Desde su inicio, en agosto de 2022, el Gobierno del presidente Gustavo Petro desplegó una serie de estrategias para frenar la violencia en los territorios y buscar la paz con los grupos armados ilegales del país. Sin embargo, la situación de derechos humanos sigue siendo crítica y desafiante.
Así se evidencia en el informe “Laberintos del cambio: Derechos humanos, paz y democracia. Un año de avances y desafíos”, un documento publicado este jueves por la Coordinación Colombia Europa EE.UU., la Plataforma Colombiana de DD.HH., democracia y desarrollo, y La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la paz y la Democracia de Colombia.
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El objetivo central de este texto elaborado a varias manos es el de monitorear y evaluar cómo le fue al presidente Gustavo Petro en su primer año de mandato respecto a temas de derechos humanos. Un análisis que incluyó balances de gobiernos anteriores, aciertos y desafíos que el jefe de Estado tendrá hasta 2026.
En cuestiones humanitarias, Gustavo Petro recibió un país resquebrajado. De acuerdo con el informe, “durante el gobierno de Duque se perpetraron 315 masacres dejando un saldo de 1.199 víctimas (datos de Indepaz). Además, aproximadamente 850 personas fueron víctimas de desaparición forzada, un delito cuyos índices aumentaron progresivamente de 167 víctimas en 2019 a 348 en 2022, según registros documentados por el CICR. Alrededor de 254.000 personas fueron desplazadas forzadamente de sus territorios y más de 300.000 fueron confinadas (datos de OCHA)”.
Esto sin olvidar que la llamada guerra contra las drogas siguió sin tener rumbo como ya lo han advertido indicadores internacionales y veedores extranjeros de derechos humanos. En este texto hay un énfasis en que a inicios de 2022 “los cultivos de coca crecieron en un 43%, llegando a una extensión de 204.000 hectáreas. El 62% de estos cultivos se localizan en los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander, donde también se observa una significativa expansión de actores armados ilegales. La producción potencial de cocaína se elevó a 1.400 toneladas, marcando la cifra más alta registrada en los últimos 22 años, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes”.
Se parte de esto, pero el informe no es un retrovisor. El documento describe a la política de derechos humanos en el Gobierno Petro, comentando que con las rupturas que ha sufrido la coalición de gobierno, resquebrajadas en el Congreso y en el interior del mismo partido de gobierno, han causado que haya “parálisis en la agenda legislativa, donde la mayoría de las reformas sociales fueron hundidas o se han ido tramitando con grandes dificultades por la falta de mayorías parlamentarias, incurriendo el gobierno en viejas y cuestionables prácticas como la ‘mermelada’ para atraer votos a favor”. Algo que directa o indirectamente ha afectado el esfuerzo por impulsar la defensa de derechos humanos en distintos niveles.
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Esto trajo un efecto dominó en apuestas de derechos humanos que, en medio de la adversidad, se mantuvieron y siguen su proceso.
Aquí se hace una referencia especial a la Ley 7222 de 2022, mejor conocida como la Ley de “Paz Total”, que es la apuesta más ambiciosa de Petro por pacificar los territorios y negociar o someter a la justicia a actores armados vigentes. Una movida gubernamental que si bien no es vista con malos ojos por parte de defensores de derechos humanos, sí que es motivo de estudio riguroso para ver la forma de moverse del presidente y sus aliados.
Lea aquí el informe completo:
La “Paz Total” y la seguridad territorial
Hay dos interrogantes que, según los autores de este documento, ha dejado el primer año de Petro en el poder: ¿Qué se espera de este gobierno en materia de derechos humanos, un reformismo domesticado por las reglas del neoliberalismo, o un reformismo transgresor?
Sin duda, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) trajo consigo no solo rubros para financiar las reformas sociales deseadas por el Gobierno, sino objetivos más blandos como el de ahondar en esfuerzos para cumplirles con alcance a millones de personas que en los años de conflicto armado lo perdieron todo.
El análisis en este contexto es interesante y se pone en clave del legado de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones para que el país las acate. Un logro destacado de Petro fue que “a pesar de que el Senado de la República no aprobó el artículo 8 del PND, donde quedaba consagrado el compromiso explícito de todas las entidades del Gobierno con la implementación de tales recomendaciones, varias políticas incluidas en el PND estaban comenzando a hacer realidad muchas de las orientaciones dadas por la Comisión de la Verdad para la construcción una paz sostenible, para la reconciliación, para la reparación de las víctimas y para las garantías de no repetición”.
