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Al retomar algunos elementos de la XXXVII Asamblea Plenaria del Episcopado de 1981, en febrero de 1985, la Comisión Permanente realizó una exhortación sobre los difíciles momentos que vivía Colombia en temas de violación de derechos humanos, tales como el secuestro, la amenaza y los homicidios. Tal exhortación se hacía cada vez más reiterativa y demandaba de la Iglesia católica crear nuevas iniciativas que respondieran a los nuevos desafíos.
La visita del papa Juan Pablo II a Colombia, en julio de 1986, y sus importantes orientaciones sobre la defensa de los derechos humanos desde los albores de su pontificado ayudaron a que la jerarquía colombiana repensara el trabajo pastoral que se venía realizando en las diócesis y parroquias, y fuera más enfática en sus cuestionamientos a la violencia prevalente en el territorio nacional. En la XLVI Asamblea Plenaria Extraordinaria del Episcopado, realizada en noviembre de 1986, luego de la visita del Romano Pontífice a Colombia, se plasmó el siguiente mensaje:
“Lamentamos y condenamos, como pecados de absurda inhumanidad, los asesinatos de campesinos, indígenas, sacerdotes, soldados, policías, servidores del orden, políticos, concejales, magistrados, parlamentarios, jueces, en fin, de numerosos miembros de la familia colombiana, como una terrible herida a nuestras instituciones, en un país amante de la democracia. La vida humana es un don sagrado de Dios. Nadie puede, por ninguna razón, arrogarse el señorío sobre la vida que solo a Dios pertenece. […] …hemos estudiado y aprobado durante estos días, una serie de compromisos internos que harán más vigorosa nuestra acción pastoral, en las diferentes dimensiones y áreas de la presencia de la Iglesia. Dichos compromisos pastorales serán acogidos y aplicados en nuestras diócesis y parroquias, en orden a un servicio más integral de los colombianos, particularmente de los creyentes, en lo que se refiere a una nueva evangelización, a la civilización del amor, a la defensa de la vida, a la fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al hombre, y a la formación de agentes de pastoral. (Conferencia Episcopal de Colombia, CEC-XLVI Asamblea Plenaria Extraordinaria del Episcopado, Mensaje pastoral 29 de noviembre de 1986).
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Condena y denuncia de la violencia y acompañamiento a sus víctimas
Justamente, la Comisión Episcopal para la Vida, la Justicia y la Paz, integrada principalmente por fieles laicos y acompañada por las jurisdicciones eclesiásticas y el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, fue una de las iniciativas que nació en 1987 como instrumento para escuchar las angustias y necesidades de las comunidades en temas de derechos humanos y tramitarlas ante las instancias oficiales encargadas de responder política y socialmente a tales problemáticas.
Según el jesuita Fernán González, la Comisión ayudó a que el acompañamiento en derechos humanos a las comunidades fuera más concreto, por parte de los fieles de Cristo, entre otras razones, debido a los insumos analíticos elaborados por estudiosos del conflicto armado colombiano, por Amnistía Internacional, el Cinep y publicaciones de religiosos en la revista Justicia y paz.
Gracias a la Comisión, el Episcopado de la Iglesia católica se visibilizó como un actor que, más allá de destacar la ineficacia institucional a nivel policivo y judicial, condenaba los abusos de poder por parte de servidores y aparatos del Estado; denunciaba los hechos de violencia generados por la guerra sucia y la impunidad; y reiteraba que las problemáticas sociales en las regiones resultaban de las profundas y viejas desigualdades económicas existentes en Colombia.
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Según Héctor Rincón en el artículo “Lágrimas de Dios”, publicado en la revista Cambio en 1993, en la década de 1980, todas las violencias (del narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo, el Estado y la delincuencia común) se interconectaron y en el medio se encontraron miembros del pueblo de Dios que fueron asesinados o violentados.
En muchos casos, la causa de estos sucesos fue la labor pastoral y de denuncia que cumplían; en otros fue el hurto de sus bienes; y en ocasiones, las equivocaciones de los autores de tales delitos. En ello radicaba la razón del mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia de 1986; no obstante, las acciones en contra de la Iglesia habrían de intensificarse tiempo después.
La Mesa Ecuménica por la Paz, iniciativa de encuentro de diversas vertientes del cristianismo, incluido el catolicismo, publicó una serie de folletos divulgativos para rememorar a las víctimas pertenecientes a la Iglesia católica y otras organizaciones cristianas.
