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Se cumplen dos años de la instalación del laboratorio de paz urbana en la cárcel de Itagüí con los principales cabecillas de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Ha sido en medio de cambios, compromisos y acuerdos que el Gobierno ha sostenido en el tiempo el diálogo con estas estructuras armadas y que hoy por hoy se posiciona, según el presidente Gustavo Petro, como uno de los procesos más avanzados de la paz total.
No ha sido ese el caso para las mesas urbanas que se instalaron casi también hace dos años con las bandas criminales en Quibdó y Buenaventura. A diferencia de esos procesos, en Medellín la delegación de Gobierno se mantiene, incluso después de la llegada de la senadora Isabel Zuleta a la cabeza del espacio de diálogo. Entre las bandas sigue existiendo una tregua indefinida y entre los grandes logros que resaltan de la mesa ha sido la reducción histórica de la tasa de homicidios y el piloto de no extorsión en 45 barrios.
En entrevista con Colombia+20, la senadora Zuleta, y jefe de la delegación por parte del Gobierno en ese proceso de diálogo, explicó cuáles han sido los grandes logros desde la instalación del espacio y los retos que todavía no han sido resueltos, como la latente necesidad de un marco jurídico mientras el tiempo que le queda a este Gobierno corre.
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¿Cuál es el balance del espacio de diálogo tras dos años de instalación?
Han sido 2 años de mucho aprendizaje, de una caracterización profunda de lo que son las vivencias urbanas y de las estructuras. Esto nos ha permitido consolidar un diálogo que al principio era improbable, un diálogo entre las estructuras.
Hemos tenido unas violencias en las que el Estado no se ha ocupado sino de manera punitiva y se ha demostrado que el punitivismo no ha resuelto los problemas de la violencia en general de nuestro país, ni en este caso particular de las violencias urbanas. Otro hecho muy significativo es que hemos logrado desescalar las violencias reduciendo la tasa de homicidio para todo el Valle de Aburrá. Hemos tenido momentos críticos en los que ha habido conatos de confrontación con algunos actos de violencia que se han vivido en distintos momentos, pero que la mesa ha podido resolver. Generalmente cuando había confrontaciones internas dentro de las mismas estructuras surgían guerras muy fuertes, pero lo que no se ha presentado a raíz de este proceso de diálogo socio-jurídico son esas confrontaciones internas.
Hemos avanzado en otros delitos que generalmente no han sido focalizados como el tema de la extorsión. Además se superaron fronteras invisibles, que realmente son un confinamiento y una violación al derecho a la libre movilidad. Sobre la extorsión arrancamos con 25 barrios de Medellín y Bello, ya vamos en 45 barrios. Es un fenómeno muy difícil de medir, de hacer seguimiento. Hoy el espacio de diálogo socio-jurídico tiene un equipo de observación y sistematización de acciones de paz, seguimiento y vigilancia a esas acciones de paz.
Ese fenómeno de la extorsión es muy difícil precisamente porque se tiene un subregistro enorme de las denuncias formales, hay una naturalización de la extorsión ocasionada por tantos años de control territorial de las estructuras. Lo que hoy estamos viendo en cifras es una reducción superior al 5% en todo el Valle de Aburrá, principalmente en Medellín, lo que nos muestra que han tenido efecto los compromisos que han hecho las estructuras con la delegación de Gobierno. Hemos logrado caracterizar más de 28 modalidades de extorsión.
¿Qué viene para el proceso de paz urbana en Medellín?
Ahora estamos avanzando en la instalación de unos espacios piloto en la cárcel Pedregal y Bellavista porque las estructuras no solamente tienen gente activa en las calles sino al interior de las cárceles. La paz también la necesitamos al interior de las cárceles porque las violencias intramurales son aterradoras.
¿Cuáles han sido los principales retos en el proceso?
Creo que aunque nos falta mucho, estamos en un nuevo ciclo en el que se han superado desconfianzas porque las estructuras han pasado por diferentes procesos como las antiguas AUC, el bloque Cacique Nutibara y otros procesos de paz. Construir esas confianzas ha sido difícil y hemos tenido también dificultades con la necesidad de que en el Congreso avance una ley de sometimiento.
Tenemos cuatro objetivos estratégicos consolidados como el desmantelamiento de las estructuras y uno de los más difíciles ha sido el poder avanzar en una ley de sometimiento con las condiciones políticas que se tienen en el Congreso. Sin embargo ya estamos en toda la estructuración de un programa con la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN, no solo en las cárceles, sino con la sociedad civil para estructurar un programa de reincorporación o de tránsito al Estado Social de Derecho para las estructuras urbanas.
