Desde la mesa de conversación que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con las bandas criminales de Medellín se dieron este lunes dos noticias contradictorias.
La primera vino de parte de las estructuras armadas. Freyner Alfonzo Ramírez García –conocido como Carlos Pesebre– renunció como uno de los dos voceros principales de las bandas criminales en el espacio de diálogo sociojurídico tras advertir que el proceso era improvisado, le faltaba claridad y no habían garantías.
“Del Espacio de Diálogo Sociojurídico y su dinámica en favor de la paz urbana se esperaban grandes resultados, y de hecho se lograron avances tangibles, como la histórica reducción de los índices de homicidios. Sin embargo, se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas más sólidas de las que tiene abierta la Paz Total del Gobierno Petro”, dice la carta enviada por Pesebre al consejero comisionado de paz, Otty Patiño, el pasado 31 de enero, pero solo conocida este lunes.
Y agrega que esa falta de conducción clara llevó a los diálogos a un punto muerto y dejó el proceso en una “informalidad persistente”, que terminó afectando la confianza del espacio.
La segunda noticia fue la respuesta del Gobierno a ese anuncio.
Tanto la delegación del Gobierno, en cabeza de la congresista Isabel Zuleta, como la de las bandas criminales, convocaron a una rueda de prensa desde la cárcel de Itagüí. Desde allí anunciaron un “acuerdo condicionado” de paz urbana, sin que se explicara a fondo su alcance.
Según el escueto comunicado, este pacto incluiría temas como “lograr condiciones para la memoria y la dignificación de las víctimas”, la “prevención de nuevas violencias” e impedir el “resurgimiento de nuevas estructuras”. Además, de la “transformación y sustitución de economías ilícitas” y la “inclusión social para personas que integran” las estructuras armadas.
Ninguno de estos temas es nuevo entre la agenda de ese proceso de diálogo y el comunicado tampoco explica a profundidad cómo se desarrollarán.
En el comunicado, se explicó que se informará “la deliberación de cada uno de los temas” y los “mecanismos de participación y vinculación de la ciudadanía”, así como los detalles de la implementación y verificación.
Las delegaciones afirmaron que “antes de finalizar el actual Gobierno se firmará ese acuerdo de paz”.
Este anuncio, en todo caso, contrasta con las palabras de Pesebre que en su misiva al comisionado Patiño dice que el proceso está en un “punto muerto”.
“La falta de claridad ha llevado los diálogos a un punto muerto, sumiendo el proceso en una informalidad persistente. Las expectativas, promesas y esperanzas generadas ante las comunidades, los líderes sociales y las personas privadas de la libertad en las cárceles del Valle de Aburrà solo contribuyeron a la pérdida de credibilidad”, puntualizó el histórico jefe del crimen en la ciudad.
En la rueda de prensa, la senadora Zuleta hizo énfasis en otros compromisos que se han hecho en la mesa de paz, como la reducción de homicidios.
“Nosotros estamos trabajando en la reducción de homicidios, la tasa de homicidios con la que cerramos el año pasado en todo el Valle de Aburrá fue de un dígito, es una tasa histórica (...) Los compromisos que se han firmado aquí se han cumplido por parte de las estructuras, y son unos compromisos de no confrontación entre las estructuras. Ese compromiso se ha cumplido, que es al que nosotros le hacemos seguimiento”, dijo Zuleta.
A inicio de este año, este diario hizo seguimiento a esas cifras y, aunque el proceso sí ayudó a reducir los homicidios en el Valle de Aburrá, no pasó lo mismo con las cifras en Medellín.
En los diez municipios que componen el área metropolitana de esa región los asesinatos disminuyeron 6 % frente a 2024: pasaron de 463 a 437 casos, según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval).
El Gobierno asoció esa caída al desescalamiento de violencias vinculadas a disputas armadas y al avance de los espacios de conversación sociojurídica que fueron anunciados el 28 de abril de 2023.
Sin embargo, las cifras de Medellín muestran un caso distinto. Según Meval, la capital de Antioquia cerró 2025 con un aumento de 5 % en los homicidios. Pasó de 309 asesinatos en 2024 a 325 en 2025.
El incremento, señala el comunicado, no estuvo asociado principalmente por disputas entre organizaciones criminales, sino por violencias asociadas a la convivencia. Los homicidios por riñas aumentaron de 114 a 129 casos, mientras que los relacionados con hurtos pasaron de 21 a 23.
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