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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) identificó 12 corredores estratégicos en los que confluyen narcotráfico, minería ilegal, contrabando, reclutamiento y control armado. Según el estudio, estos corredores no son simples rutas del narcotráfico.
Funcionan como estructuras territoriales de poder, donde la violencia se convierte en forma de gobierno. Allí los grupos armados imponen normas, cobran impuestos ilegales, controlan la movilidad e incluso median en conflictos locales.
Los corredores atraviesan al país de sur a norte y de oriente a occidente y al menos cinco corredores se extienden hacia países vecinos. Conectan el Putumayo con el Pacífico, el Catatumbo con Venezuela, el Darién con Panamá, la Orinoquía con Brasil y la Costa Pacífica con Ecuador. También incluyen zonas internas como el Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio o la Sierra Nevada de Santa Marta.
Cada uno responde a una economía ilegal específica: cocaína, oro, armas, madera o migrantes.
Los doce corredores de la muerte
Este corredor conecta la Amazonía con el Pacífico, atravesando zonas cocaleras, ríos estratégicos y pasos hacia el litoral nariñense. Es clave porque articula la producción en Putumayo con los laboratorios del Cauca y las salidas marítimas hacia Centroamérica y México. En la región actúan principalmente disidencias de las FARC, que controlan cultivos, cristalizaderos y puertos ilegales en el Micay, junto con bandas locales que funcionan como brazos logísticos. La cocaína sale en lanchas rápidas hacia altamar, bajo acuerdos con carteles extranjeros. Las comunidades campesinas y afrodescendientes son las más afectadas: viven en medio de enfrentamientos, confinamientos y presiones de los grupos que las obligan a sembrar coca o a pagar “impuestos”.
Este corredor se extiende desde la selva húmeda del Chocó hasta las cordilleras que conectan con Risaralda, Quindío y Tolima. Es un paso estratégico porque articula el Pacífico con el centro del país y permite el transporte de cocaína, oro y armas a través de ríos como el Atrato y el San Juan. Allí ejercen fuerte presencia el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan tanto la minería ilegal como el control de los corredores fluviales. Los pueblos afrodescendientes e indígenas que habitan el Medio y Alto Atrato viven bajo confinamientos recurrentes y bloqueos de alimentos, en medio de un deterioro ambiental acelerado por la extracción aurífera con mercurio.
Se trata de un corredor marcado por la riqueza aurífera y cocalera, donde el Clan del Golfo ha establecido un dominio férreo sobre la minería ilegal y la producción de cocaína. Disidencias de las FARC intentan disputar el control en municipios como Tarazá, Segovia o Remedios, mientras redes de microtráfico expanden su influencia hacia el Valle de Aburrá. La violencia contra líderes sociales y ambientales es altísima, y las comunidades campesinas enfrentan extorsiones permanentes y desplazamientos forzados.
Este corredor costero combina el interés estratégico de la Sierra Nevada con las salidas marítimas hacia el Caribe. La zona es utilizada para exportar cocaína y mover contrabando, con la participación de bandas sucesoras del paramilitarismo y redes transnacionales. “Un hallazgo importante fue lo invisible que resultaba este corredor en La Guajira —dice González—. Hoy es escenario de disputas entre gaitanistas, autodefensas de la Sierra y el ELN, con homicidios casi a diario en municipios como Dibulla o Uribia”. Las comunidades indígenas kankuamas, arhuacas y wiwas son las más golpeadas por esta violencia.
El Catatumbo es uno de los corredores más explosivos de Colombia: concentra la mayor densidad de cultivos de coca del país y tiene una frontera porosa con Venezuela. Allí confluyen el ELN, varias facciones de las disidencias de las FARC y carteles internacionales, que manejan el contrabando de gasolina y el tráfico de armas. Las comunidades campesinas e indígenas están atrapadas en medio de enfrentamientos y operaciones armadas, con altísimos niveles de homicidios y desplazamientos. El reclutamiento forzado de menores y la violencia sexual forman parte de la estrategia de control de los grupos armados.
Este corredor recorre las llanuras del oriente colombiano, conectando el Meta con Vichada y llegando a las fronteras con Brasil y Venezuela. Su importancia radica en la facilidad para el transporte aéreo y fluvial de cocaína, además del paso de armas y contrabando. Disidencias armadas controlan pistas clandestinas y campamentos de producción, mientras redes ilegales se encargan del envío internacional. Las comunidades campesinas enfrentan extorsiones y presiones para incorporarse a la economía cocalera, en medio de una deforestación acelerada por cultivos ilícitos y ganadería ilegal.
El corredor de Urabá y el Darién se ha convertido en un punto neurálgico del crimen transnacional. Miles de migrantes cruzan cada mes por la selva hacia Centroamérica, un flujo que el Clan del Golfo controla y convierte en negocio. Cada paso tiene un precio: el que no paga, arriesga la vida. Además de la migración, el corredor es clave para el tráfico de cocaína hacia el Caribe, aprovechando las costas de Antioquia y Chocó. La crisis humanitaria golpea tanto a migrantes como a comunidades locales en Necoclí y Acandí, donde se entrelazan extorsión, violencia y ausencia estatal.
Históricamente asociado a la presencia insurgente, este corredor conecta el centro del país con la Amazonía y el sur. Las disidencias mantienen corredores de movilidad y control sobre cultivos ilícitos, articulando sus operaciones con el Guaviare y el Caquetá. “Un hecho reciente es la creación del frente Andrés Patiño —advierte González—, con el que las disidencias buscan abrir un acceso hacia el Micay tras perder Tumaco como su principal puerto de exportación”. Los campesinos enfrentan presiones para colaborar con las estructuras armadas, mientras los intentos de sustitución de cultivos han fracasado por falta de alternativas.
Este corredor conecta el sur andino con Buenaventura, principal puerto del Pacífico. Es estratégico para el narcotráfico, pues permite que la cocaína producida en Cauca y Huila llegue al litoral. Disidencias, el ELN y bandas locales se enfrentan por el control del territorio, lo que genera altos niveles de violencia en municipios como Santander de Quilichao, Toribío y Buenos Aires. El reclutamiento de jóvenes es una práctica sistemática, y las comunidades afrodescendientes sufren desplazamientos y asesinatos selectivos.
La red de ríos que atraviesa el Medio Atrato convierte a este corredor en una vía esencial para el transporte de cocaína y oro extraído ilegalmente. El ELN y el Clan del Golfo se disputan el control de estas rutas, en una confrontación que se prolonga desde hace más de una década. Las comunidades indígenas emberá y afrodescendientes viven confinadas, con restricciones de movilidad y bloqueos de alimentos impuestos por los grupos armados. La violencia sexual contra mujeres y niñas se ha documentado como una práctica de control social en la región.
Este corredor conecta varios departamentos de los Llanos Orientales y llega a la frontera con Venezuela. Es un espacio de confrontación directa entre el ELN y las disidencias, con enfrentamientos frecuentes en zonas rurales. El contrabando de combustible y el tráfico de cocaína son las principales economías ilegales, además de la extorsión a comerciantes y transportadores. La población campesina vive en medio de la guerra abierta, con asesinatos selectivos, desplazamientos y reclutamientos forzados
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