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“¡Muchachas, llegó el mesón para cortar la tela!”, dijo Nancy Pérez. Las catorce mujeres que estaban con ella en el taller de costura de la Asociación de Mujeres y Familias Zulianas (Asofazul), en Zulia, Norte de Santander, aplaudieron, se abrazaron. Llevaban tres meses esperando esa mesa para poder cortar los patrones con mayor precisión y agilizar el trabajo con el que 30 familias esperan mejorar sus ingresos.
Nancy, una mujer de ojos negros, rasgados, le sonrío a Juan Pérez, su hermano, quien como ella tuvo que huir del municipio de El Tarra en el 2003, durante una incursión paramilitar. Ella ha liderado por más de 10 años proyectos con familias desplazadas y es una de las creadoras de la organización.
Asofazul montó el taller de costura en noviembre de 2016. Lo logró luego de 13 años de trabajo con la comunidad y de concientizar a la Alcaldía municipal y la Gobernación sobre la importancia de reparar a las víctimas. Después de tocar muchas puertas, el Ministerio de Defensa les dio ocho máquinas de costura y ocho fileteadoras, importantes para rematar los filos de los textiles. Luego participaron en una convocatoria de la Gobernación de Norte de Santander, y les entregaron algunas telas y el mesón. “La idea es que esto nos ayude financieramente, pero todavía estamos consolidando el negocio”, dice Nancy.
No ha sido fácil para las mujeres de El Zulia impulsar esta y otras iniciativas de generación de ingresos. Este proyecto no es la reparación que muchas de ellas necesitan, es apenas una forma de conseguir recursos para ellas y sus familias. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron las líderes mientras charlaban en el taller de costura. Las máquinas y los demás implementos están en el último piso de la casa que tiene en arriendo Claudia Montes, una de las participantes de Asofazul. Unos plásticos evitan que la lluvia y el sol se metan por entre las tejas de zinc y los ladrillos desnudos.
Cada paso del proceso de reparación y generación de ingresos ha sido una lucha. Cinco de las catorce mujeres que estaban reunidas en el taller no fueron reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado en su primera declaración porque, como tuvieron varios desplazamientos y retornos voluntarios, la Unidad de Víctimas respondía que eran simplemente personas que viajaban mucho por el país. Tuvieron que apelar hasta tres veces para ser admitidas en las bases de datos.
Entendieron que si querían tener algún chance de ser reconocidas y reparadas debían convertirse en protagonistas de su propio proceso de resarcimiento. Alzar la voz e ir juntas a todas las entidades del Estado hasta que las escucharan. “Cuando llegamos desplazados en 2003, había mucha discriminación hacia las víctimas, y más cuando éramos mujeres. Nos veían como mantenidas, unas mentirosas que se hacían pasar por mártires para pedir. Que poníamos a nuestros hijos a mendigar. Pero no veían nuestra realidad ni entendían nuestro contexto”, dice Gilma. Con esa idea en mente nació, en 2004, Asofazul.
La organización se convirtió en una plataforma para compartir sueños y crear proyectos para luego presentarlos a las entidades del Estado. Después de años, a muchas mujeres no les ha llegado ni una ayuda humanitaria.
Cuando Nancy habla de contexto, se remonta a los años entre 1980 y 2004, cuando el bloque Catatumbo, conformado por el frente La Gabarra y el bloque Móvil Catatumbo, de más de 1.400 paramilitares, arremetió contra el frente 33 de las Farc, que hasta ese momento tenía el control de la región. El resultado fue una incursión que produjo 66 masacres y alrededor de 120.000 personas desplazadas. Así lo determinó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Con licencia para desplazar: masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo.
El 10 de diciembre de 2004, el bloque Catatumbo se desmovilizó y empezaron las peleas por los territorios que antes ocupaba. Según informes de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), los frentes paramilitares tenían presencia en la herradura conformada por los municipios de Puerto Santander, Cúcuta, El Zulia y Villa del Rosario.
En el 2005 se puso en marcha la operación militar Fortaleza, un clon del plan Patriota que se estaba implementando en el sur del país, con cerca de 1.200 hombres del Ejército. Se calcula que el pie de fuerza en el Catatumbo llegó a ser de 4.500 hombres. Los combates entre la Fuerza Pública y las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl se redoblaron, igual que los desplazamientos.
La polarización que creó la ofensiva militar en la región permeó todas las relaciones cotidianas en los pueblos. Así lo vivió Blanca Boada. Sentada frente a la máquina de costura que comparte con otras siete compañeras, Blanca cuenta que fueron desplazados de Tibú porque su esposo pertenecía al Ejército. “Nadie le daba trabajo. Pasamos muchas necesidades. Después de un tiempo lo empezaron a buscar para matarlo”. Lo sacó de la vereda una madrugada y luego empacó sus cosas y salió detrás. Eso fue hace nueve años, pero sólo declaró hace uno. “Lo hice porque me dio rabia cuando fui a enterrar a mi papá en Tibú y me llamaron la atención diciendo que no podía estar allá”, añade.
