Paz Total: por qué es inviable que grupos ilegales pidan amnistía, perdón y olvido

Los Comandos hacen presencia en departamentos del sur del país como Putumayo, Caquetá, Nariño y Amazonas.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Someterse a la justicia, contar la verdad de los crímenes cometidos en el marco del conflicto, aceptar la responsabilidad en estos hechos y trabajar para reparar a las víctimas han sido condiciones indispensables para consolidar los procesos de paz en Colombia y otros países del mundo.

Con mayor o menor nivel de compromiso, la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el acuerdo de fin del conflicto con le guerrilla de las Farc estuvieron atravesados por esos principios, que derivaron en la creación de dos modelos de justicia transicional: la Ley de Justicia y Paz, en 2005, y 12 años después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De ahí que llame tanto la atención que ahora, cuando el país trata de buscar nuevas negociaciones de paz con grupos armados ilegales, surjan propuestas de “amnistía, perdón y olvido en el tema jurídico” ante un eventual acuerdo, como lo sugirió el jefe de los Comandos de la Frontera, Giovanny Andrés Rojas, Araña, en entrevista con Colombia+20 de El Espectador.

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El jefe de esta disidencia de las Farc, que opera en el sur del país, planteó esos tres elementos como condiciones para entregar las armas, lo que para expertos consultados por este diario es inviable jurídica, social y políticamente.

“Con los avances en materia de justicia y derechos de las víctimas que se han dado desde los años 80, tanto en Colombia como a nivel internacional, es impensable que se haga un ‘borrón y cuenta nueva’. Cualquier flexibilización de la justicia para buscar la paz no es absoluta y está condicionada a brindar garantías”, dice Paola Molano Ayala, coordinadora de la línea de Justicia Transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

En esa misma línea, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, asegura que el elemento fundamental de cualquier negociación es que los miembros de estos grupos ilegales se sometan a algún tipo de justicia: “Para recibir cualquier tipo de beneficio, deben pasar por el chequeo de una justicia, sea ordinaria o transicional, partiendo del respeto por las víctimas, que deben ser debidamente resarcidas y reparadas”.

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Herrera añade que el Gobierno debe tomar todas las medidas “para que la Paz Total no termine siendo un lavadero de delitos del narcotráfico y se pongan talanqueras muy eficientes que eviten que las bandas y organizaciones criminales consigan un estatus político”.

Los estándares internacionales y el riesgo de impunidad

Hace más de cuatro décadas, tras los procesos transicionales de las dictaduras del Cono Sur —que incluyeron leyes de perdón y olvido—, se empezó a desarrollar un estándar internacional que buscaba limitar la potestad de los gobiernos para amnistiar o perdonar a los responsables de violaciones de los derechos humanos sin siquiera hacer un proceso de rendición de cuentas judiciales.

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“En particular el Sistema Interamericano de Derechos Humanos prohíbe ese tipo de ausencia de tratamientos judiciales porque deben prevalecer y garantizarse los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación”, explica la investigadora Paola Molano.

Aunque en el Acuerdo de Paz con las Farc se contemplaron algunas amnistías e indultos, que son concedidos por la JEP, se aplican exclusivamente a quienes hayan sido acusados o condenados por delitos políticos o conexos. Este beneficio no aplica para los autores de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento, desaparición forzada, desplazamiento, entre otras conductas.

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Para los expertos, si el Gobierno llegase a conceder ese tipo de prebendas se generaría, además, una deslegitimación de las negociaciones. “También resulta siendo política, social y hasta éticamente inviable, pues desde hace años los movimientos de víctimas han promovido una masa crítica entorno al perdón, al deber de garantizar sus derechos. Es imposible que un presidente decida gastar su capital político defendiendo una amnistía absoluta”, dice la coordinadora de Dejusticia.

A todo esto se sumaría que las afectaciones del conflicto sufridas por las comunidades después del 1 de diciembre de 2016, fecha límite de juzgamiento y sanción por parte de la JEP, quedarían en la impunidad.

“Si se diera una amnistía, habría un tratamiento desigual dentro del universo de víctimas. Las de antes del 2016 tendrían un carácter superior, porque se garantizarían sus derechos, mientras que las víctimas de las disidencias u otros grupos luego de esa fecha pasarían a una suerte de segunda categoría, sin verdad, justicia ni reparación”, explica Molano.

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Por ahora, el propio Gobierno —en los proyectos que ha presentado para el sometimiento y sujeción a la justicia de estructuras ilegales— ha dejado en claro que los integrantes de estas organizaciones deben confesar sus delitos, reparar a sus víctimas y pagar penas por sus crímenes.