“La tarea se deja muy adelantada”: Ricardo Sabogal

La esperanza es que cientos de miles de campesinos puedan recuperar los terrenos que tuvieron que dejar atrás, a las carreras, obligados por las armas de los paramilitares y de las guerrillas. El proceso que ha logrado hacer realidad esta expectativa ya está estructurado y en marcha en buena parte del país. A cargo de esta labor crucial para el posconflicto, que ha motivado diferencias políticas y que está en alerta por las amenazas y asesinatos de líderes en el país, está Ricardo Sabogal, quien dirige la Unidad de Restitución de Tierras desde enero de 2012.

En diálogo con El Espectador, Sabogal, uno de los pocos funcionarios que no han sido cambiados en el gobierno de Juan Manuel Santos, explica los avances de la Ley de Víctimas, responde a los cuestionamientos sobre retrasos y explica cuáles son las tareas pendientes. Hasta el momento, los jueces de restitución han producido 3.822 sentencias, con las que se han entregado 290.911 hectáreas a 36.947 campesinos y comunidades étnicas.

¿Cuál es el balance?

La tarea se deja muy adelantada. La ley da hasta 2021 para estudiar los reclamos que lleguen y para que los jueces ordenen devolver las tierras que sea necesario devolver. Hoy, cuando estamos en el último año de gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos, estamos estudiando el 80 % de todos los reclamos y de, ahí, hemos sacado 800.000 hectáreas en limpio que se entregaron a los jueces. Y los jueces han devuelto 300.000 a las víctimas (las otras 500.000 están en manos de los jueces). Esto es muy significativo. Muchos de estos temas ya son objeto de sentencia y se supo la verdad de lo que pasó.

¿Qué casos destaca?

Hicimos una intervención muy fuerte en lo que fue el bloque Norte de las Autodefensas. Toda la estela de desplazamiento que generó Jorge 40 subiendo desde Valledupar a llegar al triángulo entre Chibolo, Plato y San Ángel. En Córdoba, la zona donde estuvo la Casa Castaño, las tierras ya están en manos de campesinos. En los Montes de María, esa complejidad de paramilitares, guerrilleros, comunidades desplazadas y también empresarios que llegaron… Ya se ordenó la casa en Bolívar y estamos en manos de los jueces.

(En contexto:Ley de Tierras: un reto para 2018)

¿Qué fue lo más difícil en esa zona?

Había una desconfianza muy fuerte en las instituciones. Hubo amenazas a los reclamantes y homicidios, pero también capturas como la de Sor Teresa Gómez, el señor Tuto Castro, alias Codazzi. La otra gran dificultad fue la información sobre los predios. Nuestro país carece de una buena información de catastro y registro. En muchas zonas está desactualizada o no existe. Por eso tocó en muchas zonas reconstruir predio a predio con los campesinos. Validar linderos y eso nos ha llevado a dificultades enormes a la hora de clarificar la propiedad de las tierras. Otro tema fueron las minas antipersonales en la zona de Montes de María.

Y llegan al sur del país, donde los problemas de catastro son mayores. ¿Ya se han presentado solicitudes ante los jueces?

Ya tenemos sentencias. Pero nos enfrentamos a un territorio con peor información, casi inexistente, donde las Farc estuvieron por 50 años. Empezamos a hacer formación catastral a punta de prueba social, en el diálogo con comunidades y con líneas de tiempo. Y así hemos ido elaborando las demandas y formando los predios. Las primeras demandas ya están siendo falladas en el Caquetá.

(Le podría interesar:Santander de Quilichao: la tierra de la que se apoderaron los paramilitares)

¿Cuántas reclamaciones se han presentado por despojo en el sur del país causado por las Farc?

Antes de que se diera el proceso de paz, llegaron 500 reclamaciones de personas que, en otras ciudades, reclamaban predios en zonas como el Caquetá. Tan pronto se firmó el Acuerdo, la gente empezó a reclamar y en el Caquetá nos estamos acercando a las 4.000. Faltan Meta y el sur del Tolima, donde que creemos que nos van a aumentar las reclamaciones y Putumayo. Hay otras zonas donde la población es menor, que creemos que no será mucha la afectación, como Vichada, Guainía.

¿Cómo han afectado el proceso las continuas amenazas y homicidios a líderes sociales?

Esta es una política que toca callos y así lo sentimos desde que arrancó el proceso. Hemos mejorado los canales de comunicación con las víctimas y con las entidades que tienen competencia en su protección. Hoy la UNP tiene un programa dedicado para ello. Obvio, han ocurrido asesinatos. Lo que invitamos siempre es a que la Fiscalía investigue. Van 20 personas que han sido asesinadas hasta este momento.

