Directora de la Unidad para las Víctimas.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este lunes, tres meses después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia, Patricia Tobón Yagarí, defensora de derechos humanos y excomisionada de la verdad, dejó su cargo como directora de la Unidad de Víctimas.

Tobón fue una de las primeras funcionarias nombradas por el presidente Petro, que le cedió las riendas de esta institución creada hace 12 años para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado, que actualmente suman 9,6 millones de personas (casi uno de cada cinco colombianos), la mayoría de las cuales permanece en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Unidad, el retraso en la salida de Tobón se debería a algunas denuncias de presunta falsedad en la hoja de vida contra Lilia Clemencia Solano, quien será la nueva directora y se posesionará este mismo lunes.

En entrevista+ con Colombia+20, Tobón hizo un balance de su administración en la Unidad y habló sobre su relación con el Congreso.

¿Le sorprendió que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia?

Yo digamos desconozco las razones por las cuales el Presidente pide la renuncia. Yo respeto la decisión y por supuesto la acato. Para mí lo más importante es el trabajo que se hizo por las víctimas y que se siga haciendo ese trabajo por las 9 millones de víctimas. Creo que aquí hicimos un aporte importante, no solo de las metas más altas, sino un trabajo de concertación y participación con las víctimas. Hemos recuperado la confianza, hemos hecho procesos históricos importantes que hoy las víctimas reconocen y que también aquí hay, dejamos unos equipos de trabajo conformados por líderes y líderesas sociales, defensores de derechos humanos. A la persona que va a llegar, le deseo todo el éxito y también le digo que tiene la tarea de sacar adelante estas metas que es de un solo gobierno y que pueda seguir avanzando en ese cambio que se prometió.

¿En qué quedó el proyecto de modificación y actualización de la Ley de víctimas que ustedes presentaron al Congreso?

La ley de víctimas que presentó el Gobierno Nacional está enmarcada en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Se diferencia de otras reformas, porque tuvo un análisis sobre cinco puntos, entre ellos, la articulación de la política de paz y el punto quinto del acuerdo (víctimas) y la actualización de la que habla el Acuerdo de Paz de la ley de víctimas. En cumplimiento a esto se presentó ese proyecto, que contó con la concertación de las entidades de gobierno, pero fundamentalmente con la participación efectiva de las víctimas y que estableció también que esto tuviera una ruta de consulta con la población étnica.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, era una tarea pendiente del gobierno anterior que no se hizo y que le tocó a este gobierno. El proyecto que presentamos está en la Cámara, fue elegido para ponencia y está para discusión. Sé que hay otras normas que se están dando pero que no tienen esa particularidad de la participación y concertación de las víctimas. Poner tantas voces de acuerdo no fue fácil y estamos hoy en manos del Congreso de la República.

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¿O sea que es distinto al que presentó la Defensoría del Pueblo?

Sí. La Defensoría del Pueblo presentó una norma que hace a partir de unos estudios, que no tuvo la concertación de las entidades de Gobierno, que si bien democráticamente lo puede presentar, no se hizo con una participación efectiva de las víctimas, no abordó los asuntos de los temas étnicos ni los temas estructurales que sí aborda el proyecto del Gobierno. Pero ese va más avanzado, esa es una realidad.

¿Por qué no se acumularon si eran de la misma materia?

Hubo intentos, pero ya el proceso legislativo había arrancado y realmente los asuntos que tenía (el proyecto de) la Defensoría del Pueblo no eran asuntos que el Gobierno Nacional considera estructurales, ni los establecidos en el punto quinto del Acuerdo de Paz, ni eran los que reclamaban las víctimas. Entonces por una responsabilidad histórica, por las víctimas y por todo lo que representa entregar esa actualización, pues decidimos radicarlo como una decisión y un esfuerzo conjunto con otros representantes en la Cámara y ahí está. Confío pues en que esto va a tener su debate y sus revisiones y sobre todo la participación de las víctimas que van a exigir el cumplimiento efectivo del Acuerdo. No es cualquier ley, es decir, es una ley que afecta a más de 9 millones y medio de personas. Tiene que hacerse con participación, con rigurosidad, con respeto a sus derechos y con la consulta previa, libre e informada de los pueblos étnicos que son también una de las poblaciones más afectadas.