Héctor Rincón expresa que no solo sacerdotes diocesanos fueron asesinados, sino que también fueron afectados “catequistas, cooperadores laicos, franciscanos, jesuitas, diocesanos, mercedarios, agustinos, asuncionistas y un pastor de la Iglesia cristiana ortodoxa. Y en todas partes: en Tierralta, Córdoba; en Belén de los Andaquíes, Caquetá; en el barrio Kennedy de Bogotá; en Envigado, Antioquia; en Guachavés, Nariño; en Cartagena del Chairá y en El Hobo (Huila) y en Suratá (Santander)”. Cabe aclarar que la lista de homicidios a fieles de Cristo es extensa mas no exhaustiva.
Entre las víctimas católicas que resaltan para el periodo 1982-1991, se encuentran las siguientes:
1. El presbítero Tiberio Fernández Mafla. En 1985, como párroco de Trujillo, impulsó la organización de la comunidad en este municipio, creando cooperativas, asociaciones, microempresas urbanas y rurales. “Planteaba una economía alternativa, justa, ante la brecha de la gran riqueza de narcos y la pobreza del pueblo y denunció a victimarios”, según señalara la Red Ecuménica por la Paz. Él fue asesinado y su sobrina, Alba Isabel Giraldo (secretaria de las cooperativas, catequista, animadora de grupos de la parroquia), quien lo acompañaba en el momento de su homicidio, fue desaparecida.
2. Sacerdote Daniel Hubert Guillard. Oriundo de Bélgica, este sacerdote asuncionista, era párroco del Santo Evangelio de Cali. Fue objeto de seguimientos por parte de la fuerza pública por considerar que “su trabajo concientizador llevaba a la gente a hacer demasiadas exigencias al Gobierno”, la Mesa Ecuménica por la Paz. En abril de 1985 fue herido en un retén militar en Cali, y posteriormente falleció por causa de dicho atentado.
3. Antonio Hernández Niño. Hacía parte de la joc. En su condición de miembro, en abril de 1985 trabajó en la organización de la visita del papa Juan Pablo II; y en ese año lo desaparecieron y asesinaron.
4. Hermana Teresita Ramírez Vargas. Religiosa de la Compañía de María, quien ejercía su trabajo en zonas vulnerables en Medellín y Barranquilla. En 1988 preparó una marcha campesina en Cristales (San Roque, Antioquia), acompañó y atendió a los marchantes, especialmente a mujeres y niños, junto con varios sacerdotes y otras religiosas. Al enterarse de que la fuerza pública había detenido a los organizadores de la marcha, exigió respeto hacia quienes protestaban. Desde dicha interpelación, al ocurrir la militarización de Cristales, se produjo seguimiento de su accionar, y finalmente, hombres vestidos de civil la asesinaron en febrero de 1989.
5. Sacerdote Álvaro Ulcué Chocué. Fue el primer sacerdote indígena, de la etnia páez, y como tal se comprometió en la defensa de los resguardos, los derechos y organización de los indígenas; así mismo apoyó su lucha por la integridad de sus territorios, lo cual lo enfrentó a propietarios de tierras. El 10 noviembre de 1984 fue asesinado en Santander de Quilichao, por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta.
6. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Como Obispo del Vicariato Apostólico de Arauca fue retenido mientras viajaba en Fortul (Arauca) y asesinado luego, el 2 de octubre de 1989, por guerrilleros del Eln.
Gracias al proceso de recuperación colectiva de la memoria histórica, el sacerdote Juan Pablo Castañeda y monseñor Leonardo Gómez Serna recordaron el asesinato de uno de los fieles laicos de la Diócesis de Vélez.
7. Sacerdote José Antonio Beltrán. Fue asesinado por la guerrilla, en octubre de 1991, en la vereda Cocuchunal, del municipio Landázuri (Santander). El presbítero Juan Pablo Castañeda lo evoca así: “Luchó por los campesinos del Opón del Carare; su muerte generó un rechazo, una movilización y un llamado al estudio de los derechos humanos y a hacer valer el respeto a estos por parte de los actores armados”.
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Estos hechos demostraron que el Gobierno no atendió efectivamente la grave problemática en derechos humanos que aconteció a finales de la década de 1980 debida a las acciones violentas de los grupos armados legales e ilegales67, pese a las intenciones de lograr una salida negociada del conflicto. Por tal motivo, la Iglesia católica se convirtió en un catalizador de las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, animando a la población a sensibilizarse frente a esta problemática.
Una iniciativa que nació para promover la defensa de los derechos humanos es la Semana Nacional por la Paz, por parte de la Compañía de Jesús. Dicha Semana se ha celebrado desde 1987, en la del 9 septiembre de cada año (en memoria de San Pedro Claver y su defensa de los derechos humanos), y ha tenido el objetivo de alentar la reflexión sobre la construcción de la paz y la reconciliación.