Aunque todo eso pasaba a escasos 125 kilómetros de Cúcuta, cuando las familias llegaban a la ciudad a pedir ayuda se encontraban con una institucionalidad ajena a su dolor. Don Juan Pérez lo recuerda muy bien. En el momento en que los combates en El Tarra se hicieron insoportables tuvieron que salir hacia Cúcuta. Allí les tomaron la declaración, pero no encontraron trabajo, así que se fueron para El Zulia.
“Un día estábamos pasando necesidad y llegué a la Alcaldía pidiendo un poco de Bienestarina. La personera me preguntó: ‘Usted dónde declaró’. Yo le respondí que en Cúcuta. ‘Vaya a pedir la Bienestarina allá entonces’, me respondió. Fue muy humillante. Por eso me alegra pertenecer a Asofazul, este tipo de organizaciones ayuda a que nos respeten. Por eso nos seguimos reuniendo para poder obtener los beneficios que merecemos y así sobrevivir”.
En un principio, doña Nancy y su hermano no pensaban crear una organización de mujeres, pero reclamando apoyo en las personerías, las defensorías y otras corporaciones encontraron que las que llegaban a esos lugares eran en su mayoría viudas, madres cabeza de familia y otras mujeres que, después de los hechos violentos, asumían la vocería de su familia. También se dieron cuenta de que a ellas la tragedia las había perjudicado de una forma diferente. Para solucionar esos problemas, hicieron marchas en contra de las desapariciones forzadas, crearon redes de apoyo para las víctimas de violencia sexual y empezaron a buscar proyectos productivos.
La precaria situación económica
Las organizaciones de víctimas en El Zulia le han puesto especial énfasis a conseguir insumos para crear empresas que les permitan subsistir. Esto es primordial ya que en la zona fronteriza las fuentes de ingreso normalmente están ligadas a la economía extractiva, ilegal o ambas. No hay cadenas productivas que permitan generar empleos bien remunerados y mejores ganancias. Así lo explica Codhes en un informe de 56 páginas sobre la región.
Como las alcaldías no tienen suficientes contribuyentes que paguen impuestos, no cuentan con presupuesto ni siquiera para cubrir los gastos mínimos del municipio, mucho menos para invertir en empresas a mediano y largo plazo. A esto se suma la corrupción de las administraciones municipales en décadas pasadas. Tanto así que el estudio Transparencia departamental y municipal 2013-2014 le dio el sexto puesto entre los municipios de Colombia, afirmando que tiene un “muy alto riesgo de corrupción”.
Todos estos problemas juegan en contra de la capacidad institucional para atender a las víctimas. “El Zulia tiene, aproximadamente, 30.000 habitantes, y hemos contado hasta ahora 4.000 víctimas del conflicto armado. La mayoría de ellas son desplazadas de la zona del Catatumbo y Venezuela. Cuando llegan y declaran les damos el arriendo y mercado para tres meses, pero más de eso no podemos financiar”, explica Elkin Caballero, alcalde del municipio, que recibió la administración con una deuda de $1.500 millones.
El alcalde explica que, además de déficit en recursos públicos y de opciones laborales, sufren de falta de vivienda de interés social. Les hacen falta unas 1.500 casas para suplir la necesidad que tienen. “Radicamos dos proyectos con Findeter en los que aspiramos competir por unas 500 viviendas. La idea es que estas viviendas se den a los desplazados para así mitigar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias desplazadas”, añade.
Aunque las mujeres de Asofazul celebran estas iniciativas, explican que para que tengan un impacto real a largo plazo deben ponerse en marcha junto con otros proyectos empresariales, que solucionen los problemas de seguridad tanto en el campo como en el casco urbano, y se acelere así la reparación colectiva a las víctimas.
Afirman que es imperativo que municipios tan representativos como El Zulia reparen debidamente a las mujeres, niñas y jóvenes violentadas, no sólo para decir que se está aplicando el Acuerdo de La Habana, sino también porque es vital “para construir un país más equitativo y no perpetuar las violencias”, dice Nancy.
Ellas son el ejemplo de que, como dijo la Corte Constitucional en el 2008, el país ha fallado históricamente al no reconocer las violencias específicas que han padecido las mujeres en el conflicto armado y atender, así, su reparación.
*Este viaje se realizó con el apoyo de la estrategia De igual a igual de ONU Mujeres, en alianza con la Embajada de Suecia en Colombia, e implementado por el Consorcio ECHO Caracola. Busca destacar el papel de las mujeres colombianas como constructoras de paz. Algunos nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las lideresas.