¿Qué tarea le queda a la persona que llegue con este proyecto?

Tendrá que acompañar a las víctimas, a las instituciones en todo este debate y en todos estos esfuerzos. Lo importante es que se pueda avanzar con esta responsabilidad que se tiene en la reglamentación.

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Hay muchos rumores de que usted tenía una mala relación con el Congreso. ¿Es así? ¿Quizás eso le quitó maniobrabilidad para que este proyecto fuera más aceptado?

Nosotros y el Ministro de Justicia dimos el anuncio de que se debía presentar este proyecto de ley, que era una decisión del Gobierno Nacional y empezamos un proceso de participación, que por la complejidad que tiene se alargó. La hicimos en todo el país, después también hicimos mesas de trabajo. Todo eso posteriormente entró en concertación con las entidades de Gobierno y una vez estuvo listo lo lo entregamos al Ministro de Justicia, que ha estado liderando este tema, a la Ministra de Agricultura, porque es el proyecto de la actualización a la ley de víctimas y restitución de tierras. Esa fue la demora. El Gobierno tiene una responsabilidad que era presentar el proyecto de ley. El Congreso tiene otra, legislar, y el Congreso responde por esa responsabilidad que tiene.

¿Por qué entonces se dice que usted tenía una mala relación con el Congreso? De hecho usted, en un evento con Colombia+20 usted dijo que el Congreso no había hecho lo que tenía que hacer.

Yo soy respetuosa de las funciones del Congreso, pero yo me debo a más de 9 millones de víctimas. En varios momentos me tocó pronunciarme porque me llegaron insinuaciones de ese tipo, de que no avanzaba.

¿Por qué estaban pidiendo “mermelada”?

Hubo ese tipo de insinuaciones, pero yo nunca cedí a eso. Yo lo que hice fue dejar muy claro de quién es la responsabilidad, que no es del Gobierno porque ha hecho todo lo necesario para avanzar. Hoy la responsabilidad la tienen los congresistas. Entonces, creo que mi llamado en ese momento a las víctimas y al país es a mirar esas responsabilidades.

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Las personas que más hicieron llamados a que la Unidad de Víctimas acelerara esa gestión, fueron, sorprendentemente, los representantes de las curules de Paz. ¿Había algún roce específico con esos congresistas?

Desde mi llegada aquí siempre he mantenido un respeto a la separación de poderes. El Ejecutivo administra un mandato popular, el Congreso legisla y los jueces juzgan. En esa medida puede haber colaboración de poderes, pero respetando la independencia. Muchas veces sí me tocó pronunciarme pidiendo respeto también a mis funciones, respeto a las a la separación de poderes y siempre defendiendo el derecho de las víctimas. Eso es lo que yo puedo decir.

¿Esos pedidos de respeto fueron el origen de esos roces?

Por supuesto hubo molestias, pero a mí me correspondía no solamente exigir que hubiera el avance, sino también llamar una reflexión pública de que esta ley de víctimas es una de las reformas más importantes de justicia social del país y que una gran responsabilidad con más de 9 millones de víctimas le asiste a los congresistas. Dentro de esa rendición de cuentas a las víctimas, las víctimas deben saber lo que hizo el Congreso y que el Gobierno Nacional hizo su mayor esfuerzo. Si ya el Congreso no tramita las leyes eso también es una responsabilidad.

La otra crítica era sobre el tema del presupuesto de la Unión de Víctimas que no se había ejecutado, es una crítica que le hacen a muchas entidades del gobierno. ¿Cómo queda la ejecución presupuestal hasta el corte en el que usted estará y qué balance hace de su gestión de 23 meses.

