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Sigue la discusión sobre la existencia de una mina ilegal de oro, al parecer vinculada al Clan del Golfo, cerca del Batallón de Infantería Número 31 Rifles, de Cáceres (Antioquia). El Ejército y el Ministerio de Defensa dijeron que el predio estaba en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero esa entidad respondió señalando que la propiedad no está bajo su administración.
El asunto empezó a sonar el pasado 26 de abril, cuando el Ejército emitió un comunicado señalando que en los límites de la unidad militar hay una finca llamada “La Mandinga”, que tiene aproximadamente 2.000 hectáreas. Allí, según la institución, entre 2.000 y 2.500 mineros ilegales ocuparon ilegalmente el sitio para adelantar trabajos de explotación de oro.
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Indicaron también que desde el año 2022 el Ejército informó a la Fiscalía sobre lo que ocurría allí, por el impacto ambiental de la minería ilegal y por su posible relación con las redes de crimen del Clan del Golfo. Además, desde entonces han intervenido en al menos 20 oportunidades en ese lugar para destruir maquinaria e intentar ponerle freno al problema.
El centro del choque de trenes entre el Ejército y la SAE está en que la institución castrense señaló en su pronunciamiento que el predio de “La Mandinga” está bajo control y administración de la SAE “por extinción de dominio, conforme a lo estipulado por la ley”. Desde la entidad le respondieron al Ejército con un comunicado en el que lo negaron todo.
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Por medio de un comunicado, la SAE señaló que adelantaron una validación en todos sus sistemas de información y encontraron que “La Mandinga” no es uno de los predios bajo su administración. Detallaron que en el año 2013 ese predio fue objeto de medidas cautelares luego de que el Tribunal Superior de Bogotá decretara su embargo en el marco de un proceso de Justicia y Paz.
El predio, que al parecer había estado en manos de paramilitares, fue objeto de extinción de dominio el 18 de febrero de 2020 y se ordenó que se lo entregaran al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas. La administración del predio estuvo en su momento en manos de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
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“La revisión institucional también estableció que ‘La Mandinga’ no fue entregado a la SAE por parte de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), según consta en las actas de empalme realizadas en septiembre de 2014″, indicó la SAE en su pronunciamiento sobre la denuncia que inicialmente apareció en una publicación de un fotógrafo de The New York Times.
“La entidad reitera que su gestión se rige por la verificación documental, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la coordinación con las instituciones competentes para garantizar claridad sobre la administración de bienes vinculados a procesos legales”, concluyó la SAE. Ahora la pregunta es quién realmente está administrando ese predio y a quién le corresponde su control.
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Por su parte, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, aseguró: “Es importante que quede claro que la SAE no tiene ninguna responsabilidad en ese tema. Sin embargo, coordinaremos con el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional un rastreo presencial en la zona para corroborar el estado de algunos predios administrados por la entidad, para verificar si están siendo utilizados en minería ilegal u otro tipo de actividades delincuenciales”.
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