Es complejo porque no se tienen antecedentes ni referentes. No tenemos puntos de partida para un programa de este tipo, pero venimos avanzando en ese trabajo de la mano con la ARN. Además venimos avanzando fuertemente en una hoja de ruta clara con la sociedad civil.
Algunos analistas apuntan a que la reducción de homicidios en Medellín no se debe directamente al espacio de diálogo sino que corresponde a una suma de factores. ¿Cómo explica usted ese fenómeno?
Lo único diferencial en esta época es la mesa. No ha habido en otro momento un factor diferencial. También hay que recordar que no estamos hablando de uno o dos puntos porcentuales. Es una tendencia a la baja que se ha venido viviendo en Medellín y el Valle de Aburrá. Estamos hablando de una reducción histórica.
En este momento lo mismo que se está haciendo igual es la política de Federico Gutiérrez. Él ya la repitió en su primer mandato y tuvo unas cifras altísimas de homicidios. Hoy tiene el mismo modelo de persecución judicial, esa no es una estrategia, es una obligación que está en la Constitución. Pero él no es fiscal, no es policía, no es quién puede dirigir una política criminal. Puede dirigir una política de seguridad que es algo distinto. No hemos visto que apoya el proceso de paz, por el contrario, ha sido quien más lo ha atacado.
Podríamos haber avanzado mucho más en la territorialización de la paz, en factores de prevención de violencias si el gobierno local no fuera un obstáculo para la delegación del Gobierno del presidente Petro y la política de paz total. Hemos pedido que se mire con objetividad.
No por el hecho de ser el presidente Gustavo Petro entonces sencillamente se van a obviar resultados contundentes. Nadie puede decir que el piloto de barrios libres de extorsión no es absolutamente novedoso. Eso nunca había pasado en Medellín y en el Valle de Aburrá. En ningún barrio se había dicho que las bandas se comprometen a que no va a haber ningún tipo de extorsión. Tampoco había sucedido en la historia de Medellín que los diálogos fueran de frente, abiertos, con voceros que en el marco de la institucionalidad sirvieran de enlace.
Entendemos que el negacionismo es más por el desconocer la política. Nosotros tenemos suficientes herramientas para demostrarlo, hemos cumplido los protocolos. El espacio de diálogo socio jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá tiene firmados todos los protocolos de funcionamiento, todas las resoluciones para los voceros y para la delegación de Gobierno. Venimos avanzando de manera contundente, lo que lamentamos definitivamente es no tener el apoyo del gobierno local y departamental.
Recientemente se ha registrado un leve aumento de homicidios e incluso algunos cabecillas de la banda criminal La Terraza han sido asesinados. ¿Cómo se entiende esa dinámica y puede afectar el proceso con las bandas?
No fue un aumento global del Valle de Aburrá, se registra el aumento en algunas comunas. Eso es importante entenderlo porque es la dinámica que hemos tenido de violencias urbanas. Hay municipios como Envigado donde un solo homicidio dispara las tasas que históricamente son bajas. Por eso las cifras hay que medirlas en contexto y sobre todo las cifras de criminalidad que necesitan un ejercicio riguroso de análisis de lo que esté pasando, cuándo está asociado a estructuras del crimen organizado y cuando está asociado a casos de intolerancia y otros fenómenos de la ciudad.
Lo que está sucediendo es absolutamente grave porque desde el espacio ya lo habíamos denunciado. La situación es muy delicada porque hay una manera de obviar el fenómeno del crimen de extranjeros en la ciudad. Esto se venía evidenciando desde el pasado.
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No solamente está el Tren de Aragua. Nosotros hemos identificado por lo menos cuatro estructuras, sobre todo y lamentablemente de venezolanos, que están disparando los índices de homicidio. Hay que hacer una relación. Homicidio por hurto, no es lo mismo que el homicidio por sicariato. Esas nuevas violencias hay que caracterizarlas.
Lo que está sucediendo con algunos actores de las bandas es que cuando se pierde una de esas personas destacadas o como ellos mismos lo llaman, coordinadores de una zona o líderes de una estructura, lo que suele suceder es una guerra interna.
