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Antes que la muerte, lo primero que bajó por el río Naya fue el rumor.
De casa en casa y en voz bajita corría el murmullo. Unos hombres habían entrado por la parte alta del afluente y empezaban a bajar las montañas con botas y fierros en mano. Eran como un animal al acecho en la selva. Como el monstruo que se mueve con rapidez detrás de la maleza hacia su presa, que retumba, que destruye lo que está a su paso y que esconde la cara.
“Vienen bajando”, fueron las dos palabras que por días se esparcieron como pólvora en esa zona entre Cauca y Valle del Cauca con la que la guerra parece ensañarse.
Venían bajando. Hasta que llegaron.
Fue hace 25 años. El 10 de abril de 2001 tras su paso primero por varias comunidades, hombres del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetraron la masacre del río Naya, una incursión paramilitar que se extendió durante tres días y en la que los armados recorrieron veredas enteras señalando, torturando y asesinando a quienes consideraban cercanos a la guerrilla. En su avance, su mensaje era claro. Desde ese momento el territorio cambiaba de mandos.
Según reconstrucciones posteriores, no fue una irrupción improvisada. Los paramilitares avanzaban con dos objetivos. Por un lado, disputar el control del territorio —clave para rutas del narcotráfico y economías ilegales— y, por otro, eliminar cualquier rastro de presencia guerrillera en una región donde durante años habían operado las FARC y el ELN. En ese contexto, cualquier señalamiento podía convertirse en sentencia de muerte para los habitantes.
“Se escuchaba como que vienen bajando, vienen bajando, pero no había una información clara (…) Se anunció que los paramilitares habían entrado por el Alto Naya y que venían masacrando y desplazando a las comunidades”, recuerda Naya Niridia Ruiz Medina, una de las sobrevivientes.
“Como fue para Semana Santa yo no estaba yendo al colegio, pero nadie salía. Había un silencio”, agrega.
Naya tenía 10 años cuando los hombres armados llegaron a su casa. “Mi mamá de una nos escondió debajo de la cama”, recuerda. Desde ahí escuchó las botas, las voces y las órdenes. Afuera, los hombres iban de casa en casa reuniendo a la gente. “Dijeron que todos los hombres salieran porque iban a hacer una reunión en la cancha del pueblo”, cuenta.
“En mi casa éramos puras mujeres, menos mi tío. A él sí se lo llevaron, pero despuecito nos lo devolvieron porque él estaba en condición de discapacidad, él sufría de trombosis. Entonces dijeron que no porque estaba enfermo”, cuenta.
Las acciones eran una clara muestra de intimidación y control que fueron las improntas de las AUC en la guerra. “Decían que estaban buscando a los hombres que tenían relacionamiento con la guerrilla y hasta en un momento dijeron que iban a incendiar el pueblo”, afirma.
Lo que siguió fue una operación prolongada. Durante varios días, hombres armados avanzaron por la cuenca en una incursión que pudo ser evitada. Varias alertas fueron emitidas por habitantes, autoridades locales, la misma Defensoría del Pueblo e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la inminencia del ataque.
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La Defensoría dijo entre diciembre de 2000 y enero de 2001 que había un incremento de la presencia de las AUC en el sur del Valle del Cauca y que se estaban produciendo los primeros desplazamientos por los paramilitares en Santander de Quilichao y Timba.
A petición de varias organizaciones, la CIDH otorgó el 27 de marzo de 2001, menos de 20 días antes de la masacre, medidas cautelares a favor de las comunidades del Alto Naya ante la inminencia de un ataque, según reposa en un acto administrativo del Consejo de Estado que delinea lo que fue ese hecho violento.
Mientras tanto, en el territorio, el miedo corría más rápido que las balas.
El éxodo fue inmediato y desordenado. Según los registros de la época, familias enteras huyeron sin saber a dónde ir. Algunas se internaron en la selva. Otras se lanzaron al río. Muchas terminaron en lanchas sobrecargadas, escapando con lo poco que podían cargar. “Es que nosotros ponemos los muertos”, dice uno de los titulares de este diario en esa época.
“Había una lancha muy grande donde la mayoría de las familias, yo diría que unas 300 personas se fueron de la zona rural a la zona urbana”, también recuerda Naya Niridia.
En medio de esa huida, las noticias de asesinatos se expandían. “Dijeron que habían asesinado a un señor muy reconocido y eso causó mucho miedo en las comunidades y por eso la gente se tomó más en serio lo de irse”, dice.
El saldo fue devastador. Según registros de víctimas, al menos 28 personas fueron asesinadas —la gran mayoría hombres— y más de 7.000 personas sufrieron desplazamiento forzado en los días y semanas siguientes, en medio de otras violaciones como amenazas, desapariciones y destrucción de bienes. La región quedó fracturada.
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Las comunidades del Alto Naya terminaron en municipios como Santander de Quilichao, muchas veces en condiciones de hacinamiento. Otras se asentaron en Buenaventura. El desplazamiento implicó abandonar el territorio y romper las formas de vida construidas durante generaciones.
“Todas las comunidades de la zona alta empezaron a desplazarse hacia la zona baja. Unos se iban para el monte, otros se iban bajando poco a poco hasta poder llegar a la zona urbana de Buenaventura”, afirma Naya.
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en un apartado sobre las violencias y las experiencias de paz en el Pacífico colombiano dice que el desplazamiento duró años. “Muchas personas del Alto Naya estuvieron hacinadas con sus hijos durante tres años en la Plaza de Toros del municipio de Santander de Quilichao (…) Y los del Bajo Naya se fueron para la punta de San Francisco, lo que hoy llaman la calle de Puente Nayero, allá en el puerto grande de Buenaventura”, explica la CEV.
El Naya es una subregión estratégica, una cuenca que conecta selva, río y mar, donde comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas habían construido economías propias basadas en la agricultura, la pesca y la minería artesanal. Esa riqueza, sumada a su ubicación, la convirtió en un punto clave para la guerra.
Desde los años ochenta, la presencia de distintos actores armados fue transformando la región. Guerrillas, paramilitares y fuerza pública coincidieron en un territorio donde la violencia no llegó de golpe, sino que avanzó río abajo, hasta que en 2001 se convirtió en una incursión abierta.
El Consejo de Estado profirió sentencia en 2007 y confirió la responsabilidad del Estado por omisión en este crimen que afectó a las comunidades étnicas.
La violencia que persigue
Naya Niridia sigue viviendo en el territorio y dice que no se irá porque perdería su ancestralidad. “La vida en la ciudad sin tierra no es vida para nosotros que estamos, digamos, en un proceso de ancestralidad dentro de sus prácticas ancestrales, entonces, ha sido difícil”, señala.
Pero quedarse no significa que el miedo haya desaparecido. Actualmente esa zona sigue siendo un territorio en disputa principalmente de disidencias de las antiguas FARC. “Son nuevos grupos armados con todas las viejas costumbres”, explica Naya.
Y agrega: “El contexto de seguridad es bastante complejo, hay constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario y vulneración de los derechos humanos, derechos étnicos y derechos colectivos. Falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y ni qué decir de la paz total”.
El paso del tiempo aún no organizó la historia ni trajo toda la verdad que el pueblo necesitaba. “Todo el proceso de apropiación de la historia se ha dado a través de los liderazgos, es una forma de defensa y debemos seguir en ella”.
Debajo de su tejido quedaron las capas de la masacre, el desplazamiento, el retorno parcial, y la de la persistencia de actores armados.
Pero Naya dice que, como su nombre y como su río, toca seguir.
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