¿Este año?

En toda la vigencia de la Ley. La Fiscalía ha estado investigando y en algunos casos ha encontrado que el móvil es la tierra y en otros, no. Esto no debería suceder, lo que está haciendo la política restitutiva esa cambiar el poder armado, por el poder de un juez, como se da en una democracia moderna.

(Le podría interesar: Recuperan 600 hectáreas de tierras despojadas por Salvatore Mancuso)

Las críticas son constantes. En mayor parte, se considera que la restitución todavía es una promesa y hay informes de organismos internacionales, de víctimas, de los organismos de control…

Nosotros nos vamos a las cifras. Estamos trabajando sobre el 80 % (de las reclamaciones). Ahora, falta un 20 % y no es fácil. Hablamos de zonas como el Catatumbo, el Bajo Cauca y hacia el Urabá o Nariño, que son bien complejas aún. Decir que lo vamos a hacer mañana, es una mentira. Aún tenemos problemas que resolver en este país en materia de orden público. Yo entiendo a las víctimas, quisieran que sus casos se resolvieran al otro día. Pero hay que entender que se están resolviendo derechos de propiedad y hay un debido proceso. Es una labor sin precedentes en la historia. Hoy los jueces tienen la tranquilidad de que los predios que se han devuelto no tienen inconvenientes. Los campesinos que han vuelto están allí.

¿Cuál es el nivel de retorno a los predios?

El 90 % de la gente ha vuelto. Después de que hay fallo, la gente vuelve. Lo que ha incentivado el retorno son los proyectos productivos y el programa de vivienda. La gente vuelve si usted le da con qué, si no, hay un incentivo de vender. Hemos encontrado que no siempre vuelve la víctima principal, sino su núcleo familiar.

¿Cuál es el balance frente a las comunidades étnicas?

Han sido presentadas 43 demandas para reclamar 668.174 hectáreas. Hay 10 sentencias que son muy interesantes porque protegen la minería artesanal, el derecho a la consulta previa, que titulan los predios que poseyeron durante toda su historia. Ahora, son procesos más complejos. No podemos decir que una comunidad quedó reparada porque se le titula el territorio. Y en materia de comunidades indígenas, los territorios son muy grandes. Falta mucho por hacer en materia de comunidades étnicas y esa es una tarea que nos tomará tiempo a los colombianos.

(En contexto: Rama Judicial recibió $12.000 millones para acelerar restitución de tierras)

¿Las demandas en el Chocó son una cuenta pendiente?

Hay varias demandas, pero Chocó es donde hay más comunidades y es muy complejo también por falta de Estado. Hay que ser justos, Curvaradó y Jiguamiandó lo falló la Corte Constitucional hace diez años —no fue por la Ley de Restitución— y esta es la hora en que aún falta efectivizarla. Ese es un pendiente del país con las comunidades. Tampoco se puede generalizar, una cosa es Cauca y otra en el oriente donde a los nukak makuks los sacaron corriendo del territorio a punta de minas que sembraron las guerrillas. O en Mapiripán, donde hay comunidades indígenas a las que encierran en pocas hectáreas.

Hay una iniciativa legal para limitar el plazo de presentar reclamaciones, ¿por qué?

Estamos convencidos que en la zona donde ya se intervino en estos seis largos años, ya debe cerrarse la posibilidad de solicitar restitución. Dejarlas a 2021 es mucho, creemos que es el momento de cerrar esa posibilidad y dar ya tranquilidad al mercado de tierras. El proyecto dice que, si no se han hecho reclamaciones, se le da un plazo muy corto para hacerlo, como de tres meses. Y si ya no lo hizo en estos casi siete años, ya no es posible que la haga.

¿La tarea se cumplió?

La tarea se cumple, no en el 100 % porque la ley da para hasta el 2021 y en ese momento sabremos si debemos prorrogar la ley. Hoy la restitución es una realidad a lo largo y ancho del país. Los jueces de restitución dictan sentencias en zonas donde antes el que tomaba las decisiones era un actor armado ilegal. Yo siempre digo que la paz estable y duradera pasa por devolverles la tierra a los campesinos.

(En contexto: Ricardo Sabogal, el más investigado)

¿Qué le deja este proceso a nivel personal?

Yo siento mucha emoción cada vez que acompaño la devolución de un predio, es como el volver a nacer de un campesino, eso no tiene precio. Hay políticas que regalan, esta no. Esta dignifica al campesino. Los días más duros fueron arrancando, había mucha presión por resultados. Y de los momentos tristes, cuando me tocó asistir al entierro de un compañero que asesinaron en San Roque, Antioquia. O de los policías que han muerto acompañando este proceso.