En este momento la mesa ha hecho un ejercicio muy importante del espacio de diálogo socio jurídico para evitar esas guerras internas. El esfuerzo que hace la mesa es una incidencia sobre ellos para que no haya guerras, pero la deslegitimación de esas personas que coordinan en las calles es una situación muy difícil de manejar porque se da por la misma degradación de las guerras y de las estructuras.
Lo que hacemos es activar los protocolos internos que tenemos para que se hagan ejercicios de incidencia que no vayan a pasar a guerras internas y que la sucesión de mandos no genere tanta violencia y tantas muertes.
Sobre el piloto de no extorsión en 45 barrios de Medellín que finaliza el próximo 21 de junio ¿Se va a buscar extender el piloto a más barrios y por más tiempo?
Estamos haciendo un ejercicio de medición, pero ha sido sumamente difícil. No hemos encontrado el apoyo de la institucionalidad y para este ejercicio que es novedoso no podemos hacer compromisos sin medición. Queremos que se amplíe, no solo a más barrios, que es nuestra intención, sino que se amplíe en el tiempo, mientras se sostiene en los otros barrios que tenemos. Necesitamos un esfuerzo mayor de la institucionalidad para encontrar maneras más novedosas de hacer ejercicios de medición. Necesitamos un ejercicio autónomo, independiente como el que hacen las Ong y las universidades, pero se necesita mucho apoyo. Es un fenómeno realmente complejo.
Es muy importante en estos ejercicios que hayan observadores externos, autónomos, independientes, transparentes que puedan hacer esa trazabilidad porque si no hay una desmotivación. Cuando nadie habla de esto se siente como que no se valoran los esfuerzos de paz. Eso ha sido un reto enorme porque todavía no se ve el interés de la sociedad, de los centros de pensamientos.
¿De qué manera trabaja el equipo de seguimiento para presentar los informes sobre reducción de extorsión y asesinatos? ¿Se han invertido recursos en herramientas de medición y metodología?
Ha sido complejo porque necesitamos que tenga autonomía. Casi siempre quien pone la plata pone las condiciones. Nosotros desde el Gobierno por supuesto queremos apoyar con toda la voluntad, pero que se mantenga la autonomía. Hay una tensión y es que el equipo que hasta hoy es de voluntarios también necesita recursos. ¿Cómo hacer para que obtengan recursos sin que eso los sesgue? y que no tengan que decir que están trabajando para el Gobierno. Hemos buscado alternativa, se pidió apoyo internacional para que se mantenga su autonomía, pero no ha sido sencillo. Hasta el momento no han recibido recursos, ha sido más un trabajo voluntario de las entidades que se han sumado a este proceso.
El Espectador conoció que antes de presentar el primer informe sobre el piloto de no extorsión había otro informe preliminar que no se presentó. ¿Por qué se descartó?
Hubo una confusión porque el compromiso que había de seguimiento era solo para el tema de la extorsión, más no de los otros cinco puntos. Hubo una confusión del equipo de seguimiento y la delegación les pidió ceñirse al compromiso público para no generar distorsión en los tiempos. Entonces hubo una primera versión borrador donde nos presentaron un seguimiento a los cinco compromisos, pero pedimos ceñirse al tema de la extorsión.
El informe fue denso, difícil de revisar y volverlo público.
Algunas versiones señalan que usted desde el espacio de diálogo estaría impulsando un crecimiento político ¿Qué tiene para decir sobre ese señalamiento?
Todos los temas de seguridad son una prioridad política para la nación. Todos los temas de paz debieron haber sido abordados hace muchos años, sobre todo paz urbana, porque tenemos el 80% de la población concentrada en estos espacios. Debería ser una prioridad en las agendas políticas de todos, no solamente mío.
Lamento que después de haber hecho una convocatoria a todas las bancadas no hayan apoyado este proceso de paz. Tengo las cartas dirigidas al Centro Democrático, Cambio Radical, se les invitó a hacer parte del proceso. El comisionado de la época, Danilo Rueda, les dirigió invitaciones para que las bancadas de oposición nos acompañaran.
¿Cuál va a ser la estrategia para sostener la voluntad de paz por lo que queda de Gobierno e incluso al término de este periodo?
Seguimos trabajando trabajando en nuestros cuatro objetivos estratégicos, que son el primero la territorialización de la paz, el segundo el desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado de alto impacto Medellín y el Valle del Aura, el tránsito al al estado social de derecho, el tercero la reducción de violencia y el cuarto la articulación interinstitucional sobre esos tres objetivos anteriores.
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