaría mucho tiempo y regresarían a casa a la hora del almuerzo, pero al llegar las 3 de la tarde Yaneth sintió que algo no estaba bien.

Los tres hombres fueron abordados en el río por guerrilleros del Frente Séptimo de las FARC, que los retuvieron y se los llevaron; de esto se enteraría más adelante Yaneth gracias a un proceso de búsqueda que inició por cuenta propia. La información sobre su paradero es, sin embargo, más incierta. Ha escuchado muchas voces con diferentes versiones: que los vieron vivos, que fueron arrojados al río, que los lanzaron a una laguna, que los sepultaron. Pero no pasan de ser rumores, porque para ella la certidumbre en este momento es la ausencia.

Desde el momento de la desaparición, Yaneth inició la búsqueda.

“En un principio yo pensé que no podía, que me iba a morir, yo no sabía dónde estaba parada, pero dije ¿si yo me caigo quién los va a buscar?”, recuerda. Su vida se volcó casi por completo a caminar, a ir de un lado a otro, de institución en institución, preguntar aquí y allá, preguntar y preguntar.

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Rápidamente se dio cuenta de que la búsqueda es un proceso solitario y silencioso. Decidió imprimir una valla con los rostros de sus tres familiares y salir con ella a caminar por las calles de San José, sola, ante la mirada de sus amigos y vecinos, que más por temor que por indolencia se negaban a acompañarla.

Cómo buscarlos, dónde buscarlos, eso lo aprendió con el tiempo por obligación, al ver un sistema de justicia paralizado por el horror. “El Estado ni siquiera ha dimensionado la magnitud de que en el país hay más de 120 000 personas desaparecidas, mucho menos tienen un plan de cómo ayudar a encontrarlas, de cómo aliviar el dolor de tantas familias que tenemos desaparecidos”, dice con dolor.

Por eso en lugar de limitarse a esperar respuestas ha destinado los últimos años a buscarlas. Y en esa búsqueda se ha encontrado con otras mujeres que, como ella, andan por diferentes caminos, tras cualquier rastro que las acerque a sus familiares y a la verdad. Con esa meta en común, una noche del 2009 Yaneth y otras mujeres del municipio decidieron juntarse y crear la Asociación de Personas Víctimas de Desaparición Forzada del Guaviare –ASOVIG–. Además de acompañarse tienen el objetivo de mostrarles a otras personas la ruta de búsqueda, para que conozcan sus derechos y para que muchas superen el miedo que todavía se impone en el municipio y no dejen a sus familiares en el olvido.

–”Hay que buscarlos, ¿cómo los vamos a dejar perder? Tenemos que llegar a la verdad, ¿qué los hicieron?, ¿dónde están?”, repite Yaneth.

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No son pocos los que atraviesan el mismo proceso de Yaneth. Según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) de Medicina Legal, en el departamento del Guaviare hay 2377 personas desaparecidas, el 62 % de estos casos reportados en su capital, San José del Guaviare. Sin embargo, es posible que la cifra sea mucho mayor.

El Guaviare ha sido un departamento duramente golpeado por el conflicto armado. A la presencia histórica de las guerrillas y de cultivos de coca, se le sumó en 1997 la consolidación del paramilitarismo en el territorio con la llegada del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–. Fueron años difíciles marcados por prácticas como las masacres, de las cuales el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un registro de 26, y por las desapariciones forzadas que fueron practicadas por todos los grupos armados, legales e ilegales, y de diferentes maneras, como el reclutamiento forzado o el asesinato y ocultamiento de los cuerpos en fosas o en el río Guaviare.

Por eso se cree que existe un subregistro en las cifras de las personas desaparecidas en el departamento, además, porque se conoce de la existencia de un acuerdo entre la fuerza pública y los grupos paramilitares para desaparecer a las personas y evitar que se incrementaran las cifras de asesinatos. Así lo confirma una fuente del territorio que pidió no ser identificada y que afirma que por esa razón se optó por el ocultamiento. “En otros lugares usaron los crematorios, acá usaron el río”, dijo la fuente.

