Lerber Dimas es además docente investigador en la Universidad del Magdalena.

Foto: Archivo particular

Lerber Dimas Vásquez es antropólogo, investigador del conflicto armado en la región del Caribe y dirige la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta (PDHAL). Desde esa plataforma le han seguido la pista de cerca a los actores armados en esa región del país entre el Cesar, La Guajira y Magdalena y ahora, en el marco de los diálogos de la paz total y el cese bilateral al fuego del Gobierno Petro con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que dominan este territorio y tienen una disputa con las Agc o Clan del Golfo, han emprendido un monitoreo para verificar los compromisos de esos actores armados.

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En esta entrevista, habla sobre la implementación de la paz total en ese territorio y reclama que a las organizaciones sociales y movimientos defensores de derechos humanos los están dejando por fuera de los diálogos. Dice que podrían repetirse los mismos errores de la desmovilización paramilitar de hace más de 15 años. Este es su diagnóstico.

¿Qué balance hace hasta hoy del aterrizaje de la paz total y el cese al fuego bilateral en la Sierra Nevada de Santa Marta?

Afortunadamente tenemos que decir que efectivamente se ha sentido. Antes, hacia septiembre, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra decretaron un cese unilateral de actividades bélicas. Como plataforma de derechos humanos le hicimos seguimiento, pero ese cese estaba condicionado porque el tema en la Sierra es que hay una disputa abierta con las Agc. Básicamente lo que tuvimos fue un anuncio de un cese de hostilidades que no representó nada en el territorio. Los homicidios y los hechos violentos siguieron y eso tenía su asidero en esa disputa. Pero en diciembre se anunció el cese al fuego bilateral no solo con las Acsn sino también con las Agc y el resultado es que al menos en los delitos considerados de alto impacto hubo una reducción importante. En Santa Marta han reducido casi en un 80% los homicidios en relación con este mismo periodo del año pasado. Y en Ciénaga, Zona Bananera, Fundación, Aracataca – zonas de incidencia de las Agc – efectivamente el impacto ha bajado también.

Ahora, en la parte montañosa, el monitoreo que hemos hecho nos dice dos cosas: uno, que efectivamente esta gente se quedó quieta; es decir, que aun cuando no se han retirado del territorio, ya no están ni exhibiendo sus armas, ni tampoco están tomando decisiones en temas comunitarios o en castigos que antes habían impuesto en la Sierra Nevada a quienes hicieran ruido, a quienes se portaran mal, los castigaban con trabajos, con multas, eso se acabó y el tema extorsivo también se paró o al menos eso es lo que hemos podido registrar sobre todo en la región cafetera.

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Pero ese es un monitoreo que ustedes vienen haciendo por iniciativa propia, sin que haga parte del mecanismo oficial de verificación ¿De qué forma van a entrar ustedes ahí?

Ahí hay varias preocupaciones. Primero, la falta de comunicación. El 31 de diciembre de 2022 retiraron todo el Ejército de la Sierra Nevada, dejaron el territorio desprotegido, pero a las comunidades no se les avisó. No hubo una directriz ni con los presidentes de junta, ni con las organizaciones sociales, ni con la comunidad en general. Lo correcto hubiera sido explicarles a las comunidades, sobre todo porque son ellas las que han sufrido los estragos y porque tienen a los paramilitares ahí en la nuca, que se iba a retirar el Ejército en medio del proceso de la paz total, explicarles por ejemplo cuáles son los alcances de este cese bilateral al fuego, pero a la fecha no ha ido ninguna persona, ninguna autoridad, a decirles por qué sacaron al Ejército y cómo es ese tema de la paz total.