Los resultados de este ejercicio se han relacionado con la integración de diferentes sectores eclesiales y no eclesiales, el avivamiento de las comunidades eclesiales de base, la participación de movimientos infantiles en propuestas de paz y la interlocución con entidades gubernamentales y no gubernamentales para hablar sobre la paz en Colombia. Para ello, cada año, los organizadores han elaborado materiales pedagógicos que recogen lecturas que, desde el punto histórico, jurídico y sociológico, ayudan en la construcción de la paz y la reconciliación, acompañadas por pasajes bíblicos, artículos de prensa, opiniones de expertos o testimonios personales.
Así mismo, vale la pena resaltar el trabajo liderado por el Cinep, mediante el Programa por la Paz. Este emergió en 1987, igual que la Semana Nacional por la Paz, y se ha centrado en la elaboración de proyectos, eventos y acciones directas en la vida pública, para “aportar a la construcción de una paz justa y duradera en el país” y atender las difíciles problemáticas en derechos humanos desde la perspectiva de la esperanza. Así, en el informativo de 1995, se consideraba lo siguiente:
“Los distintos elementos de la encrucijada institucional del país son, a nuestro juicio, las coordenadas del mapa de la acción por la paz, pero son así mismos las huellas de la esperanza y del compromiso por la vida que hemos asumido. [En tanto que] diariamente millones de hombres y mujeres se levantan para construir el país. La fiesta, el canto y la alegría, la acogida sincera, el valor del trabajo honrando, el amor a la vida, la calidez de los afectos en el hogar, entre los amigos, son también materiales de nuestra convivencia”.
En 1988, el Cinep animó, junto a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia (crc), la creación del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política (banco de datos), para el registro y la difusión de información relacionada con la violación de derechos humanos. Se esperaba que el conocimiento público de los hechos violentos actuara como mecanismo de presión moral contra los mismos y con ello se redujera la vulnerabilidad de las víctimas.
En la actualidad, la herramienta del banco de datos es de libre reproducción, lo cual permite que la información recolectada y sistematizada pueda ser conocida por cualquier persona interesada. Además, la iniciativa se ha replicado mediante Bancos de Datos Regionales que articulan a diferentes organizaciones sociales afectadas por el conflicto y la violencia.
Además de ser catalizadora de denuncias, la Iglesia católica incentivó –en los años 80– la formación y pedagogía en derechos humanos, especialmente en contextos locales donde la dignidad humana era susceptible de ser violentada, como sucedió en los municipios de Vélez y Onzaga (de Santander), pertenecientes a las diócesis de Vélez y Socorro-San Gil, respectivamente. Esta formación se caracterizó por la elaboración de un folleto pequeño llamado “Derechos humanos de los campesinos”, a cargo del sacerdote Eduardo Andrés Rodríguez, en conjunto con la Pastoral Social de su diócesis.
En él se consignaban, de manera breve y precisa, los derechos ciudadanos que toda persona debe recordar y ejercer, por lo que servía como herramienta para que los campesinos enfrentaran pacíficamente a los actores armados. El sacerdote Gerardo Calderón lo recuerda así: “Lo cargaban en el bolsillo y ellos […] siempre lo tenían como el arma para defenderse, poder entrar en diálogo; entonces tenemos derecho a la paz, a que no nos involucren en la guerra”.
Dicha formación se combinó con actividades de promoción humana y acompañamiento, entre otras, jornadas de trabajo comunitario, por ejemplo, para la construcción de una carretera. Como resultado de esta labor formativa se crearon comités de derechos humanos y comités de conciliación y reconciliación, cuya función era ayudar, “en los distintos problemas, a solucionar pacíficamente los conflictos”, sin la intervención de la guerrilla o de los paramilitares, pues esta solo aumentaba el poder y legitimidad de dichos actores armados (entrevista a sacerdote de la Diócesis de Socorro-San Gil):
“Fue decirle a la gente: ustedes tienen […] herramientas, mecanismos de participación ciudadana, para proteger sus derechos; ustedes mismos, dentro de la comunidad, pueden ayudarse como líderes con conocimientos de las cosas y de las leyes también a llegar a acuerdos, a pactos de convivencia. […]. El comité sentaba a las familias en pugna, había unos testigos, se presentaban los hechos y llegaban a unos acuerdos y conciliaban, y se reconciliaban. En varios lugares, esos comités funcionaron de manera ininterrumpida; en otros, su existencia se vio truncada por las dinámicas del conflicto, bien fuera porque los líderes se veían obligados a abandonar sus lugares de residencia o porque eran asesinados por guerrillas o paramilitares. “No fue fácil porque obviamente la guerrilla, a esos comités, no los quería; los paramilitares tampoco, y al padre Eduardo tampoco”. Dicho sea de paso, este fiel de Cristo fue amenazado y sufrió atentados por parte de los actores armados ilegales debido a su labor.