La esperanza es que cientos de miles de campesinos puedan recuperar los terrenos que tuvieron que dejar atrás, a las carreras, obligados por las armas de los paramilitares y de las guerrillas. El proceso que ha logrado hacer realidad esta expectativa ya está estructurado y en marcha en buena parte del país. A cargo de esta labor crucial para el posconflicto, que ha motivado diferencias políticas y que está en alerta por las amenazas y asesinatos de líderes en el país, está Ricardo Sabogal, quien dirige la Unidad de Restitución de Tierras desde enero de 2012.

En diálogo con El Espectador, Sabogal, uno de los pocos funcionarios que no han sido cambiados en el gobierno de Juan Manuel Santos, explica los avances de la Ley de Víctimas, responde a los cuestionamientos sobre retrasos y explica cuáles son las tareas pendientes. Hasta el momento, los jueces de restitución han producido 3.822 sentencias, con las que se han entregado 290.911 hectáreas a 36.947 campesinos y comunidades étnicas.

¿Cuál es el balance?

La tarea se deja muy adelantada. La ley da hasta 2021 para estudiar los reclamos que lleguen y para que los jueces ordenen devolver las tierras que sea necesario devolver. Hoy, cuando estamos en el último año de gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos, estamos estudiando el 80 % de todos los reclamos y de, ahí, hemos sacado 800.000 hectáreas en limpio que se entregaron a los jueces. Y los jueces han devuelto 300.000 a las víctimas (las otras 500.000 están en manos de los jueces). Esto es muy significativo. Muchos de estos temas ya son objeto de sentencia y se supo la verdad de lo que pasó.

¿Qué casos destaca?

Hicimos una intervención muy fuerte en lo que fue el bloque Norte de las Autodefensas. Toda la estela de desplazamiento que generó Jorge 40 subiendo desde Valledupar a llegar al triángulo entre Chibolo, Plato y San Ángel. En Córdoba, la zona donde estuvo la Casa Castaño, las tierras ya están en manos de campesinos. En los Montes de María, esa complejidad de paramilitares, guerrilleros, comunidades desplazadas y también empresarios que llegaron… Ya se ordenó la casa en Bolívar y estamos en manos de los jueces.

(En contexto:Ley de Tierras: un reto para 2018)

¿Qué fue lo más difícil en esa zona?

Había una desconfianza muy fuerte en las instituciones. Hubo amenazas a los reclamantes y homicidios, pero también capturas como la de Sor Teresa Gómez, el señor Tuto Castro, alias Codazzi. La otra gran dificultad fue la información sobre los predios. Nuestro país carece de una buena información de catastro y registro. En muchas zonas está desactualizada o no existe. Por eso tocó en muchas zonas reconstruir predio a predio con los campesinos. Validar linderos y eso nos ha llevado a dificultades enormes a la hora de clarificar la propiedad de las tierras. Otro tema fueron las minas antipersonales en la zona de Montes de María.

Y llegan al sur del país, donde los problemas de catastro son mayores. ¿Ya se han presentado solicitudes ante los jueces?

Ya tenemos sentencias. Pero nos enfrentamos a un territorio con peor información, casi inexistente, donde las Farc estuvieron por 50 años. Empezamos a hacer formación catastral a punta de prueba social, en el diálogo con comunidades y con líneas de tiempo. Y así hemos ido elaborando las demandas y formando los predios. Las primeras demandas ya están siendo falladas en el Caquetá.

(Le podría interesar:Santander de Quilichao: la tierra de la que se apoderaron los paramilitares)

¿Cuántas reclamaciones se han presentado por despojo en el sur del país causado por las Farc?

Antes de que se diera el proceso de paz, llegaron 500 reclamaciones de personas que, en otras ciudades, reclamaban predios en zonas como el Caquetá. Tan pronto se firmó el Acuerdo, la gente empezó a reclamar y en el Caquetá nos estamos acercando a las 4.000. Faltan Meta y el sur del Tolima, donde que creemos que nos van a aumentar las reclamaciones y Putumayo. Hay otras zonas donde la población es menor, que creemos que no será mucha la afectación, como Vichada, Guainía.

¿Cómo han afectado el proceso las continuas amenazas y homicidios a líderes sociales?

Esta es una política que toca callos y así lo sentimos desde que arrancó el proceso. Hemos mejorado los canales de comunicación con las víctimas y con las entidades que tienen competencia en su protección. Hoy la UNP tiene un programa dedicado para ello. Obvio, han ocurrido asesinatos. Lo que invitamos siempre es a que la Fiscalía investigue. Van 20 personas que han sido asesinadas hasta este momento.