Lo segundo es que nosotros hemos intentado tener reuniones con el Alto Comisionado para la Paz, con organizaciones sociales, con entes departamentales, municipales y la respuesta es la misma: no sabemos cuáles son las reglas de juego que vamos a asumir, ni nosotros como organizaciones sociales ni nadie, porque tampoco se nos ha socializado absolutamente nada. No sabemos qué papel van a jugar los organismos del Estado, por ejemplo, qué va a hacer la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, qué va a hacer Parques Nacionales que tienen que ser parte activa de este proceso, qué va a hacer Corpamag. Pero también qué papel van a tomar las organizaciones de mujeres, de campesinos, los gremios sociales y empresariales. No es simplemente hacer un proceso de sometimiento a la justicia y sacar 200 muchachos de la guerra y luego mandarlos para su casa seguramente con un sueldo por seis meses o un año, pero después de eso qué va a pasar con ellos. Aquí hay que pensar el territorio para estabilizarlo a largo plazo, para no tener los mismos errores que hemos tenido y que gracias a eso después de la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona por lo menos 13 o 14 estructuras criminales han estado presentes en el territorio.

Nosotros como organización social y plataforma propusimos hacer un monitoreo al cese de hostilidades e hicimos una invitación amplia a las organizaciones del territorio para que nos acompañaran a hacer ese monitorio y efectivamente había una disposición importante. Sin embargo, empezamos a ver que no había comunicación con el Gobierno central y empezamos a ver esas debilidades y dijimos realmente el que tiene que instalar la mesa es el gobierno, el que tiene que poner las condiciones de juego es el gobierno y son los que nos tienen que decir a nosotros ‘ustedes hasta aquí pueden llegar’, pero no lo han hecho. No nos han dicho cuál va a ser el protocolo de llegada a los territorios, cómo van a estar compuestas las mesas, qué temas se van a abordar, quiénes van a liderar ciertos temas...

Dice que han intentado reunirse con el comisionado de paz ¿Qué respuesta han tenido?

Nosotros tuvimos una reunión virtual con el comisionado de paz y puedo decir que fue desafortunada. El comisionado iba a entrar a algún sitio y la comunicación era deficiente y se caía y sentimos que no fuimos escuchados. Entiendo que el comisionado tiene temas discrecionales, eso es perfectamente comprensible, pero por ejemplo a la Sierra Nevada de Santa Marta el comisionado vino, a la Troncal del Caribe, se reunió con los actores criminales y con unos cuantos líderes comunales que ellos invitaron, pero al plural de las organizaciones sociales no nos invitaron, nos dejaron por fuera. Después supimos que el alto comisionado estuvo en Santa Marta, reunido no sabemos con quién, pero claramente las organizaciones sociales, de víctimas, tampoco tuvimos un espacio.

Y luego supimos que estuvo también en la cárcel Tramacúa de Valledupar, donde hubo hasta un partido de fútbol, y no es que quisiéramos que nos invitaran a ese espacio, pero ha habido tiempo para reunirse con los actores y con otros, pero no con las organizaciones sociales. Si es un proceso de paz, que nos están diciendo que es de todos, pues entonces hagámoslo entre todos; o si simplemente es entre unos y otros, pues sean claros y no digan que esto es un proceso de paz incluyente porque aquí está por fuera el carácter social, organizativo, y de conocimiento del territorio de las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, liderazgos independientes, víctimas y comunidades que no han sido invitadas a este proceso.

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Llama la atención que diga que esto se está haciendo sin las comunidades, sin los líderes, sin las organizaciones sociales, porque lo que ha dicho el comisionado es que precisamente todo esto se está haciendo es por las comunidades...

A menos que estemos manejando categorías diferentes y ellos se estén refiriendo a unos cuantos líderes. Y tampoco he visto, por ejemplo, ni alcaldías, ni gobernación, ni personerías, ni defensoría del Pueblo participando de manera activa en el proceso. Creo que la categoría de “todos” habría que repensarla, porque no están entrando todos. La paz total la están haciendo el actor armado y el gobierno. Y es un error gravísimo, porque la desmovilización de los grupos paramilitares se hizo entre el Gobierno y los grupos paramilitares, y aquí no hubo víctimas, no hubo comunidades, hubo unas personas que llegaron al proceso y nada más, pero aquí no hubo gremios académicos, gremios económicos, no estuvo la Iglesia. Si esto es así, entonces que nos digan y ya nosotros nos dedicamos a hacer otras cosas diferentes, porque claramente no tenemos cabida en esto en lo que sí hemos trabajado, en lo que hemos perdido vidas de personas, compañeros, tenemos gente exiliada, desplazada, víctima de la violencia, que todavía sigue presente en los territorios y que tiene mucho que aportar, pero que está siendo excluida de todo este proceso.

