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El evento del presidente Gustavo Petro este fin de semana en La Alpujarra —centro del poder en la capital antioqueña— sigue provocando rechazo.
El mandatario estuvo acompañado por parte del gabinete y víctimas, pero también de nueve jefes de las bandas criminales del Valle de Aburrá que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí.
La presencia de estos jefes criminales es el centro de la polémica porque, para muchos fue un acto revictimizante, y “blanqueó” la figura de estas figuras que son responsables de graves crímenes como homicidios, desplazamientos forzados y desapariciones entre otras.
¿Sobre qué era el evento de Petro en Medellín?
Petro fue a Medellín para participar en un evento citado por las bases y la delegación del Gobierno en el proceso de paz urbana con las bandas criminales de la ciudad. La convocatoria contó con el apoyo del Dapre y la Casa de Nariño.
Sobre las 2 de la tarde decenas de personas se reunieron en la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra, sede del poder de la capital antioqueña. El presidente llegó sobre las 6:30 de la tarde y habló de la reforma laboral, que el viernes pasó en el Congreso; de la reforma pensional -a la que debe subsanarse problemas de forma- y de su propuesta de agregar una papeleta en las próximas elecciones para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
El presidente también habló de los diálogo de paz con las bandas de Medellín que completó el pasado 4 de junio dos años y que se ha hecho con cabecillas de estructuras armadas como La Terraza, Caicedo, El Mesa y La Oficina. El sábado también se cumplía el plazo del plan contra la extorsión que la mesa de paz adelanta en esa ciudad.
¿Por qué estaban los jefes de bandas criminales?
Dado que el evento era para hablar de paz urbana y del proceso que se adelanta con las bandas de esas ciudad, varios jefes de esas estructuras criminales de Medellín —como José Muñoz (conocido como Douglas) y Freyner Ramírez (Pesebre) — fueron al evento.
Junto a ellos también estuvieron Juan Carlos Mesa o “Tom”; Juan Fernando Álvarez, “Juan 23″; Wálter Jiménez, “El Tigre” o “Ramón Chaqueta”; Jorge de Jesús Vallejo, conocido como “Vallejo”; Albert Henao, conocido como “Albert”; Dayron Alberto Muñoz Torres o “El Indio”; y Juan Camilo Rendón, “El Saya”.
¿Quién convocó a los jefes criminales?
Lo que se ha conocido es que la solicitud del traslado que se dio desde la cárcel de Itagüi, donde están privados de la libertad, fue un pedido expreso de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) que se dio varios días antes del evento.
Los hombres, que iban vestidos con camisetas blancas y una gorra negra con el lema “paz urbana”, prenda que luego usó el mandatario Petro para hablar en su alocución presidencial, fueron trasladados a La Alpujarra con varios esquemas de seguridad coordinados por el INPEC.
No es la primera vez que asisten a un evento público pues en septiembre del año pasado, algunos asistieron a la audiencia convocada por el Congreso, en la que se discutió la actualización del documento Conpes 4031 de la Ley de Víctimas.
Petro los presentó como “voceros de paz”, destacando avances como treguas temporales y una reducción de extorsiones en barrios controlados por esas estructuras.
¿Qué dijeron los jefes criminales en su intervención?
El comunicado leído por Vallejo, así como el papel activo de las bandas en el evento del sábado no cayeron nada bien entre las autoridades locales de la capital antioqueña, con quienes Petro tiene una confrontación permanente.
“Necesitamos hablar de un marco jurídico que tenga un enfoque restaurativo, que nos permita un diálogo territorial que sea reparador y reintegrador al mismo tiempo”, dijo el vocero.
Precisamente, la falta de una hoja de ruta para el sometimiento de las bandas que hoy están en un diálogo sociojurídico ha sido uno de los principales problemas para los laboratorios de paz urbana que instaló el presidente en Quibdó, Buenaventura y Medellín.
“Con mucha preocupación debemos decirle que el diálogo, a pesar de sus avances, atraviesa por un momento difícil. Ha faltado capacidad del Estado en acompañar las transformaciones. Ha faltado reciprocidad a la hora de avanzar en cuestiones que son elementales en el diálogo. El proceso, en consecuencia, está estancado señor presidente”, señaló Vallejo.
¿Qué dijo el presidente Petro sobre la paz urbana de Medellín y qué le propuso a la Fiscalía?
El presidente Petro dijo que quería convertir el actual piloto de diálogo con las bandas criminales del Valle de Aburrá en un acuerdo de paz definitivo y verificable, que ponga fin a la extorsión, el reclutamiento y el sometimiento de jóvenes en los barrios populares de la ciudad.
Además, le hizo una invitación directa a la Fiscalía General de la Nación para que, junto a él, visiten la cárcel de Itagüí, donde se encuentran los jefes de estructuras armadas que han expresado su voluntad de dejar las armas. El Jefe de Estado dijo que el objetivo sería buscar posibilidades de beneficio jurídicos a cambio de la “dejación completa y definitiva de las armas”. Un gesto político que reactivó el debate sobre los límites de su política de paz total.
“Queremos que la Fiscalía vaya a la cárcel. Yo mismo voy a ir, que me acompañen y, Y a través de las actuales normas jurídicas podemos lograr un acuerdo definitivo en donde cese la violencia aún más en los barrios pobres de Medellín. Vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficio jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios y de la extorsión y la ayuda al ‘traqueteo’”, señaló el mandatario.
Las reacciones y críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y de otras autoridades
Figuras como el alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Rendón, Sergio Fajardo y Álvaro Uribe calificaron el acto como una humillación a las víctimas, una afrenta a las instituciones y una legitimación inaceptable de la criminalidad.
Gutiérrez advirtió que la lucha frontal contra la delincuencia puede quedar herida por lo que sucedió y —de paso— generar amenazas sobre la institucionalidad de Antioquía.
“Yo siempre he estado acostumbrado a que me amenazaran los delincuentes. A lo que sí no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente al lado y del lado de los delincuentes”, dijo Gutierrez, quien agregó que el evento del sábado “es una amenaza directa y solicito a estas entidades (Fiscalía, Procuraduría y Fuerza Pública) tomar nota de lo sucedido hoy (sábado) en Medellín”.
¿Qué respondió sobre las críticas la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien además es la delegada del Gobierno en esos diálogos?
“Estamos hablando con voceros reconocidos por una resolución presidencial. En el evento estuvimos los actores que conformamos el proceso de paz. Cuál es el simbolismo de llevar a los voceros y a las víctimas, es que queremos que sea un proceso de frente a la ciudadanía”, dijo este martes en rueda de prensa,
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