Lo primero que quiero decir es que a nuestra llegada nosotros logramos las metas más altas del Plan Nacional de Desarrollo y también logramos el recurso más alto de ese plan. Cuando yo llegué en el 2022 había una ejecución a agosto del 77% y logré una ejecución del 99%. El año pasado, el 2023, terminamos con una ejecución del 97% y en lo que vamos, vamos en una ejecución del 39%.

¿La mayoría de ese presupuesto se va a qué?

Se va a la indemnización.

¿Y hay cifras sobre eso? ¿Cuántas personas han sido indemnizadas, por lo menos en estos 18 meses en los que estuvo en el cargo?

En el periodo de este gobierno y de lo que yo llevo como directora de la Unidad de Víctimas, hemos hecho 225.345 indemnizaciones individuales, las más altas. Aspiramos en este año, a indemnizar s 270 mil indemnizaciones, es decir, un registro todavía más alto. Si todos los gobiernos asignaran estos mismos recursos y estas metas sostenidamente, estaríamos reduciendo en 50 años a las víctimas en materia de indemnización, de todos los 82 años que nos dijeron los órganos de control que se requerirían para la indemnización total de las víctimas.

Somos conscientes que mientras el conflicto aumente y siga, las víctimas aumentan. Eso es una realidad, entonces siempre va a faltar más. Por eso también en el proyecto de Ley de víctimas establecimos la necesidad de la creación de una comisión de financiamiento para poner esa discusión en un alto nivel, tanto en el Congreso como en el Gobierno Nacional, y hacer las recomendaciones a las reformas tributarias redistributivas para lograr esas fuentes de financiación, porque hoy la política de víctimas está desfinanciada. Cuando se abrió el registro había digamos 3 millones y medio de víctimas, ahora hay 9 millones y medio y el Acuerdo de Paz reconoce nuevas víctimas. Se requiere revisar este tema como un tema estructural, no como un tema asistencial. Ese es un giro que intentamos dar en la actualización de la Ley de Víctimas.

¿Esa también es una diferencia con el proyecto presentado por la Defensoría?

Si avanzara el proyecto que presenta la Defensoría, digamos en detrimento del que presentó el Gobierno, sí habría mucha afectación, habría un cambio muy significativo en cuanto a esa financiación que se necesita. Eso tiene que ser una decisión, una revisión de la Corte Constitucional quien finalmente debe ponderar y revisar. Yo valoro mucho que se hayan recogido propuestas de algunos parlamentarios para erl proyecto de ley que el Gobierno presentó. Sin embargo todos los otros aspectos estructurantes quedaron por fuera, igual que derecho a la participación de las víctimas.

Usted le dijo a El Espectador en su primera entrevista cuando fue designada, que quería lograr una meta de 642 sujetos de reparación colectiva. ¿Logró esa meta?

La meta de los 642 es para la concertación y de ellas 300 deben ser medidas de implementación. En ese sentido, avanzamos en acuerdos. El año pasado hicimos algo histórico, concertamos 51 sujetos de reparación colectiva y este año queremos tener una meta más ambiciosa y es lograr la mitad de los 642 por la concertación. Gran parte de estos sujetos son pueblos indígenas y afrodescendientes. Se está trabajando con las comunidades y también hemos avanzado con 224 sujetos con los que hemos empezado a implementar esas líneas de las 300 medidas que se lograron por un trabajo participativo y de concertación con comunidades. Nuestra experiencia de trabajo permitió acercar esas voluntades, superar las desconfianzas, entender tanto la situación de la institución como de las comunidades, tender puentes y lograr acuerdos.

Otro tema que usted debió atender fue la presencia de indígenas en el parque nacional. Pasan los meses y eso aún no se resuelve. ¿En qué quedó eso?