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Leonora Ibarra, o Leo, como prefiere que la llamen, cuida orquídeas en el patio de su casa, una pequeña construcción de madera y techo de zinc en un barrio de San José del Guaviare. Algunos días, desde las tres de la mañana, sale con otras mujeres a la zona rural del municipio para caminar, buscar y recuperar. Cuando encuentra alguna de estas flores la lleva a su casa, la planta y la cuida. Con mucho esfuerzo ha conseguido 600 plántulas de 90 especies que tiene en su patio, sin otra intención más que cuidarlas y evitar que se extingan.

“Así como se desaparecieron nuestros hijos, así se van a desaparecer muchas especies”, dice de golpe Leo, con la sabiduría y experiencia de una mujer que ha sido buscadora durante gran parte de su vida.

Era mayo de 1997 y en la escuela de la vereda Puerto Palmar de Mapiripán se celebraba el Día de las Madres. Leo estaba entre las invitadas en compañía de su hijo, Luis Carlos Navas, de 15 años. La fiesta transcurría mientras los niños jugaban, pero en un abrir y cerrar de ojos dejó de ver a su hijo.

Un grupo de hombres del Frente 44 de las FARC llegó en una lancha hasta la escuela con la orden de llevarse a los niños mayores que encontraran en la fiesta. En solo un par de minutos se llevaron por la fuerza a tres menores, entre ellos se encontraba Luis Carlos.

Desde ese momento comenzó su búsqueda. Se reunió con comandantes de la guerrilla, se trasladó a varias veredas, buscó y buscó, le dijeron que su hijo había sido reclutado, pero un día un comandante le prometió que se lo devolvería. Y así fue, pero para ese entonces ella y sus otros dos hijos vivían en San José del Guaviare, a donde salieron desplazados después de la masacre de Mapiripán en 1997.

Nueve meses después Luis Carlos regresó con su familia, pero en una ciudad extraña, lejos del campo y del entorno en el que creció. Poco duró allí, pues decidió regresar a su vereda, a la finca de un tío para trabajar el campo a su lado. A los dos años, mientras sacaba lombrices para pescar, un grupo de hombres armados llegó y se lo llevó. Los vecinos vieron cómo la guerrilla lo llevaba amarrado y lo subieron a una lancha en dirección a Charras, vereda de San José del Guaviare. Desde ese día del año 2000, Leo perdió el rastro de su hijo.

El reclutamiento y la desaparición forzada tocarían nuevamente a la puerta de Leo en 2004. Un día un hombre llegó hasta su casa en una moto y preguntó por su hijo, Flavio Nelson Navas. Él se vistió, les dijo a sus hermanos que volvería en un rato, se subió en el vehículo y nunca más regresó. Flavio tenía 17 años y era vendedor ambulante en el municipio.

Leo y sus hermanos lo esperaron, lo buscaron, pero no lo encontraron. Solo 13 años después, en 2017, aparecieron las primeras pistas con la llegada de una brigada de la Fiscalía y Medicina Legal a San José del Guaviare para tomar muestras de ADN y ampliar las denuncias sobre desaparición forzada. Leo asistió a la cita, dio el nombre de su primer hijo desaparecido y la señora que la atendió se quedó mirándola.

–Pero, ¿usted tiene dos casos, cierto?

–Sí, señora, el otro niño es Flavio Nelson Navas Ibarra.

–¿Cómo?... Siéntese aquí mientras hago una llamada.

Le mandó traer un vaso de agua. Hizo la llamada y cuando regresó le confirmó que el cuerpo de Flavio reposaba en el cementerio de Soacha, Cundinamarca. Al mismo tiempo recibió una carta de la Fiscalía en la cual le informaban que salía de la ruta de búsqueda porque su hijo formó parte de un grupo armado y fue asesinado en 2009. Un mar de información y de emociones se agolparon en unos minutos, descubrió de repente que su hijo fue reclutado por el frente Héroes del Guaviare de los paramilitares, que estaba muerto y que su cuerpo había sido encontrado.

En el 2020, en una modesta ceremonia en San José, le entregaron el cuerpo de Flavio, que ahora se encuentra en un osario en el cementerio municipal.