Hablemos de los que serán los ocho voceros de las Acsn ante el Gobierno Nacional, a quienes la Fiscalía se negó a levantarles las órdenes de captura. ¿Cómo lee esa situación?

Ahí vuelvo al tema de la falta de comunicación. Nosotros nos enteramos de que el Gobierno había hecho una solicitud de cancelación de órdenes de captura de varias personas de las Acsn, dentro de ellas algunas que ya están privadas de la libertad. Estamos totalmente de acuerdo en que estas personas tienen que salir de la cárcel si hicieron parte orgánica de la organización y pueden aportar, porque son voces de mando que todavía tienen autonomía y respeto dentro del grupo. Es importante que ellos estén. El problema es que no se socialice y se comunique. Nosotros no sabíamos y es necesario que en la comunidad se sepa porque el accionar de esas personas ha perjudicado y ha acabado con la vida de personas y ha desplazado gente del territorio. Es alguien qu2e hizo parte de una estructura que asesinó, que desplazó, que quitó bienes, que han cometido crímenes en el territorio. Y ¿cuál es el papel que van a jugar estas personas? ¿Van a ser gestores de paz? Sí ¿Van a salir bajo una libertad con condiciones? Tal vez ¿Van a tener un límite de movilidad? ¿Hacia dónde? ¿Van a tener acompañamiento de la fuerza pública? Porque claramente son personas a las que les pueden hacer algún daño y eso afectaría el proceso de paz.

Pero ¿Qué pasa si a alguno de ellos se le da por volarse? ¿Qué pasa si el cese bilateral se rompe y la organización criminal vuelve a actuar en armas y estas personas, ya que están libres, entonces aprovechan y se meten en la montaña? O van a decir “es que el Gobierno incumplió, nosotros no...” Hay una cantidad de hechos que nos permiten tomar cierta distancia y que nos permiten generar unas preguntas sobre qué va a pasar. El Gobierno es discrecional y puede tomar medidas sin tener que comunicarlas todas, pero por lo menos que las comunidades sepan que si ven llegar, por ejemplo, a alias 5 - 5 o alias Flash (incluidos entre los ocho voceros) a una comunidad que él victimizó, pues que no es un error judicial, no es que la Policía le esté acolitando, sino que hace parte de un proceso de paz en el que él va a participar y que sepan cuáles van a ser sus labores en medio de ello.

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Ese grupo también ha pedido involucrar al antiguo jefe paramilitar Hernán Giraldo, hoy privado de la libertad ¿Qué piensa de esa petición?

Creo que así debería ser, porque es una persona que puede ayudar a pacificar la Sierra Nevada de Santa Marta, pero habría que ver cuáles son las condiciones. Hernán Giraldo tiene un liderazgo porque las autodefensas de la Sierra Nevada parten de un principio de lealtad al territorio y a él que fue su fundador desde los años 80. La gente que está armada en este territorio es gente que, a diferencia de las Agc o Clan del Golfo, nació y vivió en este territorio. La composición interna de las Acsn es gente que fue cercana a Hernán Giraldo, que tiene vínculos con él, que hace parte del territorio, que tiene una finca, que tiene una familia, gente de ahí. Giraldo puede llegar a jugar un papel importante por ese conocimiento del territorio y por esas lealtades. Puede ayudar a construir siempre y cuando esté en la disposición de apostarle a la paz total y saber que dentro de eso a él también le toca tomar decisiones incluso en contra de algunos miembros de su propia familia.

Las Acsn ha dicho que no son una “organización criminal de alto impacto” que solamente se vayan a someter a la justicia, sino que son el grupo de autodefensas campesinas más antiguo de Colombia, con unos intereses políticos en la Sierra Nevada y unas comunidades que dicen representar, por lo tanto piden una mesa de negociación política, donde también se hable de temas sociales... ¿Cómo entender a ese grupo?

