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El oro que se extrae de manera ilegal de la mina La Mandinga en Caucasia, Antioquia –y que está bajo el control del Clan del Golfo, la mayor estructura criminal de Colombia–, está siendo utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos.
Así lo reveló una reciente investigación del diario estadounidense “The New York Times”, que encendió las alarmas sobre varias irregularidades, como el tránsito del oro desde Colombia hacia Estados Unidos, los vacíos de la regulación de la extracción del mineral y —en una denuncia aún más grave— en que la mina está en una finca que está justo al lado de una base militar, específicamente la del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional.
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El predio tiene aproximadamente 2.000 hectáreas. Según el Ejército, allí, entre 2.000 y 2.500 mineros informales, lo han ocupado para adelantar trabajos de explotación de oro. Según la investigación del diario estadounidense, la dinámica de control del grupo armado sobre esa economía ilegal en La Mandinga lleva arraigada al menos ocho años. “The New York Times” afirma que el Clan del Golfo —grupo considerado terrorista por parte de EE. UU.— impone las reglas en esa mina: se necesita un permiso para la extracción y, además, se cobra un porcentaje. De acuerdo con un minero citado en la investigación, el grupo armado cobra USD 400 al mes por cada grupo de cinco mineros.
La denuncia fue publicada por el periodista estadounidense Justin Scheck y los colombianos Simón Posada y Federico Ríos –galardonado fotoperiodista–, quienes señalaron que la explotación no se limitaba a los alrededores del batallón, sino que la actividad minera incluso traspasó a los terrenos de la base militar.
La investigación tiene aparte un fotorreportaje realizado por Ríos, en el que relata que al consultarle la situación al comandante de la base en Caucasia, el coronel Daniel Echeverry, este negó que la actividad estuviera ocurriendo. Sin embargo, tras un breve recorrido entre Ríos y Echeverry, la operación ilegal quedó a la vista del comandante.
“El coronel Echeverry se quedó helado. ‘Esto es en terrenos de la base’, dijo, y les ordenó a los mineros que se marcharan. ‘Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí’, gritó”, relató Ríos en su nota.
Un tema en la negociación
La denuncia pone la mirada también sobre el proceso que adelanta el Gobierno Nacional con el Clan del Golfo, pues justamente uno de los compromisos de la mesa es en temas ambientales. El pacto señaló que se constituiría un grupo de trabajo, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para abordar distintas problemáticas, entre ellas los impactos a la minería ilegal.
Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro en los diálogos con el Clan del Golfo –autodenominado el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)–, se pronunció sobre esta investigación y dijo a Colombia+20 que las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, “son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz. Esa es una necesidad que está planteada en el escenario de la conversación y seguramente va a ser abordada”, agregó, aunque fue enfático en que el fenómeno no es nuevo. Según explicó, se intensificó en los años 90, cuando el Banco de la República de Colombia dejó de ser el comprador oficial del oro.
“Eso facilitó que los grupos armados empezaran a ser los monopolizadores de la compra del oro a los pequeños mineros. En la medida que han venido ejerciendo una incidencia fuerte y control de algunas regiones del país, se han convertido en dueños de esa economía porque les facilita lavar las economías ilegales del narcotráfico”, señaló.
El negociador también advirtió que el problema va más allá del grupo armado. Expresó que hay comunidades y empresarios del oro que, sin ser integrantes del EGC, terminan articulándose al control que este ejerce sobre la actividad minera en la región.
Sobre la pregunta si de confirmarse por parte de las autoridades colombianas lo que denuncia “The New York Times” habría alguna consecuencia en la mesa, Jiménez no respondió, pero pidió que el asunto sea abordado “de forma más integral y completa”. Asimismo, indicó que en la mesa ya se discute con sectores de la sociedad y actores económicos la necesidad de una “economía de paz” en los territorios.
“Cuando hablamos de transformación territorial, estamos hablando de transformación de las economías. No se puede pretender que construyamos paz en una región si no construimos economías legales. Sobre esa premisa partimos para la discusión. Estamos contando con distintos actores de la sociedad en este ejercicio, y en la medida en que tengamos desarrollos más adelante lo estaremos comentando como espacio en la mesa”, añadió.
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Tras conocerse el reportaje, el Clan del Golfo negó tener control sobre esa mina. A través de un comunicado difundido reiteradas veces en su cuenta de X, el grupo señaló que no es dueño “de la minería ilegal y otras economías ilícitas” ni propietario de los “entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones”, aunque sí admitió que cobra un “impuesto” a esas actividades.
El Ejército Nacional señaló que desde el año 2022 informó a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación sobre lo que ocurría en La Mandinga, tanto por el impacto ambiental de la minería ilegal como por su posible relación con las redes criminales del Clan del Golfo. Desde entonces –añadió la fuerza militar– las autoridades han intervenido en al menos 20 oportunidades para destruir maquinaria e intentar frenar el problema.
El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, también se pronunció. “No toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales, ni admitiremos omisiones en el cumplimiento de nuestro deber institucional de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales”, escribió a través de su cuenta de X. También señaló que ordenó una investigación para aclarar los hechos revelados por The New York Times y así “adoptar las medidas correspondientes con total contundencia”.
La discusión sobre el control del predio
En el comunicado de la séptima División del Ejército también se señalaba que la finca La Mandinga, donde está la mina, se encuentra bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, esa entidad respondió que no figura entre los predios bajo su administración.
Según la SAE, en 2013 el predio fue objeto de medidas cautelares tras un embargo decretado por el Tribunal Superior de Bogotá en el marco de un proceso de Justicia y Paz —lo que indica que en su momento estuvo en manos de grupos paramilitares—.
El 18 de febrero de 2020 se ordenó su extinción de dominio y su entrega al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas. Antes de eso, la administración del predio había recaído en la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
“La revisión institucional también estableció que ‘La Mandinga’ no fue entregado a la SAE por parte de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, según consta en las actas de empalme realizadas en septiembre de 2014″, indicó la SAE en su pronunciamiento.
Este pronunciamiento muestra que, hasta el momento, no se sabe quién está administrando el predio o quién tiene su control.
“Coordinaremos con el Ministerio de Defensa y El Ejército Nacional un rastreo presencial en la zona para corroborar el estado de algunos predios administrado por la entidad para verificar si están siendo utilizado en minería ilegal u otro tipo de actividades delincuenciales” dijo Amelia Pérez Parra, presidenta de La SAE, en el comunicado.
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