“Pero yo no estoy conforme de que el cuerpo que me entregaron de mi hijo es el mío, no estoy segura”, dice Leo. Ella duda porque no existen pruebas de la necropsia ni del levantamiento; incluso, no hay ninguna información que explique en qué situación fue asesinado su hijo.

Desde hace 24 años Leo busca y su proceso todavía no termina. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC guarda la esperanza de encontrar más información sobre Luis Carlos y, en el caso de Flavio, espera que vuelvan a hacer pruebas de ADN a sus restos para estar 100 % segura de que por fin encontró a su hijo. Mientras tanto, ella sigue buscando orquídeas como una manera de exorcizar todos estos años de esperas y angustias.

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Detrás de cada caso hay muchas familias esperando, pero también buscando de manera activa, sin recursos, con poco o ningún apoyo y, una gran parte, en estado de vulnerabilidad por sus condiciones económicas y sociales.

Es el caso de ASOVIG, que se creó de manera espontánea para enseñarles a otras personas la ruta de búsqueda que algunas de las mujeres han aprendido de manera independiente, en capacitaciones con organizaciones sociales o gracias al voz a voz entre familias que comparten el mismo dolor. “No podemos quedarnos en el llanto, en la casa, sino que tenemos que salir a buscar y a ayudar a otras personas, especialmente mujeres”, afirma Yaneth, presidenta de la Asociación.

A este objetivo se han sumado otras organizaciones nacionales, como el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, que desde el 2004 documenta casos de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en los Llanos Orientales. En el departamento del Guaviare, según César Santoyo, director del colectivo, han documentado 153 casos de desaparición forzada, además de acompañar a organizaciones y familias con procesos de memoria.

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Magnolia Peláez tiene un puesto de jugo de naranja en el centro de San José del Guaviare, allí vende también salpicón, café y preparada (refresco), lo que le permita conseguir dinero para subsistir. Además, es buscadora.

Magnolia vive en San José desde el 5 de enero de 1995, antes vivía en Calamar, pero ese mismo día un grupo armado le dio cinco minutos para abandonar el municipio y así tuvo que hacerlo. En una bolsa empacó su ropa, la de su hija Maryi Vanessa y llegaron a la capital del Guaviare sin ninguna certeza de lo que les deparaba el destino.

Maryi era muy inteligente, eso dice su mamá mientras deja escapar una de las muchas lágrimas que ha dejado caer en estos años; quería ser azafata. “Ella quería hablar y que todos le pusieran cuidado y esa fue una idea que ella fue anidando en su corazón, en su mente”, dice Magnolia mientras se ahoga en un sollozo suave y trata de tomar aire y fuerzas para continuar. “Ella me decía, voy a estudiar duro, mamá, para que usted no trabaje”.

Tenía 11 años y estaba en 4º de primaria cuando desapareció. Eran las 10 de la mañana del sábado 14 de abril de 2001, cuando Maryi salió de casa hacia la tienda del barrio a comprar algunas cosas para que su mamá preparara el almuerzo, pero nunca regresó. “Todavía la estoy esperando, ya llevo 20 años buscándola, sin respuesta alguna”.

Ese mismo día Magnolia tomó una bicicleta y recorrió todo el pueblo para buscarla, en esas estuvo durante dos días, pero no encontró ningún rastro de su hija. Sabe que llegó a la tienda, que hizo las compras, pero lo que pasó en el trayecto de regreso a su casa es un completo misterio. Diez meses después, un conocido de la iglesia a la que asiste le dijo que había visto a su hija en La Carpa, una vereda del mismo municipio. Así se dio cuenta de que había sido reclutada por el Frente Séptimo de las FARC.

Desde ese momento Magnolia ha hecho todo lo posible por buscar cualquier pista que la acerque a Maryi, ha hablado con muchas personas, ha recorrido muchos lugares, pero sigue sin saber dónde está. La culpa y el dolor se mezclan en ella, porque siente que por dedicarse a la búsqueda dejó de lado a su hijo Estiven, que solo tenía dos años cuando su hermana desapareció.

