En menos de 48 horas dos comunicados del bloque Jorge Suárez Briceño, de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), comandado por “Calarcá Córdoba”, y luego otro del Estado Mayor Central (EMC), de “Iván Mordisco”, agitaron aún más la ya grave crisis humanitaria que vive el departamento de Guaviare.
Los enfrentamientos de ambas disidencias de las antiguas FARC, que se culpan mutuamente por la crisis, empezaron hace unas semanas, y entonces provocaron el confinamiento de unas 10.000 personas, según la Defensoría del Pueblo.
El domingo, la disidencia de “Mordisco” puso aún más presión en esa zona al anunciar el inicio de un paro armado que, de acuerdo con el gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, ha dejado al menos otras 12.000 personas confinadas y ha puesto en jaque la seguridad de miles de habitantes en zonas rurales como El Capricho, la vereda San Jorge y municipios como Calamar y Retorno.
En el comunicado publicado este fin de semana el Estado Mayor Central, a través de su bloque Amazonas, anunció que ese paro armado empezaba ayer e iba hasta el 21 de junio en todo el departamento. La declaración señala que durante estos días se “prohibirá toda movilidad civil” y, posteriormente, se impondrá un toque de queda general.
El mensaje va más allá de la advertencia militar: acusa directamente al bloque de ‘Calarcá Córdoba’ de realizar acciones conjuntas con la fuerza pública, y de provocar “muertes, desapariciones, saqueos y terror” contra la población civil. “El enemigo está vestido con uniforme guerrillero y armado con fusil, pero responde a intereses del Estado”, reza el texto, que cierra con una amenaza explícita: toda persona que desacate la orden “será tratada como objetivo militar”.
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Antes de ese comunicado los bloques de “Calarcá” se pronunciaron el sábado por primera vez sobre los enfrentamientos con “Mordisco”, y dijeron que ni los paros ni los confinamientos que se han dado en estas últimas semanas han sido órdenes de las estructuras bajo su mando.
“Nos apartamos del accionar equivocado y de la guerra de audios que iniciaron las tropas de Iván Mordisco contra la población del departamento del Guaviare. Aquí hemos llegado a curar su desespero. Le ‘declaramos la paz’ a todas las comunidades. Por nuestra parte, pueden seguir transitando por caminos y carreteras y vivir con tranquilidad en sus casas, con libertad de trabajo”, señala el comunicado firmado por Calarcá, quien también le pidió a la comunidad no creer en los mensajes o audios que circulan.
En ese documento, el Bloque Jorge Suárez Briceño negó haber impuesto restricciones a la movilidad o a la actividad humanitaria, e incluso afirman que mantienen diálogo con comunidades indígenas, organizaciones sociales y personal médico.
Sin embargo, reconocen que hay enfrentamientos armados con el Bloque de ‘Mordisco’ y que eso ha afectado a la población civil. La narrativa busca desmarcarse de las consecuencias humanitarias del conflicto y apunta a su contraparte como responsable de ataques. Aunque niegan un toque de queda, reconocen que la confrontación ha derivado en confinamiento de comunidades.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno la instalación de un Puesto de Mando Unificado en San José del Guaviare, así como la activación de mecanismos humanitarios para restablecer la libre circulación y el acceso a bienes básicos. El ente advirtió sobre el “grave riesgo de desplazamiento forzado masivo” en el departamento, tal como ocurrió en Catatumbo.
Este conflicto no solo pone en peligro la vida de los habitantes del Guaviare, sino que socava los intentos del Gobierno de mantener vivas las mesas de diálogo. Aunque ambas estructuras se reclaman parte del mismo proyecto insurgente, hoy se disputan rentas, control territorial y legitimidad armada.
Además, aunque formalmente está activo el proceso de paz con Calarcá, en la práctica solo una parte de esa mesa sigue viva. El diálogo avanza con dificultad, especialmente en torno al proyecto de Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con el Frente 33, pero con los demás bloques no hay encuentros desde abril, cuando se abordaron temas ambientales como la deforestación. El último ciclo formal de conversaciones ocurrió en octubre del año pasado.
