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Este jueves la Comisión de la Verdad realizó el sexto Diálogo para la no Repetición y sentó frente a frente a las víctimas, a la Unidad Nacional de Protección, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Ambiente, a la Unión Europea, a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a la exguerrilla, a líderes estudiantiles, entre otros actores, que expusieron sus compromisos para ayudar a que la labor de los líderes sociales sea respetada en todos los rincones de la geografía nacional.
Por ejemplo, la estigmatización que se enarbola desde ciertos sectores políticos contra los líderes sociales, durante años acusándolos de ser aliados del terrorismo, fue una de las razones por la que los asistentes exigieron un pacto social para que cesen estos señalamientos que aumentan la matanza. Otro de los compromisos, que en este caso hizo el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco De Roux, es que no tolerara lo intolerable como le está sucediendo al país en este momento “que clama eso en las calles, que se ponga por encima la importancia de la vida de todos los colombianos sin importar raza o credo”, puntualizó.
Al inicio del encuentro, Rogeres Higuita, representante de la mesa de víctimas de Tierralta; Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación de campesinos del Catatumbo (Ascamcat); Aura Benilda Tegria, alcaldesa electa de Cubará (Boyacá) y Marino Córdoba presidente de la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes), cuatro históricos líderes sociales de distintas regiones del país contaron qué sucede en sus territorios, cuál es el contexto de la paz y expusieron cómo es ser líder social y defensor de derechos humanos en la periferia del país. “Las víctimas de Riosucio queremos saber la verdad de la Operación Génesis. No para buscar venganza sino para aliviar esa carga que llevamos encima. Para poder avanzar en la reconciliación”, dijo Marino Córdoba, presidente de Afrodes.
A su turno, ante la pregunta de cuáles serán los compromisos desde el Ministerio del Ambiente para evitar que sigan agrediendo a cientos de líderes ambientales, el jefe de esa cartera, Ricardo Lozano, dijo que se necesita llegar a acuerdos en temas como la delimitación de los páramos y para eso propuso los Centros de Diálogo en los territorios, “donde estamos implementando la prevención de conflictos socioambientales, escuchando las verdades que tienen para decir las comunidades y autoridades ambientales locales".
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Mientras tanto, Alberto Brunori, representante en Colombia de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que el compromiso de dicha oficia será “seguir informando, como es nuestro mandato, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los aciertos y desafíos del Acuerdo de Paz. Nuestra agenda de paz es de derechos humanos y seguiremos alzando la voz, aunque no guste”. Al tiempo que dijo que fortalecerán el acompañamiento a campañas contra la estigmatización de los líderes sociales para respaldarlos frente al estatus quo. Incluso, también expresó que Naciones Unidas se compromete a levantar la voz y a ayudar a construir la política para el desmantelamiento de las estructuras neoparamilitares en el país.
Otros actores presentes en el Diálogo, como Luis Fernando Arias, coordinador nacional de la ONIC, ratificó su exigencia para que no se estigmatice la labor de ser defensor de derechos humanos y dijo que la determinación del movimiento indígena en todo el país es “avanzar en el no retorno a la violencia”.
Mientras tanto, Luis Alberto Alban, firmante del Acuerdo de paz y Congresista del partido FARC, dijo que su partido se compromete a luchar por la implementación de lo pactado y, especialmente, a presentar el proyecto de ley las veces que sea necesario para que las víctimas tengan curules en el Congreso. “Si el litigio se pierde, que es en lo que está ahora el tema luego de que se demandó que ya fueron aprobadas por el Congreso, volveremos a presentar el proyecto de ley”.
Entre tanto, Pablo Elías González, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señaló que en el momento 4800 líderes sociales cuentan con algún tipo de protección en el país y que la entidad que dirige apenas tiene una parte de la responsabilidad de la problemática. “Somos un accionar complementario y es el Estado el que tiene que abordar la problemática en general con una política pública para contrarrestar los problemas de fondo. Pero también desmantelar las organizaciones criminales”, dijo.
Finalmente, la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombart, resaltó el compromiso que tienen los países que hacen parte de ese organismo con la protección a los líderes sociales del país. Incluso, resaltó la campaña “Defendamos la vida”, en la que las embajadas empezaron a apadrinar líderes de diferentes regiones del país. “Vamos a seguir trabajando y nuestro compromiso es de largo plazo. Uno de los grandes ejes de trabajo con la sociedad civil es contribuir a la no repetición del asesinato de líderes sociales y a la reducción de la estigmatización a estas comunidades”, enfatizó.
Al cierre del Diálogo, Saul Cruz, comisionado de la verdad, señaló que el país debe avanzar en contrarrestar la inequidad y la estigmatización para que se extinga la violencia. “Nos comprometemos a escuchar a todos los sectores para que lo que resulte sea algo riguroso, creíble. Esta comisión es y quiere seguir siendo imparcial”.
Vea transmisión del sexto Diálolgo aquí.
Acá puede ver el Quinto Diálogo para la No Repetición