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A escala nacional y en el exterior, una de las propuestas que impulsó con más fuerza el presidente Gustavo Petro en 2024 fue ponerle el acelerador a la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, un tema en el que poco se avanzó en la primera mitad de su Gobierno, pese a ser una reiterada promesa desde su campaña a la Presidencia.
En octubre del año pasado, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentaron ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un plan de choque para agilizar la puesta en marcha de lo negociado en La Habana. Cuatro meses antes, Petro había estado en ese espacio con la propuesta de prolongar por siete años el plazo de implementación.
Sin embargo, el 2025 empieza con un panorama que deja más dudas que respuestas respecto a los mecanismos que usará el Gobierno para cumplir esos objetivos. Al menos tres temas claves complican el panorama: los ajustes —insuficientes, según algunos expertos— en el Plan Marco de Implementación (hoja de ruta para hacerles seguimiento a los seis puntos del Acuerdo), los recortes presupuestales en varias entidades, la creciente tensión con los exmiembros de las FARC por la demora en los desembolsos, la ola de violencia contra firmantes de paz y una propuesta del Ejecutivo en materia de justicia.
Estas preocupaciones que se han alertado en las últimas semanas se dan en medio de la presentación del informe trimestral que hace la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz y que se publicará el próximo lunes 13 de enero. La presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU será el 22 de enero.
En los últimos días, tanto excombatientes de las FARC, representantes de la Misión de la ONU en Colombia, el Ministerio del Interior (que ahora encabeza la implementación del Acuerdo en el Gobierno de Petro) y otras entidades encargadas del cumplimiento del pacto de 2016 se han reunido para tratar de resolver algunos problemas como el retraso en el pago de la renta básica -que completa poco más de un mes de retardo-, la seguridad de los firmantes, entre otros.
Los vacíos en el Plan Marco de Implementación (PMI)
Según Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en la actualización del PMI hecha en noviembre no se corrigieron errores que han dificultado la implementación del Acuerdo, como por ejemplo la falta de articulación entre los instrumentos de planeación derivados de los compromisos entre el Estado y las antiguas FARC.
Además, en el seguimiento hecho por Del Capitolio al Territorio también se evidencia la eliminación del indicador que monitorea las hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, lo que deja un vacío en el seguimiento público al primer punto del Acuerdo de Paz.
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Con la actualización también se les otorgan mayores responsabilidades a la Unidad de Implementación y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), sin dejar claro si las entidades están encargadas de hacer el reporte sobre el cumplimiento o si deben ejecutarlo en su totalidad. Si fuera el segundo caso, Varela advierte que podría haber dificultades para cumplir los propósitos, pues hay indicadores que requieren la participación de otras entidades del Estado y no se podrían sacar a flote solo con los esfuerzos de la ARN o de la Unidad de Implementación.
Los recortes presupuestales
Dada la compleja situación fiscal que enfrenta el gobierno Petro, en su propuesta inicial de presupuesto para 2025 se evidencia una reducción de recursos en entidades como la ARN, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Protección y la Agencia de Desarrollo Rural, entre otras.
“La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas también había hecho una solicitud para ampliar su presupuesto de inversión, pero con el incremento que se hizo no logran avanzar en el cumplimiento de los planes regionales de búsqueda”, agregó Valera.
Según supo Colombia+20, en algunas de estas entidades los recortes podrían superar el 60 % del presupuesto, lo que inevitablemente generaría obstáculos para agilizar la implementación o, incluso, podría profundizar los rezagos. Aunque esto solo se sabrá con certeza cuando el Gobierno publique el decreto definitivo, ya hay alerta entre varios sectores.
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“La ARN quedaría solo con $91.000 millones y eso es prácticamente el fracaso de la agencia. Este Gobierno solo está comprometido con la narrativa del Acuerdo de Paz, pero cuando tiene que hacer acciones efectivas encontramos limitaciones”, dijo Pastor Alape, exjefe de las FARC y coordinador de la implementación del Acuerdo en el componente del Partido Comunes.
La relación con los ex-FARC y el retraso en el pago de renta básica
Alape también fue crítico de las acciones que tomará el Gobierno para sacar adelante la implementación: “El plan de choque no tiene forma de ejecutarse y el Gabinete de Paz no está funcionando con el propósito que fue creado, porque no ha abordado estos temas graves como la desfinanciación de la implementación del Acuerdo”, dijo el firmante de paz y agregó que el Gobierno tiene “buenas intenciones, pero no tiene la capacidad de ejecutar” las líneas de acción planteadas en el plan de choque, pues “carece de métodos” para articular a las entidades encargadas.
“El ministro del Interior no puede entrar a fusionar eso, entonces hay un desencuentro institucional que tiene maniatado al Gobierno para avanzar porque no hay una cabeza que pueda coordinar todas estas acciones”, aseguró el miembro de Comunes. A todo esto se suma el interrogante sobre la permanencia de Cristo frente a la cartera del Interior, pues sería uno de los ministros que saldría en el primer trimestre del año.
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La tensión entre el Ejecutivo y los ex-FARC ha subido desde diciembre, por las demoras en los desembolsos de la renta básica y otros apoyos que reciben los más de 12.000 exguerrilleros y el complejo panorama de inseguridad, que ya deja dos firmantes asesinados en 2025.
Los ex-FARC también pusieron sobre la mesa su preocupación por las trabas en la entrega de tierras, los proyectos productivos y por una propuesta del Minjusticia para que quienes están respondiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) paguen sus sanciones en lo que han tildado como “colonias penales”.
Y aunque los exmiembros de las FARC han expresado su respaldo al proyecto político del presidente Petro, en las últimas semanas han sido constantes los reclamos de los firmantes de paz al Gobierno. Hace pocos días, 17 asociaciones de excombatientes dieron a conocer un comunicado en el que le exigían a Petro “menos pronunciamientos, más acciones”.
Sin una estrategia clara para responder en todos esos frentes, la promesa de acelerar la puesta en marcha de los puntos rezagados del Acuerdo podría quedar en veremos y profundizar las críticas al Ejecutivo, que este 2025 se juega más que cualquier otro año, la continuidad de su proyecto político.
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