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Una libreta pequeña, que viajaba desde la Casa de Nariño -en el centro de Bogotá- hasta las montañas más recónditas de la Cordillera Occidental, fue clave en las negociaciones que llevarían, en 2016, a acabar con más de cinco décadas de guerra entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc.
Su dueño era Henry Acosta Patiño, quien anotaba en esos papeles, casi a modo de telegrama o “frases resumen”, los mensajes que el presidente Juan Manuel Santos o su alto comisionado para la Paz le enviaban a los máximos dirigentes de las Farc, y luego devolvía a Bogotá las respuestas o solicitudes de la guerrilla al Gobierno. No había cartas ni grabaciones: solo esas comunicaciones personales, llevadas exclusivamente por Acosta, un economista quindiano que se ganó la confianza y credibilidad de ambas partes.
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“El primer contacto que tuve con las Farc fue en 1999. Luego, me mantuve durante los años de presidencia de Álvaro Uribe, y desde 2010 fui el único facilitador del gobierno de Santos, como quedó por escrito en una carta del 7 de septiembre de 2010″, cuenta Acosta.
El rol de facilitador volvió a sonar en las últimas semanas, luego de que se despertó una polémica por la autorización del actual comisionado para la Paz, Danilo Rueda, al condenado Jorge Luis Alfonso López (el ‘Gatico’) para adelantar gestiones con una organización criminal. La controversia creció porque el ‘Gatico’ fue dejado en libertad, decisión que fue revocada, tal como la designación de Alfonso, a quien se le retiró la calidad de facilitador.
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Sin embargo, no se trata del único caso. En los últimos meses de 2022, decenas de personas recibieron esa autorización por parte del Alto Comisionado, pues esa oficina buscaba abrir canales de diálogo con un sinnúmero de estructuras armadas en todo el país: desde grupos de gran envergadura, como las Agc o Clan del Golfo, hasta reductos armados en el Caribe, el Pacífico o el Valle de Aburrá.
La metodología durante los diálogos del Gobierno Santos con las Farc fue muy distinta. Aunque existieron algunos emisarios, asesores y personas que contribuyeron en la negociación (como Jaime Avendaño y Alejandro Eder, por mencionar algunos), el único facilitador fue Henry Acosta, quien recibió apoyo de su esposa, Julieta López Valencia, que también contó con la autorización del Gobierno.
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Todo comenzó con una carta que Acosta le envió al electo pero aún no posesionado presidente Santos, quien habla de la misiva en su libro La Batalla por la Paz: “Acosta proponía en su carta retomar el camino por el que se había avanzado en el gobierno que terminaba (de Uribe), y hacerlo ‘a través de un encuentro secreto en el exterior, con el fin exclusivo de fijar la ruta de negociación política (…) Yo ya había oído hablar de Acosta y me había enterado de las diversas aproximaciones del gobierno de Uribe con las guerrillas a través de Frank Pearl. Así que la carta del facilitador cayó en terreno fértil”, relata el exjefe de Estado y nobel de Paz.
Luego de un encuentro en la Casa de Nariño, Santos le mandó un mensaje a las Farc con Acosta, y ahí empezó su nuevo capítulo como facilitador. Aunque su rol era secreto, contaba con el aval del Ejecutivo, un paso indispensable para que no fuera procesado por mantener contacto con las organizaciones al margen de la ley.
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Colombia+20 conoció una carta del 16 de febrero de 2010, en la que el entonces alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, le informaba a Acosta que había “sido autorizado para adelantar acercamientos con el grupo de las FARC” y se le indicaba que “cada treinta días deberá presentar el respectivo informe a este despacho, a efectos de establecer su continuidad”.
Desde muchos años antes, la persona del Secretariado de las Farc con la que el facilitador se comunicaba era Pablo Catatumbo, a quien conoció a finales de la década de 1990 en la zona rural de Tuluá, Valle.
Durante la fase secreta de las negociaciones, Acosta y López, su esposa, subían hasta las montañas donde hacían presencia las Farc, dormían en los campamentos y se encargaban de entregar y recibir los mensajes del presidente Santos o sus comisionados de paz.
Cuando la mesa de diálogos llegó a Cuba, Henry Acosta siguió haciendo las veces de emisario. Inicialmente, le llevaba los mensajes del Gobierno al entonces negociador de las Farc Iván Márquez, hasta que Rodrigo Londoño (Timochenko) llegó a La Habana, y el facilitador recibió la orden presidencial de entenderse con él, como máximo comandante de la extinta guerrilla.
“Si se nombra gente así, se pone en riesgo la confianza”
Para Acosta, designaciones de facilitador de paz como la de Jorge Luis Alfonso López (el ‘Gatico’) “ponen en riesgo la confianza y credibilidad” de la apuesta de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro, y abren la puerta a que “se aproveche la confusión por parte de criminales y narcotraficantes”.
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En efecto, el propio comisionado Rueda ha denunciado que habría un cartel de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a personas señaladas de narcotráfico, a cambio de incluirlas en los procesos para que obtengan beneficios.
Diego Martínez, abogado que participó en los diálogos de La Habana y que hace parte del equipo de defensa de las extintas Farc, asegura que bajo este contexto existe el riesgo de que “se genere una corriente de opinión que ligue la ‘paz total’ con actividades criminales”.
Para Martinez, el factor crucial para combatir ese escenario es la transparencia: “Todos los gobiernos del pasado han negociado con estructuras narcotraficantes. La diferencia es que aquí no se habla de una negociación para acabar ni favorecer a nadie, no se trata de aliarse con una mafia para destruir a otra, sino que el Estado, con la reciente Ley de Paz Total, se sale de esa paz mafiosa -que se aplicaba antes- para entrar a la paz total, que involucra realizar conversaciones con grupos, pero con el factor de transparencia”.
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El otrora facilitador del proceso con las Farc, Henry Acosta, agrega que es urgente definir las agendas para que este proceso llegue a buen puerto: “Quien debe verificar la voluntad de paz de los grupos ilegales es el comisionado Danilo Rueda. Si se nombra a personas sin formación ni objetivos claros, pueden obstaculizar los intentos de diálogo. Lo más apremiante es que se definan las agendas, porque sentar en una mesa a 10 o 20 personas es muy difícil si no tienen un norte claro”.