El proyecto Autodefensas Conquistadores de la Sierra no es un proyecto político, como lo es el Eln o como lo fueron las Farc, cuya intencionalidad es que sus acciones estén en contra del Estado. Pero los grupos paramilitares o de autodefensa se convirtieron en un aliado del Estado en muchos territorios y no tienen ese carácter político. Por eso las discusiones que se dieron alrededor de la ley 975 y la 762 – que era la de sedición – que esta última no se les podía aplicar a los paramilitares porque ellos no son rebeldes. Bajo ese postulado es imposible que las Acsn reciban un estatus político.

Ahora, sí es cierto lo que dicen ellos de que son un grupo de autodefensas con más de 40 años, teniendo en cuenta todo el proceso de Hernán Giraldo. Efectivamente una de las cosas que no se dio en el proceso de paz con las Auc fue tener en cuenta a las comunidades, el proceso de reinserción y el territorio. Hoy tenemos territorios en la Troncal del Caribe donde no hay ni siquiera una sola casa de justicia, donde no hay sistema de salud o hay un puesto de salud que se lo llevó el río y básicamente tiene malas condiciones de higiene, los colegios en pésimo estado, las vías terciarias también en muy mal estado, no hay necesidades básicas satisfechas. El conflicto no puede entenderse simplemente como el problema de un grupo que está matando gente, sino que hay unos territorios con unas debilidades, en los que entran estos grupos a suplir esas debilidades que tiene que suplir el Estado.

Entonces claramente tiene que haber una mesa de negociación, que no es equivalente a un proceso de paz. Dentro de esa mesa vamos a ver qué se puede resolver. Esa mesa lo que nos va a decir es cuál es el diagnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta y cómo podemos resolver problemas estructurales a los que hay que meterle recursos para que dentro de seis meses no tengamos otro grupo armado resolviendo esa problemática estructural. Pero de que varios de ellos van presos, van presos. De que van a tener algún tipo de beneficio jurídico, claro, eso es importante. Y que van a ayudar a la pacificación de la Sierra Nevada, sí lo van a hacer. Ahí es donde decimos como organizaciones sociales que tenemos un conocimiento que hemos acumulado de resistencia y de amenazas y de estudio de estos procesos de paz y no nos están teniendo en cuenta y ya están cometiendo los mismos errores de hace 16 años en la desmovilización del Bloque Norte.

Es decir, ¿sería una mesa de negociación no sólo para tratar el sometimiento de ese grupo a la justicia, sino que también recoja toda la problemática social de la Sierra Nevada y que allí estén organizaciones sociales, comunidades campesinas, indígenas y afro?

Sí, necesariamente. Porque si no se están repitiendo los mismos errores del pasado y vamos a tener nuevamente actores criminales en el territorio en cuatro, cinco o seis meses. Si el gobierno está diciendo que la paz es total y que es con todos, pues nos toca hacer un esfuerzo para involucrar a todos o sencillamente no lo hagan con todos, pero entiendan que eso va al fracaso. Si nos vamos a tener que tragar muchos sapos, pues nos los vamos a tragar, pero hagámoslo bien. Vamos a organizar el territorio, vamos a generar empleabilidad para las personas que dejan las armas.

No solamente es un proceso jurídico, que de hecho está bien complicado, por el tema de las dobles y las triples desmovilizaciones: aquí hay gente que se desmovilizó con el Epl y recibió una amnistía, gente que se desmovilizó con las Auc y recibió una amnistía, y ahora gente que se va a desmovilizar como banda criminal y va a recibir otra amnistía; entonces son tres amnistías que está recibiendo una persona. Entonces no es solamente un tema jurídico, es un tema social, es un tema económico, de restablecimiento del tejido social, de restablecimiento de derechos, es un tema de hacer un proceso donde todavía hay víctimas sin reparar del proyecto Auc.