Tal es la “pausa” de la mesa, que ayer en otro comunicado los bloques de “Calarcá” le pidieron al presidente Petro que “volviera a la mesa”.
Mientras los organismos humanitarios intentan reingresar a las zonas afectadas y las Fuerzas Militares despliegan desde el domingo en la noche tropas en los alrededores de San José del Guaviare, la población sigue atrapada en medio de una guerra sin frentes claros, donde cada actor niega responsabilidades y señala al otro.
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“En el centro estamos comunidades indígenas, campesinas y urbanas que pagamos el precio de una disputa que ya no es ideológica, sino de poder territorial y control de economías ilegales”, dijo a este diario una lideresa social de la región.
El presidente Petro reaccionó al anuncio del paro armado con un mensaje enérgico: “Orden terminante al Ejército. No se permiten paros armados en la cuna de la civilización de la humanidad”. Organizaciones sociales han confirmado a este diario que la zozobra reina en el departamento, especialmente en las zonas rurales. “No hemos mandado ni a los niños al colegio. Yo no salgo a nada. Tenemos temor sobre el actuar de cualquiera. “Calarcá” o “Mordisco” se están disputando por igual esta tierra”, dijo a este diario una lideresa social de la región.
Narcotráfico, deforestación y complot contra mesa de paz
La disputa entre las estructuras comandadas por ‘Calarcá Córdoba’ y las que obedecen a ‘Iván Mordisco’ no es nueva. Aunque ambas surgieron como parte del Estado Mayor Central (EMC), la alianza se fracturó en 2023, en medio de desacuerdos estratégicos sobre el proceso de paz con el Gobierno Petro. Mientras Calarcá ha mantenido una postura favorable al diálogo, e incluso ha venido participado activamente en la mesa de negociaciones, ‘Mordisco’ ha asumido una línea más radical, con desconfianza hacia la institucionalidad y fuerte control sobre economías ilegales en zonas como el Guaviare, Meta y Caquetá.
Es que el trasfondo es eminentemente económico: ambas estructuras se disputan el control de rutas de narcotráfico, zonas de producción de hoja de coca, territorios clave para la extracción ilegal de madera y minerales, y el cobro sistemático de extorsiones a comerciantes, transportadores y comunidades. En departamentos como Guaviare, esta lucha se traduce en confrontaciones armadas por corredores estratégicos hacia el Meta, Vaupés y Caquetá.
Guaviare es, además, uno de los departamentos con mayores índices de deforestación ligada al acaparamiento de tierras para ganadería y cultivos ilícitos, lo que ha convertido la selva amazónica en un nuevo frente de disputa entre grupos armados. Mientras que “Calarcá” ha promovido públicamente algunos acuerdos con el Gobierno para frenar la deforestación en zonas críticas como Chiribiquete -que también ha tenido sus peros y que hoy cuenta como un logro muy parcial de la mesa-, “Mordisco” ha rechazado cualquier iniciativa estatal que limite el control territorial de sus estructuras o afecte sus economías paralelas.
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Una hipótesis que circula entre analistas y funcionarios del Gobierno es que el EMC estaría buscando sabotear el avance de los proyectos que el Gobierno ha intentado implementar con “Calarcá”, especialmente en temas de deforestación.
De hecho, fuentes enteradas en terreno afirman que la acción del EMC puede estar calculada para generar desconfianza en las comunidades frente a cualquier interlocución con otras disidencias. La guerra de comunicados, la confusión territorial y las amenazas a la población civil funcionan, en ese contexto, como mecanismos de presión para imponer hegemonía armada, en detrimento de cualquier avance institucional.
Al sabotear proyectos de paz con bloques rivales, “Mordisco” no solo reafirma su control militar, sino que también obliga al Estado a negociar directamente con él o a reconocer que no hay un solo interlocutor válido en las regiones dominadas por las disidencias. Esto debilita la legitimidad de las estructuras más cercanas al diálogo y profundiza la fragmentación del conflicto.
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