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Sin embargo, según el informe, con este ejemplo que mencionan del PND y la Comisión de la Verdad, ahondan en un obstáculo que ha tenido el gobierno para calar en lo humanitario y en la construcción de paz: la falta de mayorías parlamentarias necesarias.
Distintos enclaves de la “Paz Total” han sido afectados a raíz de esto. Como cita el informe, “debido a la falta de mayorías parlamentarias necesarias para aprobar tanto la Ley de Sujeción como la Ley de Humanización de las Cárceles y rebajas de penas, el Gobierno confió en que a través de los mecanismos de diálogo, coalición y negociación en el Congreso con partidos políticos y sus representantes en ambas cámaras, podría sacar adelante dichas propuestas”.
Ahora bien, esto no oculta los balances positivos de la “Paz Total” abordados por el informe. Se reconoce y alienta en los esfuerzos de diálogo con la guerrilla del ELN, que está a puertas de entrar a su quinto ciclo de negociación y que ha dejado un cese al fuego bilateral temporal hasta enero de 2024. A su vez, los intentos de diálogo con la disidencia de FARC autodenominada como Estado Mayor Central (EMC) entra en los esfuerzos destacables, que son sumados a las iniciativas de paz urbana en Buenaventura y Medellín.
Todo está por hacer y eso lo reconoce el informe. Esto también en la medida que a la par de esfuerzos colectivos por salir de tantas formas de violencia en los territorios, se deben pulir los diálogos y medir bien las intenciones de todos los actores en cuestión.
De hecho, en sus páginas este documento asevera que a un año del inicio del gobierno de Petro “hay incertidumbres también frente a la voluntad genuina de los actores ilegales por llegar a un proceso de fin de la violencia, lo que debería motivar una vigorosa movilización de la sociedad alrededor de la persistencia en las salidas negociadas tanto del conflicto armado como del conflicto social en los territorios.
Las preocupaciones y recomendaciones: ¿En qué se puede rajar Petro?
Desde que tomó el poder, en el gobierno de Gustavo Petro han sido asesinados 168 líderes sociales y 34 firmantes de paz de las antiguas FARC.
Desde la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos advirtieron que esta ola de violencia sistemática se puede explicar también “por la persistencia de vínculos de agentes de la fuerza pública con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo, por la transformación del ESMAD en UNDMO que, argumenta, no contó con participación real ni fue estructural”. Una cuestión desde la cartera de Defensa que sigue pendiente.
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El contexto para los líderes y lideresas es turbio y confuso. Mientras que a lo largo de este gobierno han visto cómo por medio de trabajos mancomunados han disminuido las tasas de deforestación -en referencia a los liderazgos ambientales-, no han dejado de persistir las amenazas, persecuciones y asesinatos en su contra.
Para las organizaciones firmantes de este informe es claro que esto seguirá así mientras “no se llegue a una solución de desmantelamiento o desmovilización de las estructuras criminales que atentan contra la vida, libertad y seguridad de los líderes y lideresas sociales, excombatientes y quienes defienden la paz en los territorios, es difícil esperar el fin de la violencia en su contra. Al respecto, las mayores falencias están en el papel de Fiscalía por esclarecer estos crímenes y desmantelar las estructuras que los perpetran”.
La promoción y cuidado de liderazgos femeninos, el ensamblaje con el Sistema Integral para la Paz, el trato con con organismos judiciales, también son materia de análisis por parte de este informe. Sin embargo, hay un énfasis en la seguridad territorial que sugiere fortalecer los sistemas de alerta temprana en los territorios para que los asesinatos no se sigan disparando y organizar gasto público en el cuidado de los ciudadanos y no más en una violencia armada que persiste y acaba con la vida de civiles inocentes.
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De hecho, las recomendaciones son varias en diferentes áreas, pero frente a la defensa de DD.HH. el informe insta al presidente, entre otras cosas, a pulir bases y trabajar “la regulación de las armas de menor letalidad y la concreción de la nueva política antidrogas comenzando “con el cumplimiento del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución) demás los acuerdos ya establecidos con las y los cultivadores, el impulso de regiones de paz, diálogos regionales y misiones de paz”. Con esto puede mejorar el panorama territorial, sumado a los esfuerzos de “Paz Total” y avanzar así hasta el fin de su mandato dentro de tres años.