El tema de la población embera es un tema estructural. Es un problema que empezó en los años setenta con el conflicto armado que dividió familias seminómadas que terminaron encontrando en la mendicidad un modo de vivir y que esas familias quedaron fracturadas- Antes de yo ser directora de la Unidad de Víctimas, era comisionada y en ese rol me tocó ayudar a ir a negociar para que salieran del parque. Pero le insisto es que es un problema estructural porque es una comunidad que ya tiene una dependencia económica y alimentaria de los subsidios del Estado y que requiere un programa especial estatal para hacer un cambio porque ya son varias generaciones que llevan en esa situación.

La Unidad de Víctimas es la encargada de coordinar y de concertar, pero nosotros no implementamos programas de vivienda, ni hacemos vías, ni nada de eso, pero hemos colaborado en tres acciones de trabajo: primero en lo que tiene que ver con los territorios emberas donde históricamente se han cumplido todos los asuntos estructurales, ahí tenemos un grupo de trabajo donde hay varios ministerios, algunos con mayor avance, otros todavía les falta, pero considero que hay avances importantes. Por ejemplo, se está construyendo por parte de Invías ya la carretera del Alto Andágueda. Eso fue priorizado y es algo histórico.

Lo segundo también tiene que ver con ese trabajo con las autoridades emberas. Ellos están presentes en 16 departamentos en sus resguardos, así que hicimos una gran ruta para que, a través de un acuerdo, la población decida a quiénes va a reubicar en ese gran territorio. Y el tercer tema es el que genera más dificultades porque muchos embera se quieren quedar en Bogotá y y quieren que la ciudad abra sus políticas de reintegración locales. Eso no solo es una decisión del gobierno local, sino un una responsabilidad y estamos acompañándoles. Creo que esa decisión de ellos también pasa porque, ante una ausencia de estado histórica, lastimosamente la mendicidad se volvió su fuente de financiación y creo que por eso no se quieren ir. Esto es un asunto de magnitud enorme.

Hablemos de otro tema. El presidente Petro va a ir a la ONU a decir que el Estado está incumpliendo el Acuerdo de Paz. Uno de los puntos de ese pacto tiene que ver con la reparación a las víctimas. ¿Usted piensa igual que el presidente?

El cumplimiento del Acuerdo de Paz depende de muchos actores. No sé a qué se refiere el presidente cuando dijo eso, habría que preguntarle a él. En lo que me corresponde a mí yo lo que puedo decir es que el cumplimiento de los acuerdos depende de muchas voluntades. Siento que hay muchos procesos para que se cumplan las normas y pienso que toda la estigmatización y las heridas que tenemos como sociedad no nos ha permitido también avanzar en acuerdos ni escucharnos en las diferencias. En lo que a mí respecta yo creo que hay avances y por supuesto desafíos y muchas dificultades.

Le hago la pregunta de otra forma. No es la primera vez que el presidente dice algo así. Hace un año dijo que no había plata para reparar a las víctimas y que entonces parecía que el Estado ya sabía que no iba a cumplir el Acuerdo de Paz… y usted está a cargo justo de esa reparación.

No puedo responder esa pregunta.

Más sencilla. ¿Hay o no hay plata para las víctimas?

Nosotros hemos avanzado. Quisiéramos haber hecho más, pero no se puede desconocer todos los avances que no se habían hecho como en 10 años y que abren una puerta, pero depende de otras realidades como la división de los recursos. Se necesita, por ejemplo, que el Congreso de la República amplíe más el presupuesto, que lo amplíe también el Ministerio de Hacienda. Aquí hay unas discusiones, unas tensiones. Nos pasa incluso con la Constitución del 91 porque hoy nuestras instituciones no se parecen en nada a lo que estableció esa Constitución en materia de diversidad, de territorios, hay partes de la Constitución que han entrado en omisión legislativa porque nunca se ha desarrollado las, le do ejemplos: las entidades territoriales indígenas, el Congreso nunca ha legislado, ni qué decir de la justicia indígena, eso es una discriminación estructural.

