El partido Comunes, surgido tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, perderá su personería jurídica y desaparecerá luego de no alcanzar el umbral requerido en las elecciones legislativas de este domingo.
De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la colectividad no logró el porcentaje mínimo de votos para mantener su reconocimiento como partido político -que era al menos el 3 % de la votación nacional-, lo que marca el final de su presencia formal en el sistema de partidos colombiano.
En esta elección, la colectividad buscaba mantener su presencia en el Legislativo con la candidatura al Senado de Sandra Ramírez, una de las figuras más visibles del partido y quien buscaba su reelección en alianza con Fuerza Ciudadana. Sin embargo, la lista no logró reunir los votos suficientes y la candidata no alcanzó el umbral electoral, requisito indispensable para conservar representación en el Congreso y la personería jurídica del partido.
La coalición de Fuerza Ciudadana logró 114.599 votos con el 99, 33 % de las mesas informadas, según la Registraduría. De esos votos, Ramírez obtuvo 10.474 votos.
La desaparición de Comunes ocurre ocho años después de que los exintegrantes de la guerrilla llegaran por primera vez al Congreso de la República de Colombia. Esa participación fue posible gracias al Acuerdo de Paz, que garantizó durante dos periodos legislativos diez curules —cinco en Senado y cinco en Cámara— para el partido surgido de la antigua insurgencia.
Mientras avanzaba la jornada electoral, el partido también denunció irregularidades que, según aseguró en un comunicado conjunto con la Coalición Fuerza Ciudadana, habrían afectado las garantías democráticas del proceso.
“Durante las primeras horas de la jornada hemos recibido múltiples reportes provenientes de testigos electorales y equipos territoriales sobre hechos que podrían constituir obstáculos al ejercicio de la vigilancia electoral y limitaciones a las garantías democráticas”, señalaron en un comunicado.
Según el documento, hubo “impedimentos para ingresar a los puestos de votación, suplantación de votantes, limitaciones para vigilar determinadas mesas o prohibición de realizar registros de las irregularidades reportadas durante la jornada”.
También denunciaron presuntas intervenciones indebidas en el proceso electoral. En el texto afirmaron que se habrían presentado “indicaciones a ciudadanos sobre por quién votar, incluso por autoridades administrativas y políticas, o presencia de estructuras externas a los puestos de votación que podrían influir en la decisión de los electores”.
Las denuncias, según indicaron, provendrían de distintos territorios del país, entre ellos Bogotá, Caquetá, Cauca, Antioquia, Bolívar y Atlántico.
El partido aseguró que continuará realizando seguimiento a la jornada y advirtió que la persistencia de estas situaciones “configura un riesgo palpable para el desarrollo democrático de la jornada electoral”.
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