¿Este año?

En toda la vigencia de la Ley. La Fiscalía ha estado investigando y en algunos casos ha encontrado que el móvil es la tierra y en otros, no. Esto no debería suceder, lo que está haciendo la política restitutiva esa cambiar el poder armado, por el poder de un juez, como se da en una democracia moderna.

(Le podría interesar: Recuperan 600 hectáreas de tierras despojadas por Salvatore Mancuso)

Las críticas son constantes. En mayor parte, se considera que la restitución todavía es una promesa y hay informes de organismos internacionales, de víctimas, de los organismos de control…

Nosotros nos vamos a las cifras. Estamos trabajando sobre el 80 % (de las reclamaciones). Ahora, falta un 20 % y no es fácil. Hablamos de zonas como el Catatumbo, el Bajo Cauca y hacia el Urabá o Nariño, que son bien complejas aún. Decir que lo vamos a hacer mañana, es una mentira. Aún tenemos problemas que resolver en este país en materia de orden público. Yo entiendo a las víctimas, quisieran que sus casos se resolvieran al otro día. Pero hay que entender que se están resolviendo derechos de propiedad y hay un debido proceso. Es una labor sin precedentes en la historia. Hoy los jueces tienen la tranquilidad de que los predios que se han devuelto no tienen inconvenientes. Los campesinos que han vuelto están allí.

¿Cuál es el nivel de retorno a los predios?

El 90 % de la gente ha vuelto. Después de que hay fallo, la gente vuelve. Lo que ha incentivado el retorno son los proyectos productivos y el programa de vivienda. La gente vuelve si usted le da con qué, si no, hay un incentivo de vender. Hemos encontrado que no siempre vuelve la víctima principal, sino su núcleo familiar.

¿Cuál es el balance frente a las comunidades étnicas?

Han sido presentadas 43 demandas para reclamar 668.174 hectáreas. Hay 10 sentencias que son muy interesantes porque protegen la minería artesanal, el derecho a la consulta previa, que titulan los predios que poseyeron durante toda su historia. Ahora, son procesos más complejos. No podemos decir que una comunidad quedó reparada porque se le titula el territorio. Y en materia de comunidades indígenas, los territorios son muy grandes. Falta mucho por hacer en materia de comunidades étnicas y esa es una tarea que nos tomará tiempo a los colombianos.

(En contexto: Rama Judicial recibió $12.000 millones para acelerar restitución de tierras)

¿Las demandas en el Chocó son una cuenta pendiente?

Hay varias demandas, pero Chocó es donde hay más comunidades y es muy complejo también por falta de Estado. Hay que ser justos, Curvaradó y Jiguamiandó lo falló la Corte Constitucional hace diez años —no fue por la Ley de Restitución— y esta es la hora en que aún falta efectivizarla. Ese es un pendiente del país con las comunidades. Tampoco se puede generalizar, una cosa es Cauca y otra en el oriente donde a los nukak makuks los sacaron corriendo del territorio a punta de minas que sembraron las guerrillas. O en Mapiripán, donde hay comunidades indígenas a las que encierran en pocas hectáreas.

Hay una iniciativa legal para limitar el plazo de presentar reclamaciones, ¿por qué?

Estamos convencidos que en la zona donde ya se intervino en estos seis largos años, ya debe cerrarse la posibilidad de solicitar restitución. Dejarlas a 2021 es mucho, creemos que es el momento de cerrar esa posibilidad y dar ya tranquilidad al mercado de tierras. El proyecto dice que, si no se han hecho reclamaciones, se le da un plazo muy corto para hacerlo, como de tres meses. Y si ya no lo hizo en estos casi siete años, ya no es posible que la haga.

¿La tarea se cumplió?

La tarea se cumple, no en el 100 % porque la ley da para hasta el 2021 y en ese momento sabremos si debemos prorrogar la ley. Hoy la restitución es una realidad a lo largo y ancho del país. Los jueces de restitución dictan sentencias en zonas donde antes el que tomaba las decisiones era un actor armado ilegal. Yo siempre digo que la paz estable y duradera pasa por devolverles la tierra a los campesinos.

(En contexto: Ricardo Sabogal, el más investigado)

¿Qué le deja este proceso a nivel personal?

Yo siento mucha emoción cada vez que acompaño la devolución de un predio, es como el volver a nacer de un campesino, eso no tiene precio. Hay políticas que regalan, esta no. Esta dignifica al campesino. Los días más duros fueron arrancando, había mucha presión por resultados. Y de los momentos tristes, cuando me tocó asistir al entierro de un compañero que asesinaron en San Roque, Antioquia. O de los policías que han muerto acompañando este proceso.