El año de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia se cumple este 7 de agosto y su ambicioso de plan de Paz Total parece no tener todos los resultados esperados. Su avance más significativo es la negociación que tiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien ya llegó a dos acuerdos importantes que empezaron a echarse a andar esta semana: el inicio del cese al fuego, la instalación del Mecanismo de Verificación y Monitoreo y la puesta en marcha del Comité Nacional de Participación, instancia para que la sociedad sea parte activa en el proceso, y un reclamo histórico de esa guerrilla.
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Su otra negociación política es con las disidencias de las FARC, autodenominadas como Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco. Con este grupo, que reúne unos 3.600 hombres que no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, el Gobierno decidió otorgarle estatus político. Pese a hechos de violencia que por momentos pausaron el cese que tenían desde el 1 de enero al 30 de junio pasado, se ha avanzado en la designación de delegados de Gobierno y de ese grupo armado. Se está a la espera de que se instale la mesa de negociación.
El segundo grupo es el de los considerados no rebeldes con quienes se plantea una conversación socio-jurídica. Es decir, un sometimiento a la justicia a cambio de beneficios. Allí entraría el Clan del Golfo (o AGC) -con quien está suspendiendo el cese al fuego-, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, los Shottas y los Espartanos de Buenaventura, y las bandas criminales del Valle de Aburra (que incluye a Medellín).