En este Gobierno nos ha tocado poner esos temas e intentar avanzar en lo que no se han hecho durante 30 años en la Constitución. Al final quedó uno con un sabor amargo porque pues en cuatro años son muy poquitos años, que si se hubieran hecho en 30 seguramente hoy estuviéramos avanzando en la materialización de sus derechos, siento que el Acuerdo de Paz es muy importante, tiene un tiempo también habrá que valorarse discutirlo eso será seguramente parte de los análisis, reflexión y debates futuros. Sin embargo creo que es muy importante hacer todos los esfuerzos en este gobierno para poder avanzar en la implementación hasta donde se puede.

La Unidad de Víctimas dio a conocer el caso de corrupción del Fondo de Reparación. ¿En qué va eso?

Yo recibí digamos indicios de varias irregularidades del Fondo de Reparación a víctimas, que puse en conocimiento a las entidades de control y de la Fiscalía General de la Nación que posteriormente llevaron a una investigación fiscal por 15.000 millones de pesos. También solicité una auditoría a la oficina de transparencia y adelanté todo un plan de mejora para la identificación y estado real de los bienes del Fondo, mesas de trabajo con Fiscalía, la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y la Fuerza Pública para cruzar la información. Por ahora, hemos recuperado 425 predios de mediante la formalización.Hicimos acciones para la comercialización de bienes mejoras en la estimación de avalúo, quitamos la tercerización de los avalúos de los bienes por operadores y lo hace el propio Estado para que esos recursos se optimicen para la reparación de las víctimas.

Aquí está muy clara la responsabilidad, esos no son una responsabilidad generalizadas. Sí están determinadas. Para nadie es un secreto que cuando asumimos la investigación de esos temas aquí se generan muchas susceptibilidades y molestias y es normal que eso se genere. Esta entidad tiene todos los cuestionamientos por parte de las víctimas. En mi empalme yo recibí múltiples anotaciones y era mi deber no solamente denunciarlas, sino proteger los bienes y obviamente enfrentar la corrupción. Eso generó molestia en algún sector, pero yo le tengo que decir.

¿Cuál es el reto más grande que tiene su posible sucesora Lilia Clemencia Solano?

Seguir acompañando el esfuerzo del Gobierno Nacional en la Ley de Víctimas y que se pueda articular realmente con el Acuerdo de Paz y responda realmente a las necesidades actuales de las víctimas. Eso es una tarea ética, importante e histórica que tendrá una revisión constitucional por la magnitud de la norma y la afectación a las víctimas . También se debe instaurar y liderar esa comisión de financiamiento para buscar esas nuevas fuentes recursos, sin eso no se le puede cumplir a las víctimas. Además, se debe mantener la operación técnica y administrativa y no se puede no bajar el ritmo. Hemos logrado, digamos ser de las entidades que ha logrado la ejecución del Gobierno Nacional. También hay pendiente expedir el decreto de corresponsabilidad, que está pendiente en la reglamentación de los decretos-leyes étnicos que es importante y que están en este momento en consulta previa. Y lo otro sería el capítulo étnico y la priorización acordada.

¿Qué fue lo mejor que le pasó siendo directora de la Unidad?

Esta es una experiencia que me ha permitido seguir creciendo humana y profesionalmente. Yo vengo de ser una líder indígena y social de comunidades afectadas por el conflicto, luego fui comisionada de la verdad y tuve la gran fortuna de llegar aquí para contribuir a que esta entidad esté al servicio de las víctimas. El tiempo que estuve aquí fue un tiempo que logramos dejar un camino, metas, recursos y rutas de trabajo. Siento que hemos hecho un aporte importante para ayudar a contribuir en la superación del rezago y eso también da esperanza.

*Nota de la editora: Esta entrevista se realizó el pasado 15 de mayo en el marco de una serie de encuentros que la señora Patricia Tobón tuvo con varios medios de comunicación.