Los retos inéditos de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad (CEV), creada por el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc, es la entidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cuyo mandato, además de complejo y amplio, tiene previsto apenas tres años para su cumplimiento. Este término empezó a correr el 28 de noviembre de 2018, eso significa que en este momento le queda poco más de un año para entregar el informe final que, según lo pactado, “será un relato colectivo e incluyente que explicará lo qué pasó durante el conflicto”.

El periodo de trabajo de la CEV que se acordó en La Habana (Cuba), y que luego quedó ratificado por el Decreto 588 de 2017, siempre pareció insuficiente ante la magnitud del mandato y las pretensiones de construir una verdad de las víctimas y los victimarios, que invitara a la convivencia y no repetición como propósitos últimos de su gestión. A la Comisión se le agota el tiempo y los desafíos a los que se sigue enfrentando, que juegan totalmente en contra de la posibilidad de lograr su cometido, no cesan de presentarse como barreras que parecerían simbolizar la dimensión del reto que tuvo desde el principio.

La CEV arrancó su trabajo luego de seis meses de alistamiento en los que se diseñó lo que iba a ser la entidad: su estructura, metodologías, funcionarios principales y derroteros comunes. Cuando empezó a aterrizarse esa planeación, se empezó a hablar con aliados, víctimas, organizaciones y entidades la magnitud de la tarea sobrepasó cualquier cálculo.

Las demandas de organizaciones y víctimas, la complejidad que implica garantizar una participación equitativa, los criterios investigativos, la forma de abordar todo el proceso y el mandato mismo, contrarreloj, han representado un trabajo monumental. Esto ha llevado a que la Comisión haya replanteado su estructura, metodologías y organización varias veces y que muchos funcionarios de grandes calidades hayan llegado, pero también hayan salido, ante la incertidumbre de poder aportar al trabajo de la CEV de manera efectiva.

El gobierno del presidente Duque recortó, desde el momento que pudo, el presupuesto de la Comisión en un 40% y, lejos de respaldar su gestión, ha ignorado la trascendencia de su responsabilidad y no ha mostrado ningún interés por lo que su labor puede significar para Colombia. Desconoce torpemente la oportunidad que, por ejemplo, tendrían los sectores educativo y cultural, por nombrar solo algunos, de ser parte activa de una oportunidad histórica para construir un relato colectivo, participativo y diverso sobre lo que ha sido nuestro conflicto como nación. Y nunca ha tenido ninguna manifestación de reconocimiento o ánimo alguno de colaboración con el trabajo que la Comisión está adelantando. De hecho, sus mensajes solo han contribuido a estigmatizar la labor de todas las entidades del Sistema Integral.

Estas dificultades, que en sí mismas son graves para una entidad con tan poco tiempo de trabajo, se han profundizado aún más con dos situaciones excepcionales: de un lado, la pandemia aparece como una barrera prácticamente insuperable para lograr cumplir con la tarea de recoger la verdad en los territorios, en ejercicios dialógicos vivos que se traduzcan en relatos que alimenten el informe. Los talleres virtuales que con tanto esfuerzo está promoviendo hoy en día la Comisión pueden ser relativamente útiles, pero no pueden reemplazar el significado de tener cerca a las víctimas en sus espacios, con sus formas de expresión diversas, que una reunión remota jamás puede captar. Esto ya de por sí, pone todo el contenido del informe en riesgo.

A esa dificultad enorme, se suma la insólita y lamentable realidad de haber perdido en menos de un año a dos de sus comisionados, cuya labor era fundamental para el resultado perseguido por la CEV. Alfredo Molano, murió luego de una penosa enfermedad en octubre pasado, dejando el vacío de un conocedor como pocos de los territorios y sus desafíos. Y hace unos pocos días, el 7 de agosto, el mismo virus que amenaza la propia gestión de la Comisión, el Covid19, se llevó a la comisionada Ángela Salazar, activista y líder de las comunidades afro, en especial, las mujeres, que tenía la experiencia de base para aportar un conocimiento conectado con la realidad de los grupos étnicos en el conflicto y en la construcción de paz en Colombia.

Son demasiados los elementos que han jugado en contra de la posibilidad de que la Comisión de la Verdad en Colombia tenga un chance real de producir un informe transformador, esclarecedor, que señale esos horrores que no pueden repetirse y que a la vez apunte a devolver la confianza en el otro, a crear la posibilidad de convivir juntos en la diferencia. Hoy la Comisión sigue adelante con estoicismo y valentía, pero enfrentada a obstáculos inmensos para lograr lo que tantos estamos esperando: un relato plurifónico que nos hable de todo lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser desde la diversidad, los derechos, la experiencia colectiva y comunitaria y el deseo de reconciliación. Solidaridad ante sus retos, respaldo a su labor y respeto por su determinación.

@julibustamanter