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De forma paralela a las negociaciones de paz, a nivel nacional, la Iglesia católica realizaba gestiones a nivel local, para lograr la pacificación en el occidente de Boyacá entre grupos esmeralderos que estaban enfrentados. Este conflicto, conocido como la Guerra Verde, tuvo sus inicios en la década de 1960, cuando varios mineros empezaron a explotar sin control la codiciada piedra, debido a que el Estado carecía del andamiaje institucional capaz y efectivo para atender ese nuevo fenómeno socioeconómico.
Como relatan el profesor Jerónimo Gil Otálora (presidente de la Academia de Histórica Eclesiástica de Tunja) y los sacerdotes Carlos Prías y Víctor Mendieta, en el documento analítico del proceso de recuperación colectiva de la memoria histórica de la Arquidiócesis de Tunja: “Los pueblos, en el pasado, apenas recibían como presencia del Estado el envío, desde la capital del departamento, de alcaldes, jueces y algunos policías. Cuando se hizo necesario, enviaron unos pocos soldados como refuerzos militares”.
En parte, esto contribuyó a que el conflicto entre esmeralderos escalara. También incidieron otros factores: por una parte, los funcionarios públicos aprovechaban la ausencia estatal para sacar provecho para sí mismos; y por otra, las regalías obtenidas por la explotación esmeraldera no beneficiaban a la región, por lo cual los municipios mantenían bajos niveles de desarrollo social y económico que se manifestaban en su deficiente infraestructura vial, agrícola, industrial y educativa.
Frente a este difícil panorama, la Iglesia católica, en cabeza de sus párrocos, empezó a realizar un trabajo de acompañamiento a las comunidades, primero, a nivel espiritual, y luego a nivel de sus condiciones materiales de existencia. Esto, porque se asumía que para traer de nuevo la paz y la reconciliación a la región se debía, inicialmente, predicar la Palabra, impartir los sacramentos de la confesión y la eucaristía; pero el trabajo pastoral que se realizaba con los pobladores se dificultaba con el asentamiento de colonos provenientes de Tolima, Antioquia, Caldas y de la región del Magdalena Medio –proceso que se venía dando desde mediados de la de 1960–, atraídos por la ilusión de enriquecerse rápidamente con la piedra preciosa. El sacerdote Juan Crisóstomo Miguez Otálora, párroco de San Pablo de Borbur de aquella época relata:
“Nosotros hicimos lo que pudimos para atraer la paz, para alejar la muerte y para disuadir a los feligreses que evitaran el crimen y vivieran en sana convivencia, pero la avaricia por las piedras verdes era tan intensa que pareciera que nuestras oraciones, homilías, servicios religiosos y consejos no tuvieran eco”.
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Aunque desde la década de 1970 ya se trabajaba por conquistar la paz y la reconciliación en la región, fue después de 1985 cuando la Guerra Verde alcanzó sus peores índices. Según Gil, Mendieta y Prías, alrededor de 3.200 muertos fueron contabilizados en los sectores de San Pablo de Borbur, Santa Bárbara, Otanche, Muzo, Pauna, Briceño y Maripi por los enfrentamientos entre los bandos esmeralderos. En ese momento –ya se dijo–, el gobierno Barco estaba implementando el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación), pero San Pablo de Borbur no se encontraba entre los municipios por intervenir, aun cuando era la localidad más afectada por la Guerra Verde.
Por eso, la población de Borbur, apoyada por el entonces párroco (hoy monseñor Juan Norberto Forero), exigió a una comitiva gubernamental, que transitaba por el municipio, que la localidad fuese incluida en el Plan como medida necesaria para superar el conflicto. Al lograr dicho propósito, los sacerdotes de la región, junto con los fieles laicos, empezaron a trabajar por la paz en diferentes frentes.
Al respecto, relata monseñor Forero: “El Seminario Mayor envió a sus seminaristas a los pueblos de Occidente a hacer una ‘misión por la paz’ en campos, veredas y municipios. Esto ayudó mucho a aclimatar los espíritus, en los albores del año 1990.
Precisamente, a finales de 1990, los bandos solicitaron la mediación de la Iglesia para realizar una reunión. Esta tuvo lugar el 12 de julio de 1991 con la presencia del obispo de Chiquinquirá, monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos, y finalizó con un acuerdo de paz de doce puntos que permitió la reducción de homicidios, el fortalecimiento de las actividades lúdicos-deportivas animadas por el PNR, y el libre tránsito de los pobladores por la región.
Monseñor Jarro Tobos resalta el proceso de paz alcanzado de la siguiente manera: “Ellos se dieron cuenta que era mejor la paz y que había que hacer todos los sacrificios necesarios para obtenerla y obtuvieron la paz. Y lo más interesante es que tienen la paz, con un perdón absoluto y total. De tal manera, que ninguno está resentido por lo que sus amigos, antes enemigos, hubieran hecho contra ellos o contra sus familiares. Mientras no estemos dispuestos al perdón no hay paz en ninguna parte del mundo. De modo pues que ese ha sido un ejemplo excelente muy bueno para toda otra clase de proceso de paz, guardando las diferencias que hay que guardar, pero ha sido un ejemplo excelente para todo el país que posiblemente no se ha aprovechado y que debiera aprovecharse mejor.
A pesar de que el proceso de paz realizado, entonces, en el occidente de Boyacá, ayudó a sosegar los ánimos y las pugnas, estas han continuado en algunos casos –como puede constatarse en la noticia publicada por El Espectador el 14 de septiembre de 2014–, propiciadas por las mismas familias esmeralderas que han querido hacerse al control de la producción de esmeraldas desde mediados de la década de 1960, lo cual constituye una permanente amenaza a dicho proceso.
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La acción no violenta para enfrentar la violencia
Otro escenario en el cual la Iglesia desplegó esfuerzos para ayudar a dirimir un conflicto fue el de Sabana Grande (Santander), correspondiente a la Diócesis de Socorro-San Gil. Allí se presentaba un conflicto entre dos familias que había acarreado víctimas mortales y heridos como consecuencia del intercambio frecuente de disparos entre los contrincantes.
Incluso, una de las familias había buscado la intervención de actores armados para solucionar el conflicto en su favor, según lo testimoniado por el sacerdote Gerardo Calderón, quien en 1991 era el párroco de Sabana Grande. Él se propuso entonces realizar un ayuno por la paz y no llevar a cabo el entierro de la última víctima asesinada. También decidió cerrar el templo, mantenerse en oración (en completo ayuno) y aislarse como estrategia no violenta para presionar a los actores del conflicto a buscar una solución. Solo se comunicaba por medio de mensajes dirigidos a la opinión pública, en los que proponía que “hasta que esas dos familias no llegaran al templo a reconciliarse, uno, pues no iba a haber el entierro de ese muerto [que estaba] ahí en el templo [y dos] no levantaría el ayuno”.
En respuesta a esta acción, un grupo de defensores de derechos humanos buscó a las dos familias y gestionó para que se reconciliaran: “… el ayuno duró cinco días: al quinto día, llegaron las dos familias al templo […], se logró que esas dos familias se reconciliaran, se dieran la mano [y] se celebrara la eucaristía”.
Iniciativas de este tipo fueron replicadas por otras parroquias de la Diócesis de Socorro-San Gil donde los miembros del pueblo de Dios observaban que la acción no violenta era idónea para enfrentar conflictos como el descrito.
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