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El presidente de la República firmó la Resolución Ejecutiva 319 del 16 de septiembre de 2025, mediante la cual se designan nuevos representantes autorizados del Gobierno para participar en el diálogo con bandas criminales de Quibdó, conocidas como “Los Mexicanos”, “Locos Yam” y “RPS”.
La resolución designa como coordinador del Gobierno en este espacio a Alexander Castillo Marín, coronel retirado de la Policía, quien estará facultado para “realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar acercamientos y conversaciones” con las estructuras criminales, siempre en el marco de la ley. También fueron nombrados como representantes oficiales Vianney Enrique Moya Rúa, Niza Estella Uribe Lemos y Jhon Niver Cuesta Espinoza.
Sin embargo, la elección de Castillo Marín ha generado dudas y cuestionamientos. El oficial fue llamado a calificar servicios en febrero de 2025 tras su paso como comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, en un contexto marcado por altos índices de violencia.
Una investigación de CasaMacondo lo señaló como presunto enlace del exsenador Mario Castaño en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en medio de la red de corrupción conocida como “Las Marionetas”. Según interceptaciones citadas por ese medio, habría hecho gestiones relacionadas con bienes del Estado, aunque él ha negado cualquier relación con Castaño o con actuaciones irregulares.
La decisión también llega en un momento en que el proceso en Quibdó atraviesa una parálisis evidente. Desde mayo, el espacio de conversación se encontraba sin delegados del Gobierno, lo que dejó los acercamientos prácticamente suspendidos.
Además, no existe hasta ahora un acuerdo de tregua entre las partes, lo que significa que, pese a la instalación de la mesa, la violencia y el control armado en la capital del Chocó continúan sin modificaciones. En Quibdó, la confrontación entre las estructuras locales no ha disminuido, y por el contrario se mantiene cruzada por la presión del Clan del Golfo, que disputa corredores estratégicos para el narcotráfico y el control de economías ilegales.
Esta combinación mantiene a la ciudad bajo un clima de alta tensión, con homicidios, extorsiones y desplazamientos que no han dado tregua, lo que plantea un serio desafío a la efectividad real de los acercamientos anunciados por el Gobierno.
La resolución deroga la Resolución 74 del 19 de marzo de 2025, que había hecho ajustes previos en la conformación del equipo negociador. El relevo obedece a la renuncia de uno de sus integrantes y al interés de la Presidencia en reactivar un espacio que, de facto, estaba pausado por el propio Gobierno desde mayo pasado.
Esta es la resolución:
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