Hace poco, en medio de una noche de desvelo, Magnolia pudo ver a su hija, pero solo en fotografías. De repente pensó que si en el celular encontraba referentes para fiestas y vestidos también podía buscar allí a su hija. Y así lo hizo, toda la noche puso en el buscador de Google nombres, apodos, lugares y nada, hasta que, a la medianoche, tendida en la cama decidió escribir “Guerrilleras menores de edad San José del Guaviare”. En la pantalla aparecieron varias fotos y entre ellas identificó dos imágenes de Maryi, una a sus 11 años y otra en la que tiene aproximadamente 14 años. En ambas está en zona rural, con uniforme militar y un fusil en las manos.

“El dolor tan duro que uno siente, a usted se le muere un hijo y usted sabe […] que allá se quedó y que usted va y limpia su tumba. Y sabe que ahí están los huesos. Pero en la continua zozobra en la que uno vive, es muy tenaz”, dice Magnolia, visiblemente golpeada por recordar, por pasar de nuevo por una historia que ha repetido muchas veces pero que nunca deja de doler.

En 2016, con la firma del acuerdo de paz con las FARC, surgió una nueva posibilidad de búsqueda. Fue a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización de Colinas, Mesetas Vistahermosa, Charras. Conoció a Lucy, una joven que fue compañera de Maryi en la guerra, por ella supo que a su hija la enviaron al Magdalena Medio. Magnolia no sabe dónde queda el Magdalena Medio, se imagina que es muy lejos, pero dice que si tuviera los recursos sin dudarlo viajaría hasta allí a buscarla.

Ya han pasado cinco años de la firma del acuerdo y ella todavía, en algunas madrugadas, se despierta a mirar por la ventana para ver si de pronto llega.

Para ese momento de su relato ha comenzado a llover fuerte en San José, el sonido de las gotas sobre el techo de zinc llena los silencios de las pausas que hace Magnolia mientras se seca las lágrimas y toma fuerzas para seguir. El pasado 3 de septiembre Maryi cumplió 31 años y hasta ahora no hay un dato claro de dónde está.

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Durante años el proceso de búsqueda en el Guaviare y en muchas partes del país ha sido impulsado por las mismas familias de las personas desaparecidas, con el apoyo de organizaciones como el Colectivo Orlando Fals Borda, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en 2016 con la firma del acuerdo de paz, se sembró una semilla de esperanza importante con la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Para las personas buscadoras en el departamento, estos mecanismos marcan un antes y un después en su proceso. Así lo siente Yaneth Zamudio, quien dice que la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas fue una ventana que se abrió para las víctimas de desaparición forzada y sus familiares. De hecho, en su caso, gracias a la JEP ha conseguido escuchar a los responsables de la desaparición de su esposo, su hijo y su sobrino y tener una versión de lo que les ocurrió.

La desaparición forzada de los familiares de Yaneth fue acreditada ante la JEP en el caso 01, “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, y muy pronto ASOVIG presentará un informe a la jurisdicción que permitirá la acreditación de 33 personas de esta organización, una oportunidad para acercarse al esclarecimiento de casos de desaparición forzada en el Guaviare. Este es un hecho muy importante, así lo entiende Yaneth, “No se puede perder más tiempo porque todas estas personas, comparecientes voluntarios, entre más pasa el tiempo más se les olvida, entonces lo que queremos es que todas logren a través de ellos saber la verdad, que es lo que más necesitamos”.

Por las características del territorio y el papel de la desaparición forzada en este, algunos municipios del departamento se encuentran priorizados a corto plazo por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con corte a 2023, los cuales están dentro de dos Planes Regionales de Búsqueda: el de la subregión Ariari Guayabero (que también incluye 13 municipios del Meta) y el del Sur del Guaviare. Entre ambos planes, según la Unidad de Búsqueda, se tiene un universo inicial de 3169 personas desaparecidas y se cuenta con 441 solicitudes de búsqueda.

Si bien es un proceso arduo, que apenas da sus primeros pasos y que ha sido cuestionado, genera mucha expectativa en las personas buscadoras del territorio, por cuanto es la primera vez que se fija la mirada sobre el departamento como un lugar prioritario y con un plan para la búsqueda de sus seres queridos.

*Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Memorias en resistencia’, resultado de la formación virtual ‘CdR/Lab Cómo investigar y narrar la memoria histórica del conflicto’ de Consejo de Redacción (CdR), gracias al apoyo del Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.